El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un nuevo reclamo contra las grandes empresas tecnológicas: que paguen completamente la electricidad de sus centros de datos, en lugar de que los costos terminen repercutiendo en las facturas de los ciudadanos estadounidenses.
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Inteligencia artificial: el anuncio de Trump sobre la energía que consumen las empresas
Desde su cuenta en la red social Truth Social, Trump reforzó la idea de que la infraestructura que sostiene la inteligencia artificial (IA), especialmente los centros de datos, que requieren grandes cantidades de energía eléctrica para operar las enormes granjas de servidores que procesan información en todo momento, no debe ser financiada por los consumidores a través de tarifas más altas en sus servicios públicos.
Según el mandatario, las empresas tecnológicas “deben pagar su propio camino” y no trasladar los costos energéticos a las comunidades locales.
Este anuncio se produce en medio de un debate más amplio sobre el impacto del crecimiento explosivo de la IA y la infraestructura que la respalda. Los centros de datos, que funcionan como el corazón de la era digital, almacenando y procesando datos para servicios como ChatGPT, búsquedas, redes sociales y plataformas en la nube, consumen cantidades de energía equivalentes a las de ciudades pequeñas.

En algunas regiones del país, esta demanda ha ayudado a aumentar las tarifas eléctricas residenciales, generando preocupación entre consumidores y políticos por igual.
Las primeras respuestas de los gigantes tecnológicos
La respuesta más visible llegó de parte de Microsoft Corporation, uno de los gigantes de la tecnología más directamente implicados. La compañía anunció una iniciativa denominada “community-first” (prioridad a la comunidad), en la cual se comprometió a actuar de forma que su consumo energético no se traduzca en un aumento de las tarifas eléctricas de los usuarios en las zonas donde operan sus centros de datos.
Para ello, Microsoft dijo que trabajará con las empresas de servicios públicos y los comisionados estatales que fijan los precios de electricidad, con el objetivo de que las tarifas reflejen de manera más precisa el consumo real de sus instalaciones.
Ese compromiso incluye asumir de manera más clara el pago de su carga sobre la red eléctrica local, colaborar en la definición de tarifas y rechazar exenciones fiscales que puedan darles ventaja sobre las comunidades circundantes.

También mencionó planes para reducir el uso de agua en sus centros, otro punto de fricción con las localidades afectadas, y promover inversiones que generen empleo local y capacitación en tecnologías de inteligencia artificial.
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Este tipo de compromisos con las grandes tecnológicas pueden influir en cómo se planifican los centros de datos en el futuro y en qué medida las comunidades locales tienen voz en los proyectos de gran escala, al mismo tiempo que se abre una discusión más amplia sobre la sostenibilidad de estos desarrollos.
Queda por verse cómo se traducirán en políticas concretas las exigencias de Trump: si requerirán cambios legislativos o ajustes regulatorios y cómo responderán otras empresas tecnológicas en los próximos meses.




