La Cámara de Representantes de Estados Unidos emitió una orden interna que prohíbe por completo el uso de WhatsApp en todos los dispositivos oficiales. La medida, implementada por la Oficina de Ciberseguridad del Congreso, califica a la aplicación como de “alto riesgo” para la seguridad institucional.
La decisión se basa en la supuesta falta de transparencia de la plataforma propiedad de Meta, su ambigua política de manejo de datos y la ausencia de cifrado en reposo, es decir, cuando la información ya está almacenada en sus servidores.
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Whatsapp: por qué la vetaron de parte del Congreso de Estados Unidos
Según el memorando oficial, WhatsApp representa un vector potencial de exposición de datos sensibles, lo que podría comprometer la seguridad nacional. A esto se suma un antecedente reciente: en enero, se conoció que un spyware desarrollado por Paragon Solutions, una empresa israelí, había sido utilizado para infiltrar dispositivos de periodistas y defensores de derechos humanos a través de WhatsApp. Ese hecho encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de la app, incluso entre usuarios con niveles avanzados de seguridad.
La prohibición incluye no solo la eliminación de la aplicación de celulares, tablets y computadoras oficiales, sino también la obligación de abstenerse de utilizarla para cualquier comunicación relacionada con funciones legislativas o administrativas. Esta decisión no es la primera de su tipo: en 2022, la misma Cámara ya había vetado a TikTok por preocupaciones similares.
Sin embargo, el caso de WhatsApp marca un nuevo precedente, al ser una herramienta de mensajería ampliamente usada por funcionarios para intercambios informales, coordinar agendas y comunicarse de manera directa con asesores y colegas.
Desde Meta, la reacción no se hizo esperar. La compañía expresó su rechazo “en los términos más enérgicos” y defendió que su sistema de cifrado de extremo a extremo es uno de los más robustos del mercado, incluso superior al de muchas aplicaciones que aún están autorizadas por el Congreso. Esta tensión entre las grandes plataformas tecnológicas y el poder legislativo estadounidense revela un punto de inflexión en el debate sobre privacidad, control gubernamental y transparencia corporativa.
El impacto de esta medida no se limita solo a la Cámara de Representantes. La decisión podría impulsar a otras ramas del gobierno, como el Senado o agencias federales, a revisar su política sobre el uso de aplicaciones de mensajería. Además, deja abierta la puerta a posibles reformas legislativas que definan de manera más estricta qué tipo de software puede o no utilizarse en entornos oficiales, especialmente cuando están en juego datos de interés público o de seguridad nacional.
Para los legisladores, esta prohibición representa una limitación en su margen de maniobra, ya que deberán recurrir a plataformas alternativas certificadas que, en muchos casos, no ofrecen la misma practicidad ni penetración social que WhatsApp. Al mismo tiempo, el Congreso se asegura de elevar sus estándares de protección frente a amenazas cibernéticas en un contexto geopolítico altamente volátil.
Las plataformas de mensajería permitidas
Aunque no existe una lista pública definitiva, se sabe que las plataformas que continúan en uso comparten un denominador común: cumplen con altos estándares de seguridad, cifrado y control institucional. La Oficina de Ciberseguridad permite ciertas plataformas.
Una de las aplicaciones más utilizadas es Microsoft Teams, que forma parte del paquete de productividad de Microsoft 365. Teams no solo permite la mensajería instantánea entre funcionarios, sino también la realización de videollamadas, reuniones virtuales y el intercambio de archivos en un entorno controlado.
Otra plataforma que se mantiene en uso, aunque con ciertas restricciones, es Signal. Esta app de mensajería es conocida por su cifrado de extremo a extremo y por ser de código abierto, lo que permite que expertos en seguridad evalúen sus protocolos con transparencia. Sin embargo, debido a que no está diseñada específicamente para entornos gubernamentales y carece de capacidades administrativas centralizadas, su uso dentro del Congreso suele estar limitado a casos específicos y con supervisión.
Slack también se utiliza en algunas dependencias, aunque exclusivamente en su versión empresarial más avanzada, conocida como Enterprise Grid. Esta modalidad ofrece funcionalidades adecuadas para grandes organizaciones, incluyendo cumplimiento con normativas federales como FedRAMP, lo cual permite su uso dentro de ciertos marcos institucionales. Aun así, no es una herramienta de uso generalizado como Teams.
Por otra parte, el correo electrónico institucional, especialmente a través de Outlook con Exchange, sigue siendo uno de los principales canales de comunicación dentro del Congreso. Aunque no se trata de una aplicación de mensajería instantánea en el sentido tradicional, su uso está completamente integrado en el ecosistema digital del gobierno, y es considerado seguro, trazable y confiable.
En lo que respecta a videollamadas, una de las opciones autorizadas es Zoom for Government, una versión especialmente adaptada para el sector público en Estados Unidos. Esta variante de Zoom cumple con regulaciones específicas y protocolos de seguridad requeridos por agencias federales, lo que garantiza un entorno de comunicación más controlado que el de la versión comercial.
El caso de Telegram en la Cámara de Representantes
En este contexto, Telegram también se encuentra entre las aplicaciones que el Congreso considera problemáticas. Aunque es popular por su velocidad, canales abiertos y opciones de privacidad, las autoridades de ciberseguridad advierten que no ofrece cifrado de extremo a extremo por defecto en los chats grupales y que su sistema de encriptación no ha sido auditado de manera independiente como otras plataformas.
Además, el hecho de que los datos puedan alojarse en servidores ubicados fuera de Estados Unidos y que Telegram no permita una supervisión institucional clara, la convierte en una app incompatible con los estándares requeridos para comunicaciones gubernamentales. Por estas razones, su uso también está desaconsejado o directamente bloqueado en entornos oficiales.
