A partir de la intención del gobierno nacional de imponer gravámenes a las compañías que ofrecen servicios mediante plataformas digitales, Juan Manuel Vázquez analiza, en diálogo con DEF, algunas alternativas posibles. Por Nadia Nasanovsky. Foto: F. C. y gentileza de J. M. V.
¿Ninguna de estas empresas digitales paga impuestos en la Argentina?
En nuestro país, la normativa tributaria se encuentra claramente desactualizada y en algunos casos no existe certeza en relación a si los negocios que integran la economía digital se encuentran efectivamente alcanzados por los impuestos existentes, y si, en caso de estarlo, la AFIP cuenta con herramientas suficientes para cobrarlos efectivamente y de forma equitativa.
¿Cuáles son los obstáculos que impiden avanzar con la legislación actual?
En el caso del impuesto a las ganancias, la dificultad radica en que, en primer lugar, no existe claridad sobre el verdadero alcance del concepto de “renta de fuente argentina”. Las confusiones provienen de la propia ley y su decreto, como así también de ciertos precedentes jurisprudenciales que, lejos de esclarecer el alcance de las normas, lo oscurecieron. En segundo lugar, la renta generada por estos negocios, son muy difíciles de encuadrar en tanto poseen, en mayor o menor medida, elementos característicos de varios negocios jurídicos, que no se encuentran contemplados expresamente por el derecho civil o comercial.
En el caso del IVA, los países tradicionalmente establecieron para el caso de provisión transfronteriza de intangibles y servicios a consumidores finales que el IVA debe ser cobrado en el país donde el proveedor se encuentra radicado en lugar de en el país del consumo. Esta regla fue desarrollada años atrás cuando los consumidores adquirían productos predominantemente de vendedores locales. Sin embargo, la revolución digital produjo que el volumen de transacciones transfronterizas de servicios digitales e intangibles a consumidores finales aumentara significativamente y que la cantidad de ingresos tributarios perdidos por el país del destino fuera cada vez más significativo. Además, como efecto colateral, la no gravabilidad de estos servicios, pone a los proveedores locales en clara desventaja en tanto sus ventas se encuentran sujetas al IVA, mientras que las de sus competidores extranjeros no lo están. En Argentina, la ley de IVA de 1999 adopta el criterio del “país del destino” por lo que el impuesto alcanza a las prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país. Sin embargo, la ley condiciona dicho supuesto a que los prestatarios sean sujetos de impuesto por otros hechos imponibles y revistan la calidad de responsables inscriptos. En esas condiciones, la prestación de servicios realizados desde el exterior por compañías propietarias de plataformas como Netflix, Uber o Airbnb, estarían alcanzadas por el gravamen. No así aquellas prestadas a consumidores finales no inscriptos en el impuesto.
Por estas razones, siguiendo las guías de la OCDE, muchos países han comenzado a modificar sus leyes de IVA para adaptarlas a los nuevos desafíos. Argentina podría seguir el mismo camino.
Otra alternativa para gravar la economía digital es a través de impuestos internos, aplicando una alícuota relativamente alta, en donde se excluyan las operaciones que ya estuviesen percutidas por el IVA, a fin de poner en un pie de igualdad a los proveedores locales sujetos a IVA y a aquellos radicados en el extranjero que no están alcanzados por ese impuesto.
El camino no parece sencillo…
Las alternativas disponibles van desde reformar los impuestos existentes, con las complicaciones que cada una de esas alternativas genera, hasta crear un nuevo impuesto especial como lo hizo el Reino Unido. Sin perjuicio de la vía que se elija, cabe señalar que la complejidad del caso lleva a que sea muy difícil encontrar una alternativa que no encuentre reparos. Pero no caben dudas de que Argentina debe encarar este debate de forma urgente y con una mirada hacia el futuro en tanto la irrupción de nuevas tecnologías indican que el uso de las tecnologías digitales en las actividades económicas seguirá creciendo.
