La Mesa de Unidad Democrática (MUD) logró 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, por lo que se asegura una mayoría calificada para legislar. La oposición anunció que con el amplio triunfo que obtuvo va a iniciar investigaciones a funcionarios públicos e incluso puede aprobar su destitución.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) difundió los resultados definitivos de la votación del domingo en su sitio web y anunció que la MUD se quedó con 109 de los 167 asientos. Adicionalmente, ganaron los tres diputados de la representación indígena.

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 55 diputados.

La alianza opositora le arrebató al socialismo gobernante el control del parlamento por primera vez en 16 años, favorecida por el descontento de muchos venezolanos ante la grave crisis económica por la que atraviesa el país miembro de la OPEP.

La MUD aseguró el lunes que había conseguido sumar al menos 112 diputados en el parlamento, con lo que su bancada se asegura las dos terceras partes de los escaños y mayores prerrogativas para legislar.

Pero el CNE, que comenzó a ofrecer en la madrugada del lunes los resultados preliminares de la elección, adjudicó los últimos dos puestos recién el martes por la tarde y confirmó la cifra, que resulta crucial para el rol de la oposición en la nueva legislatura.

La ley venezolana establece dos tipos de mayoría calificada: la lograda a partir de los 112 diputados, que permite tener mayor control de la agenda legislativa; y la que se gana al tener al menos 101 escaños, que es un poco más restringida.

Al conseguir los dos tercios, la coalición opositora podrá aprobar leyes, incluso orgánicas, proponer reformas y enmiendas constitucionales y reemplazar a miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el CNE y los otros poderes públicos.

Pero no será fácil hacer cambios desde el parlamento. El presidente y el máximo tribunal del país, dominado por seguidores del Gobierno, tendrían la última palabra frente a cualquier reforma legal: podrían vetarlas, no promulgarlas o en el mejor de los casos retrasarlas, advirtieron analistas.

Fuente: Reuters Latinoamérica