Existe una demanda latente por mayor transparencia y una regulación razonable para las relaciones público-privadas en el país. A partir de las elecciones de 2015, el arribo a cargos políticos de empresarios que hasta hace poco ejercían un rol ejecutivo en el sector privado definió un cambio de las reglas de juego. Por Juan Pablo Maglier.
El modo de la articulación público-privada, la gestión de los asuntos públicos (o gestión de intereses) de las empresas, el latinismo “cabildeo”, o lo que en la jerga coloquial denominamos lobby ha sido siempre materia de distintos análisis y estudios, no exentos en algunos casos de cierta polémica.
La acepción lobby proviene del siglo XIX. Designaba los pasillos de la Cámara de los Comunes británica en donde individuos y activistas podían reunirse y conversar con los miembros del Parlamento a efectos de comunicar sus intereses. Por otro lado, una anécdota marcó los orígenes del término del otro lado del Altántico: durante la Guerra de Secesión norteamericana, el general Ulysses Grant, tras un incendio que afectó a la sede del Poder Ejecutivo, se instaló en el lobby de un hotel al cual concurrían diversos grupos de presión e interés.
La bibliografía urbana occidental ha dedicado bastante espacio a la relación público-privada mostrada a través del lobby o “cabildeo”. Incluso Hollywood ha gestado productos taquilleros relacionados con la relación entre estado y empresas. Huelga mencionar a Remy Danton, el lobbyista de la firma Glendon Hill en la serie House of Cards, quien realizaba gestiones en la Casa Blanca para su cliente Sancorp. O el caso de Nick Taylor, jefe de prensa de una gran tabacalera, en la película Gracias por fumar. Su misión era que el país olvidara los peligros del tabaco…
En nuestro país, en tanto, en los albores de nuestra organización nacional, el artículo 14 de la Constitución Nacional plasmó el derecho a peticionar ante las autoridades como la herramienta óptima para la articulación entre las esferas pública y privadas. A partir de entonces, durante las siguientes décadas, Argentina experimentó diversos estadios en los cuales pendulamos entre una relación gobierno-empresas fluida y cooperativa en ciertas épocas, y conflictiva en otras, por razones de diversa índole (políticas, económicas, contexto internacional, ideológicas), con independencia del signo político o ideológico imperante. De hecho, tanto los gobiernos conservadores, peronistas, radicales y militares han tenido momentos de relaciones conflictivas con el sector privado, quizás por incomprensión mutua, pero también otros con altos niveles de cooperación.
Basta parafrasear al ex primer ministro británico Winston Churchill, quien reflejó mejor que nadie esas diferentes percepciones del sector empresarial y que influyen, naturalmente, en la articulación entre ambas dimensiones: “Algunos ven a las empresas privadas como un depredador que debe ser eliminado, otros como una vaca que debe ser ordeñada, pero pocos son aquellos que las ven como un robusto caballo que tira de la carreta”.
Haciendo un racconto histórico sobre dicha relación, en Argentina desde 1853 a la fecha, me permito agrupar los diferentes estadios en cuatro categorías de acuerdo con su estilo e intensidad :
– Cooperación de alta intensidad (84 años)
– Cooperación de baja intensidad (51 años)
– Conflicto de mediana intensidad (24 años)
– Conflicto de baja intensidad (5 años)
Dejo a criterio del lector especificar qué etapas históricas corresponden a cada categoría, pero entiendo que, salvo en contadas ocasiones, podríamos estar de acuerdo que dichas cuatro categorías han estado presentes en espacios temporales más o menos equivalentes en los últimos 200 años de historia argentina.
Análisis trascendentes
En los últimos años, diversas asociaciones empresariales eligieron abordar de manera profesional el estudio de la importancia de la articulación entre las esferas pública y privada, una temática que tiene, y tendrá en el futuro, una gran trascendencia en la agenda cotidiana de la empresa.
En 2013, la consultora de estrategias McKinsey entrevistó a más de 2000 ejecutivos de asuntos públicos de distintos países y especialidades y llegó a la conclusión de que “alrededor de un tercio de un negocio depende de las decisiones que toman los decisores gubernamentales”. Estas conclusiones, que algunos rechazan por sobredimensionadas, no dejan de ser relevantes en países y economías con un alto nivel de regulación, como la mayorías de las latinoamericanas y europeas.
Del estudio de McKinsey se deduce que, en términos globales, el valor empresarial que depende de las decisiones regulatorias de los gobiernos es de aproximadamente un 30 %. Tenga el lector presente que en algunas industrias y países la influencia es aun mayor. Por ejemplo, en Argentina, en donde en las últimas dos décadas un notable incremento de la influencia del Estado en la economía y en ciertos procesos económicos han hecho necesario, para el sector privado mantener relaciones sólidas y fluidas con el sector público.
En Argentina, también en 2013, la división de Relaciones Institucionales de la asociación empresarial IDEA presentó su primer estudio de Benchmarking de Asuntos Públicos y/o de Intereses, que tuve la responsabilidad de dirigir. En él participaron más de 100 compañías de muy distintos perfiles que convirtieron a la muestra en altamente representativa. Los resultados fueron en la misma línea que lo anterior: independientemente de las distintas actividades, la regulación creciente incide en el sector privado en Argentina y, en segundo lugar, existe, latente, una fuerte demanda por mayor transparencia y una regulación razonable para las relaciones público-privadas. Quienes tienen la responsabilidad o la incumbencia funcional pueden ser quienes, instrumentalmente, ayuden a convertir esas demandas en una vigente realidad. En ese sentido, cámaras empresariales y asociaciones profesionales vienen insistiendo con contar con un mayor protagonismo en la construcción de dichas relaciones.
Nuevo enfoque
De modo silencioso, con las elecciones de 2015, se ha producido un cambio en el paradigma de cómo se relacionan el sector público y privado en la Argentina contemporánea. El arribo a cargos decisorios de ejecutivos y empresarios que hasta hace poco ejercían un rol ejecutivo en el sector privado definió un cambio, una ruptura. Por primera vez encontramos un ejército de funcionarios que, en su mayoría, conocen el funcionamiento, la lógica y los justificativos que guían muchas decisiones empresarias en la relación con el gobierno. Esto provocó un cambio en las reglas de juego de la relación público-privada.
Actualmente, la gestión de intereses público-privados está regulada en el decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública, que contiene cinco reglamentos entre los que se encuentra el de Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
A lo largo de estos últimos años surgieron numerosas iniciativas desde el Congreso que buscaron generar un marco legal e institucional que diera mejor performance a esa articulación entre el sector privado y público. La diputada Margarita Stolbizer (GEN), los diputados Ana Carrizo, Mario Barletta, Patricia Giménez y Alejandro Echegaray (UCR) , la diputada María Agustina Cremer de Busti (Unión por Entre Ríos), la diputada Graciela Camaño (Federal Unidos por una Nueva Argentina), entre otros proyectos, propusieron la formulación de marcos legales para la regulación de esta relación. Si bien en ningún caso las iniciativas prosperaron, sí han sentado las bases para una discusión que estaba pendiente en Argentina.
“Cámaras empresariales y asociaciones profesionales vienen insistiendo con contar con un mayor protagonismo en la construcción de relaciones público-privadas”
Hace unos meses, tras más de un año de debates y varias audiencias de trabajo, el Poder Ejecutivo nacional presentó un proyecto de ley al Congreso para regular la gestión de intereses, de modo de promover una articulación público-privada más eficiente y transparente. Dicha iniciativa, actualmente en discusión, busca transparentar los mecanismos de relación a través los registros de audiencia, por medios electrónicos, entre otras iniciativas.
A partir de esto, existen tres premisas que, a mi entender, deberían guiar dicha relación en los próximos tiempos: la transparencia en la relación, la cooperación mutua como bien superior, y que las partes deban identificar las necesidades de la otra.
En línea con lo anterior, Joan Navarro, vicepresidente de Asuntos Públicos de la firma española especializada en asuntos públicos Llorente y Cuenca, afirma que “para transitar hacia una gestión más efectiva de los asuntos públicos de las empresas se debe avanzar hacia una cultura del ganar-ganar”, de relaciones establecidas sobre intereses recíprocos de carácter corporativo y con clara vocación de largo plazo.
Para la implementación de este modelo de relacionamiento con los decisores políticos, las empresas deben dotarse de herramientas que permitan planificar las relaciones con los decisores, priorizando el largo plazo, identificar los issues que afectan a la empresa, así como sus actores relevantes y, por último, que registren la “conversación” con los decisores políticos y su evolución.
Otra propuesta interesante sería incluir las herramientas del célebre gurú de la Escuela de Negociación de Harvard, William Ury, autor del best seller Sí… ¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder. Ury sostiene que la clave en la relación entre partes está en la mentalidad con la que uno va a negociar. “Antes de repartirnos la torta… ¿Por qué no analizamos si esa torta puede ser más grande…?”, reflexiona, y señala que conseguir esto implica buscar otras alternativas y soluciones.
Pero ¿cómo podría ser aplicable lo anterior a la articulación público-privada? El hecho de tomar distancia del problema a resolver o del objetivo a cumplir, la empatía, el no perder de vista el interés final y las situaciones ganar-ganar mencionadas anteriormente son recomendaciones altamente útiles y absolutamente aplicables a la relación entre las dimensiones públicas y privadas. El desafío de hoy, en un contexto distinto a los anteriores, es aplicar conceptos novedosos que puedan ser aplicables al actual contexto político argentino.
*El autor es politólogo, magíster en Comunicación y Director de Relaciones Institucionales de La Rural SA
