El lanzamiento del cohete Starship de SpaceX del 18 de junio de este año en la base de Boca Chica, Texas, terminó en una explosión que no solo generó titulares por su espectacularidad, sino también por su impacto ambiental transfronterizo. Fragmentos del cohete, incluyendo metales, plásticos, tanques presurizados y chapas de acero, cayeron sobre territorio mexicano, en particular en la Playa Bagdad y las cercanías del Río Bravo, en el estado de Tamaulipas.
Esta situación encendió alarmas en las autoridades ambientales mexicanas, que rápidamente comenzaron a recolectar evidencia, realizar muestreos y preparar una eventual acción legal contra la empresa de Elon Musk.
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Cómo fue el impacto del lanzamiento de SpaceX en México
La Secretaría del Medio Ambiente de Tamaulipas, junto con instancias federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), documentaron una serie de afectaciones visibles. Se registraron restos metálicos en la playa, residuos plásticos en áreas naturales protegidas, vegetación quemada y la presencia de elementos que podrían alterar la fauna local, incluyendo tortugas marinas que utilizan esas zonas para desovar.
Las muestras recogidas incluyeron arena, agua, sedimentos, vegetación y materiales compuestos provenientes del cohete. En paralelo, la organización ambientalista Conibio Global reportó la recolección de aproximadamente una tonelada de desechos espaciales en el área, lo que ayudó a reforzar la documentación del caso.
La denuncia se enmarca en una preocupación mayor: la contaminación transfronteriza provocada por la actividad espacial comercial sin un adecuado control o evaluación de impacto ambiental. Las autoridades mexicanas comenzaron a evaluar si la acción de SpaceX constituye una violación del derecho internacional ambiental, en particular de normas como los principios del Pacto de Río y el Convenio de Basilea, que regulan la responsabilidad por daños ambientales entre países.
También se contempla invocar los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad por actos internacionalmente ilícitos, lo que abriría la puerta a una demanda formal contra la empresa ante tribunales internacionales o incluso mediante canales diplomáticos con Estados Unidos. En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Scheinbaum, indicó que están investigando todo lo posible para resolver esta cuestión y que los lanzamientos de SpaceX se realizan demasiado cerca de la frontera.
La respuesta de SpaceX frente a las acusaciones
SpaceX, por su parte, negó que los residuos representen un riesgo químico o biológico, aunque se mostró dispuesta a colaborar con las autoridades mexicanas para la recolección y análisis de los fragmentos. Sin embargo, esta respuesta no disipó el malestar ni detuvo el avance de la denuncia. En este contexto, el gobierno de Tamaulipas ya elevó formalmente una acusación ante la Profepa, y el caso fue elevado a la agenda de la administración federal.
El impacto de este conflicto puede sentirse en varias dimensiones. En lo ambiental, la presencia de desechos tecnológicos en zonas costeras sensibles implica un riesgo para especies vulnerables, altera ecosistemas frágiles y amenaza con dejar una huella difícil de reparar. En lo político y diplomático, el caso tensiona la relación bilateral en un momento delicado, y podría provocar nuevas regulaciones sobre pruebas espaciales cerca de zonas fronterizas.
Además, a nivel global, el episodio sienta un precedente clave en la discusión sobre la responsabilidad de las empresas privadas frente a los daños colaterales de sus operaciones espaciales. Si prospera una demanda formal, SpaceX no solo enfrentaría sanciones económicas o exigencias de remediación ambiental, sino también un fuerte golpe a su reputación y una mayor presión internacional para modificar sus protocolos de prueba y seguridad.
