Avances en el combate a la corrupción y el crimen organizado

En la apertura del II Congreso Internacional de Compliance, organizado por el Capítulo Argentino de la World Compliance Association (WCA) en la Universidad Católica Argentina (UCA), funcionarios del Ministerio de Justicia expusieron sobre las políticas del Gobierno en materia de lucha contra la corrupción, extinción de dominio y responsabilidad penal empresaria.

En su presentación, el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, se refirió al programa “Justicia 2020”, que incluye una plataforma de datos abiertos (datos.jus.gob.ar) que fue premiado por la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “mejor iniciativa innovadora en transparencia y participación ciudadana”. “Nuestro objetivo prioritario desde el comienzo de la gestión fue lograr que las causas llegaran a juicio”, destacó el funcionario, quien subrayó el seguimiento que se puede realizar desde ese portal de las causas que tramitan en distintas jurisdicciones. Entre las reformas legislativas, Benítez mencionó la Ley 27.319 de “Técnicas especiales de investigación”, con las nuevas figuras de “agente encubierto”, “agente revelador” e “informante”; y la Ley 27.304, conocida como “Ley del Arrepentido”, que motivó, a su vez, cambios en el Programa de Protección de Testigos e Imputados. En este último punto, hizo hincapié en los avances en la cooperación con Chile, Paraguay, Perú y Colombia.

Benítez también se encargó de subrayar los avances en la designación de jueces federales y el requisito previo de presentación de su información patrimonial, para lo cual el Ministerio de Justicia celebró su acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “Desde el comienzo de nuestra gestión, se han designado 308 magistrados y hay 199 en proceso de designación, lo que va a permitir cubrir las vacantes que existían en la Justicia Federal”, puntualizó, al tiempo que recordó que las vacantes llegaban al 40 % de los cargos en diciembre de 2015 y que dos tercios de esas vacantes correspondían a zonas de frontera y portuarias.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal, Sebastián Garat, se centró en el régimen procesal de extinción de dominio en la órbita civil, impulsado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2019 del Poder Ejecutivo. “Hasta ahora el Ministerio Público Fiscal se ha venido orientando y profesionalizando en la investigación del delito, pero no ha prestado suficiente atención a la investigación patrimonial de las organizaciones criminales”, diagnosticó. En ese sentido, explicó que hasta ahora el embargo de bienes se hacía con el criterio de asegurar el pago de las costas o el resarcimiento de las acciones civiles. El criterio de política criminal para el decomiso de estos bienes está, en cambio, orientado a “desfinanciar a las organizaciones y evitar que se consolide la ganancia del delito”.

A su turno, el director nacional de Política Criminal, Carlos González Guerra, focalizó su intervención en la reforma integral del Código Penal y el nuevo régimen de “responsabilidad penal empresaria”. “El dilema que se planteaba era si la responsabilidad de las personas jurídicas debía ser penal o administrativa”, detalló. En ese punto, al haber sido sancionada por el Congreso la Ley 27.401 que establece el “régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídica privadas”, la comisión encargada de reformar el Código Penal –en la que participó González Guerra– entendió que “volver atrás y convertir esa responsabilidad en administrativa no era una posibilidad viable”.

En concreto, la nueva legislación contempla cuatro delitos penales en los que podría participar una persona jurídica: cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; concusión –la obtención de lucro por parte de un funcionario público que extorsiona a un privado–; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y balances e informes falsos agravados. Prevé, asimismo, el denominado “acuerdo de colaboración eficaz” por el cual la empresa (“persona jurídica”) evitaría la pena si brinda pruebas a la Fiscalía, paga una multa, restituye las ganancias que hubieran sido fruto del cohecho, repara el daño causado, aplica medidas disciplinarias contra los involucrados y presta un servicio en favor de la comunidad.