Después de la presentación del informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuáles son las alternativas para resolver la prolongada crisis venezolana.

Mientras la vida en Venezuela se degrada día tras día, ni los venezolanos ni la comunidad internacional atinan a encontrar soluciones a la tragedia que vive el país. La situación humanitaria, económica y política es de una fragilidad extrema. El régimen de Nicolás Maduro, que ocupa el poder de facto desde el pasado 10 de enero, resiste y gana tiempo, sustentado en los interesados apoyos de Cuba, Irán, Rusia y China.

Entretanto, se suceden las declaraciones condenatorias y sanciones al régimen de Maduro, y apoyos a la legitimidad constitucional del presidente Juan Guaidó por parte de 58 países –entre ellos, Argentina– y de organizaciones multilaterales. En medio de esta inédita situación política, se lleva adelante una negociación en Barbados entre el madurismo y la oposición, con la mediación de Noruega cuyo propósito final es el de concretar un llamado a “elecciones libres”.

En su momento, la legítima Asamblea Nacional aprobó un plan de reinstitucionalización de tres pasos, que debía comenzar con la salida de Maduro del poder y continuar con la plena conformación de un gobierno de transición para llegar al llamado a elecciones libres y democráticas. Desde el inicio, muchos cuestionamos esa secuencia por entender que el primer paso se erigía en un verdadero obstáculo para un proceso de transición exitoso. Mientras los políticos debaten el futuro, el sufrimiento del pueblo venezolano aumenta de manera exponencial.

LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

El informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que se dio a conocer el pasado 4 de julio, pone en evidencia las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país. Se atribuye al régimen de Maduro las mayores responsabilidades y se lo insta a tomar medidas para revertir la situación. Esto último constituye una cuestión de rigor, casi protocolar, en documentos de esta naturaleza.

Los datos son escalofriantes: en un país con su aparato productivo destruido, el salario mínimo alcanza a cubrir menos del 5 % de la canasta básica de alimentos, lo que convierte a la alimentación en una lucha diaria por la supervivencia. Vastos sectores de la población realizan solo una ingesta diaria de alimentos, o a lo sumo dos. Consecuentemente, la desnutrición afecta a 3.700.000 venezolanos, con gran incidencia en niños y mujeres embarazadas. El principal programa de asistencia alimentaria, las “Cajas CLAP”, es utilizado por el régimen como instrumento de control social, ya que se otorga exclusivamente a los adeptos.

El derecho a la salud también está severamente vulnerado. Reaparecen en el país enfermedades que habían sido erradicadas y controladas, como el sarampión y la difteria. La escasez de insumos hospitalarios y la falta de medicamentos alcanza niveles entre el 60 y el 100 % en las cuatro ciudades más importantes.

El documento da cuenta de la violación de las libertades individuales y del quebranto de los derechos civiles y políticos. La población está a merced de la represión institucionalizada por las Fuerzas Armadas, de Seguridad y grupos civiles chavistas-maduristas, llamados “colectivos”. Como sucede en los totalitarismos, la detención, tortura y muerte son las respuestas a las protestas de la población.

Actualmente en Venezuela, se registran 793 presos políticos y, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, hubo 7523 ejecuciones ilegales en 2018; y 2124 entre enero y mayo de 2019, lo que representa la impactante cifra de 15 personas ejecutadas por día.

La desnutrición afecta a 3.700.000 venezolanos, sobre todo, a niños y mujeres embarazadas. Foto: AFP.

Si bien los términos condenatorios hacia el Informe por parte de Maduro no se hicieron esperar, no debe escapar al análisis que el documento lo reconoce como el interlocutor válido en Venezuela, sin aclarar la existencia del “doble comando” con el presidente legítimo por mandato constitucional, Juan Guaidó. Ese enfoque está en línea con la posición expresada por la oficina del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el pasado 1.º de febrero, cuando reconoció a Maduro como el único presidente legítimo de Venezuela, que detenta la representación ante el máximo organismo internacional. A esta postura se contrapone la visión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima, el Parlamento Europeo y de 58 países, entre ellos, todas las potencias occidentales, que consideran a Guaidó como el presidente legítimo.

UN PROBLEMA DE SEGURIDAD REGIONAL

La situación en Venezuela no es un problema exclusivo de los venezolanos, sino que trasciende las fronteras del país. Las migraciones forzadas en gran escala están poniendo en jaque a los países receptores desde el punto de vista de la inserción social, la salud pública y la logística. Existe también un aspecto fundamental al que debe darse máxima importancia: la amenaza a la seguridad regional que representa el ejercicio del poder por parte del crimen organizado bajo la máscara de una dictadura populista filocubana.

Esta realidad ha sido claramente reconocida en la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, realizada en Buenos Aires, en concordancia con el aniversario por los 25 años del atentado a la AMIA. En ella, funcionarios de 20 gobiernos y de la OEA expresaron su “preocupación acerca del riesgo de que grupos terroristas puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares como, por ejemplo, Venezuela, para potenciar sus actividades delictivas en la región”. Asimismo, se comprometieron a “tomar medidas para prevenir que grupo terroristas se beneficien de la delincuencia organizada nacional y transnacional”, entre otros propósitos.

Las alusiones directas a Venezuela tienen una razón de ser. Desde hace mucho se conocen los lazos de altos referentes del chavismo/madurismo con el terrorismo islámico transnacional, principalmente con Hezbolá, y con grupos narcoinsurgentes colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Todos ellos operan libremente en el territorio venezolano. Hoy se considera a Venezuela como puerta de entrada y santuario del terrorismo islámico en la región. Algunos informes consignan la oferta de servicios de lavado de activos y de inteligencia por parte de la organización terrorista a las redes de narcotráfico y crimen organizado de la región, y también la entrega de pasaportes venezolanos a miembros de organizaciones terroristas de Medio Oriente. Tampoco se puede dejar de lado la influencia del chavismo en la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán en 2013, que buscaba asegurar la impunidad del atentado a la AMIA, en 1994, con autoría intelectual de figuras prominentes de Irán, pero perpetrado por cuadros de Hezbolá.

EL LARGO Y DIFÍCIL CAMINO HACIA LA REINSTITUCIONALIZACIÓN

Una pregunta clave es si la acción de la comunidad internacional y los organismos internacionales pueden ayudar por alguna vía a la reinstitucionalización del país. En términos de la vía jurídica, esto se traduce, por ejemplo, en si el informe de Bachelet puede llevar a algún resultado práctico, como profundizar la investigación preliminar contra Maduro, Dios dado Cabello y otros que lleva a cabo la fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional desde febrero de 2018.

Si bien los crímenes en Venezuela encuadran en las categorías que competen a la Corte, el tribunal juzga a individuos y no a Estados, y la productividad del tribunal ha sido poco alentadora. Una limitación del proceso es que la Corte no juzga en ausencia, o sea que el individuo debe comparecer luego de captura internacional o de presentación espontánea. En el caso de la cúpula del régimen de Venezuela, se han aportado cantidad de pruebas de crímenes de lesa humanidad. En ese marco, el informe de Bachelet sería una prueba más.

Sin embargo, los tiempos de la Corte no parecen compatibles con las necesidades del pueblo de Venezuela. Es claro que, aunque se reactive el proceso, este conduciría, en el mejor de los casos, a una condena simbólica, pero de ningún modo a una solución efectiva por la vía jurídica.

Respecto de la negociación en curso, cabe destacar que las varias instancias de negociación anteriores siempre terminaron en frustraciones. Es la quinta vez que ambas partes se sientan a negociar desde que Maduro asumió el poder en 2013. Es cierto que la participación del gobierno de Noruega agrega un elemento que antes no estaba. Sin embargo, y a pesar de que las partes hablan de avances positivos, existe un gran escepticismo al respecto. No parece realista que una dictadura involucrada en actividades de narcotráfico, con vínculos con el terrorismo islámico transnacional y rodeada de actores con fuertes intereses económicos, ceda terreno y abandone el poder. Parecería ser, más bien, una estratagema para ganar tiempo y debilitar la posición del presidente legítimo y de la precaria cohesión en la oposición.

En este contexto, líderes venezolanos de gran prestigio, como María Corina Machado y Antonio Ledezma, han planteado el fin de lo que consideran falsos diálogos y la apertura de la vía de una intervención humanitaria bajo la doctrina de la responsabilidad de proteger, con participación de miembros disidentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, muchos de ellos exiliados en Colombia. Para ello, el primer paso sería habilitar en la Asamblea Nacional el debate por la activación el artículo 187 (11) de la Constitución, que permitiría el ingreso de una misión militar extranjera en el país. En esta línea también se enmarcaría la reincorporación plena de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Sin embargo, ni Guaidó ni la Asamblea Nacional han manifestado la voluntad política imprescindible para dar el paso en estos temas. Además de las fuertes controversias “ideológicas” que despierta el posible ingreso de tropas extranjeras al país (aunque muchos soslayan la presencia de 25.000 cubanos en el territorio abocados a funciones de inteligencia y entrenamiento para la represión), tampoco resulta clara la respuesta de los Estados a una convocatoria de esta naturaleza, aunque está claro que se requiere mayor compromiso práctico por parte de la comunidad internacional.

La reinstitucionalización de Venezuela no es un problema exclusivo de los venezolanos sino de todos aquellos, estados e individuos, que rechazamos las prácticas dictatoriales de cualquier naturaleza y creemos en la libertad individual como el valor esencial que rige nuestras vidas y nuestro futuro.