Con una mirada macro pero sin perder de vista las políticas concretas para hacer frente al problema, Ricardo Casal, ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, se refirió a las acciones que lleva adelante la Provincia para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y repasó la agenda de la seguridad en este distrito.

– ¿Cuáles son las estadísticas que maneja la provincia de Buenos Aires respecto de la lucha contra el narcotráfico en el distrito?

– Desde que asumió el gobernador Daniel Scioli, se planteó la lucha contra el narcotráfico como una prioridad. A la fecha, llevamos secuestradas 8,5 toneladas de cocaína, 65 toneladas de marihuana, 500.000 dosis de paco, 50.000 pastillas de éxtasis y 30.000 de LSD. Hay además 3000 mil detenidos federales en el Sistema Penitenciario Provincial.

-¿Qué evaluación hace de la labor de las fuerzas de seguridad provinciales y cómo  se trabaja en el marco de la “ley de desfederalización”, que transfirió a las jurisdicciones provinciales la competencia sobre delitos menores vinculados con el tráfico de estupefacientes?

– Los resultados que acabo de citar marcan que tanto la Policía de Seguridad como la Superintendencia de Investigación y la de Narcotráfico trabajan en función de la directiva que diera el gobernador Scioli de combate frontal a este delito. La Provincia de Buenos Aires comienza la investigación sobre lo que marca la ley, que es lo que antes se llamaba “menor cuantía” y que son delitos menores de comercialización de estupefacientes. Sin embargo, de la investigación puede surgir que detrás de ello exista un laboratorio de gran porte, por ejemplo el que se encontró en el barrio “El Cazador” de Escobar, con 600 kilos de cocaína. En ese caso, se comunica inmediatamente a la Justicia Federal, que sigue trabajando con la Policía provincial porque tiene avanzada la investigación. Más aún, la mayoría de los grandes operativos –como los 1000 kilos de cocaína pura incautados en el operativo “Navidad Blanca”– los hicimos con la Justicia Federal.

– En el informe anual de Estadística criminal de la Provincia de Buenos Aires, se aclara que “la persecución penal se orienta en forma exclusiva a las conductas vinculadas a la comercialización de estupefacientes” y que no se busca criminalizar al consumidor. ¿Cuál es su análisis del tema?

– Nuestra definición es muy clara: la droga es un problema de salud y de seguridad. Es un asunto de seguridad porque está asociado al narcotráfico. Y es un problema de salud en lo que se refiere a las adicciones, porque deja a nuestros jóvenes fuera de los circuitos intelectuales, laborales y profesionales y los pone los pone en una situación de dependencia que deteriora seriamente su salud. Traigo a colación dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 1986, con el fallo Bazterrica, claramente determinó que la adicción no es punible y la descriminalizó. Sin embargo, el Estado no tuvo un reflejo inmediato frente a este fallo y no giró su mirada hacia la salud. En 2009 se volvió a insistir, con el fallo Arriola, sobre esa doctrina. Evidentemente hay una mora clara del Estado en no tomar a la adicción como un problema de salud.

EL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO EN EL CONTEXTO REGIONAL

– ¿Cuál es su reflexión acerca de la problemática del narcotráfico a nivel regional? ¿Cómo ve a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires en ese contexto?

– En una provincia donde no hay cultivo de coca ni de plantas de marihuana, los niveles de secuestro que hemos hecho nos dan la pauta de que el narcotráfico debe estar convencido de que es un gran negocio comercializar acá, en un territorio en el que viven más de 16 millones de habitantes. Más allá de las políticas concretas de lucha contra el narcotráfico y de la creación de herramientas, recursos humanos, logísticos y tecnológicos para combatirlo, hay que analizar el tema desde una óptica regional. Debemos preguntarnos por qué Paraguay es la gran proveedora de marihuana de toda la región, por qué Bolivia es uno de los grandes proveedores de cocaína y por qué no se puede cortar este mecanismo de comercio transnacional. Es importante que hayamos secuestrado un camión con 1000 kilos de cocaína pura en diciembre de 2011 cuando atravesaba el puente Zárate-Brazo Largo, en la provincia de Buenos Aires, pero sería mejor que nunca hubiese salido de Bolivia. Me parece que hay que trabajar fuertemente a nivel del Mercosur y en foros internacionales donde se fijen claramente las políticas a seguir en esta materia.

– En los últimos años se viene hablando de la presencia de Carteles narcos extranjeros en la Argentina y se menciona el riesgo de “favelización” y de la presencia de modalidades delictivas similares a las de Brasil. ¿Cuál es su visión al respecto?

– Creo que el límite de la oportunidad de los Carteles de ingresar al país es la existencia de una política clara de los gobiernos de enfrentar al narcotráfico con todos los recursos que nos da la democracia. El mensaje debe ser que, con un gobierno firme, no es fácil ser narcotraficante en la Argentina y que aquellos que son detenidos reciben importantes condenas. La política debe ser sostenida, clara, concreta, y debe ir en una sola dirección: erradicar e impedir el desarrollo del narcotráfico en el país.

– ¿En qué casos se necesitaría un mayor compromiso de los países vecinos?

– Cito un ejemplo concreto. El régimen automotriz más seguro de Latinoamérica es el argentino: acá contrabandear un auto es imposible. Sin embargo, en Bolivia y Paraguay, con la declaración de tenencia provisoria, se puede patentar un auto robado en la Argentina. Esto amerita que en el ámbito adecuado, en foros internacionales, se inste a estos dos países a que cambien su régimen de importación y exportación de autos. Muchas veces esos vehículos se pagan con kilos de droga y, entonces, se crea un circuito pernicioso: armas para robar el auto; robo del auto; pago con droga. Yo creo que a nivel regional hay que establecer criterios uniformes y fijar normas claras. De nada sirve secuestrar toneladas de marihuana en la provincia de Buenos Aires, cuando la producción es infinitamente superior.

– Un tema que preocupa también es el ingreso de aeronaves, en vuelos irregulares, a través de la frontera. ¿Qué se está haciendo y qué falta todavía para lograr mayores controles de este tráfico?

– Hace no mucho acá se discutió la ley de derribe. Nosotros no estamos a favor porque equivaldría a la pena de muerte. Por un lado, como Estado, no podemos ponernos nunca en el patíbulo. Y en segundo lugar, está siempre presente la posibilidad de error y, cuando el Estado mata gente decididamente por error, eso ya no tiene solución. En cuanto a lo que hemos hecho en la Provincia, debo recordar que hemos secuestrado un par de avionetas, una en Pergamino con 600 kilos de cocaína y otra en San Miguel del Monte con otro tanto. Si existe un mayor control aéreo, por supuesto que es mejor. Hay que tener una política regional armónica, equilibrada y sostenida por todos los Estados.

EL AUMENTO DE LOS DELITOS CON ARMAS: UNA SEÑAL DE ALERTA

– Una preocupación que usted ha expresado en los últimos meses es el aumento del delito con armas, que de acuerdo con la última estadística criminal creció un 22 por ciento en el territorio provincial.

– Las estadísticas son diagnósticos objetivos externos al Ministerio porque están hechas por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Esto hace a la transparencia y a la fidelidad de los números. Cuando asumí el cargo, prohibí la estadística provincial como medio de información. Entendimos que era necesaria una mirada externa y no una mirada propia, teniendo en cuenta que en el pasado no muy lejano hubo generación de estadística en función del rendimiento o no del trabajo policial. Entonces observamos que así como en 2011 bajó notoriamente, nadie puede discutir que el delito con armas creció un 22 por ciento en la provincia de Buenos Aires. Eso permitió advertir al gobierno que era necesario fijar una política sobre las armas. La política que ha fijado el gobernador es el desarme definitivo de los delincuentes. El problema está en que la Justicia aplica normativa con cierta cotidianeidad y con una laxitud enorme sobre el aquel que tiene en su poder un arma de guerra o de uso civil, que sale en libertad y lo que hace es inmediatamente ir a buscar otra arma para cometer otro delito. Este círculo vicioso nos lleva hoy, en el transcurso de los primeros seis meses del año, a haber secuestrado más de 1500 armas. Estos datos nos indican que hay que ponerle proa a una política.

– En ese sentido, el Ejecutivo presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de reforma del Código Procesal de la Provincia que limita las excarcelaciones en este tipo de delitos. ¿En qué consiste?

– Forma parte del programa de pacificación que definió el gobernador y que contiene varias medidas. La primera de ellas es la limitación de las excarcelaciones para aquellas personas que estén armadas y que se resistan o huyan del control policial. Se limita las excarcelaciones para que los detenidos vayan a juicio oral abreviado, previsto en casos de flagrancia. Queremos que esa persona, que es detenida con un arma, vaya al proceso y tenga una condena, aunque sea en suspenso. Es importante que tome conciencia que por tener un arma es sancionado. Por otro lado, también hemos visto que el arma, una vez secuestrada, tiene un largo derrotero antes de que se la decomise. Entonces hemos pedido en otra ley que los fiscales, cuando secuestran, tengan que hacer una prueba irreproducible del arma. ¿Qué significa? Peritan si es apta o no apta, sacan las fotos correspondientes, las huellas, el proyectil testigo, etc.; vuelcan esa información en un papel y el arma es automáticamente decomisada y destruida. Y otra de las medidas que hemos dispuesto –y está siendo tratada por la Legislatura– es que, en todo proceso de civil de familia o penal por amenazas donde haya conflictos familiares o interpersonales y exista el arma como factor de temor o de riesgo, los jueces y los fiscales deben inmediatamente ordenar el secuestro del arma.

– ¿Cuál es la situación en materia de secuestros extorsivos, una modalidad delictiva que en su momento tuvo un fuerte impacto en la opinión pública a través de casos que tuvieron amplia repercusión a través de los medios?

– Los secuestros extorsivos tuvieron un pico de crecimiento enorme en 2001 y 2002, que terminaron en 2004 con la denominada “Ley Blumberg”. En realidad, influyeron dos factores: en primer lugar, la Policía comenzó a especializarse en el tratamiento del delito extorsivo; y, en segundo lugar, empezaron a aparecer las primeras condenas y hubo delincuentes jóvenes que creyeron que el delito extorsivo era un negocio y sufrieron más de 20 años de prisión. Eso también desalentó el delito. Hoy en día la estadística de delitos extorsivos es ínfima.

– ¿Se trabaja en la capacitación de los oficiales de la Policía de la Provincia para enfrentar este tipo de delitos?

– Sí, la Superintendencia de Delitos Complejos está especializada en este tipo de situaciones y cuenta con personal capacitado, sobre todo en cibernética y telecomunicaciones.

POLÍTICA DE SEGURIDAD, CÁRCELES Y REFORMAS EN LA JUSTICIA

– En las últimas décadas ha habido muchas idas y venidas en cuanto a la conducción de la Policía Bonaerense. Críticos de la actual gestión le imputan el hecho de que no exista un control civil de esa fuerza.

– Son críticas políticas sin fundamento. Nosotros tenemos a la Policía dividida en Superintendencias. Hay un jefe político de la Policía de Seguridad, que es el subsecretario operativo, y un jefe político de las Policías de Narcotráfico, Investigaciones, Científicas y Comunicaciones, que es el subsecretario de Política Criminal. La Policía está entonces fraccionada en dos jefaturas políticas y, por encima de esos dos subsecretarios, está el ministro. El vicegobernador (Gabriel Mariotto) dijo que no coincidía conmigo en la conducción de la Policía que no esté a cargo de un civil. La realidad es que en este país hay una sola Policía conducida por un civil, que es la de la provincia de Río Negro. El resto de las policías y las fuerzas de seguridad de todo el país, inclusive las federales, son comandadas por un jefe superior. Por encima está la autoridad política, pero nunca hubo una conducción operativa civil.

– Existe otra crítica encarnada por sectores garantistas que cuestionan a la actual conducción de la seguridad en la Provincia el recurso a la vía represiva y apuntan, entre otros temas, al sistema penitenciario. ¿Cuál es su respuesta?

– Cuando asumió el gobernador Scioli, se encontró con dos hechos fundamentales: una condena de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el caso “Verbitsky” contra el gobierno anterior de Felipe Solá por hacinamiento en las cárceles y en los calabozos; y una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por hacinamiento en los calabozos. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos ese fallo como un programa de trabajo. Por un lado, dentro del plazo de 90 fijados por la Corte, presentamos el plan de infraestructura penitenciaria y generamos 9000 plazas en las condiciones reclamadas por el fallo. Por otro lado, fuimos a la CIDH y promovimos ese programa con un agregado, la creación de la única figura que existe en el mundo de detención conducida por un civil abogado, que son las alcaldías departamentales. Actualmente ocho están en funcionamiento. Esto mejora las condiciones de detención y además incorpora actividades familiares y recreativas sin estar en el calabozo. Además éste es el único gobierno que ha cerrado y clausurado, por motu proprio, más de 300 calabozos en la provincia de Buenos Aires. El modelo de “casas por cárceles” es revolucionario, exportado a toda Latinoamérica. Significa la construcción, extra muros y dentro del ejido penitenciario, de casas para nueve personas que conviven en una etapa que les es reconocida por su buena conducta, por su educación y por su contracción al trabajo. Generamos 1000 plazas, en un sistema único en el mundo.

– ¿Qué tipo de respuesta encuentran en la Legislatura bonaerense a las iniciativas elevadas por el Ejecutivo provincial en materia de justicia y seguridad?

– La composición de la Legislatura es la que marca el ritmo de trabajo. En cuatro años nosotros sancionamos 50 leyes de política criminal y judicial. Ahora hay más debate, pero se va construyendo. La ley de creación de la Policía Judicial fue aprobada; también se sancionó la ley de Autonomía de la Defensa (que crea la figura de Defensor General con autonomía y autarquía respecto de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense); y el juicio por jurados tiene media sanción. Se ha avanzado bastante en las reformas estructurales planteadas por el gobernador a nivel judicial.

– ¿Cuál es la relación de su cartera con los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales?

– Con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dialogamos y nos reunimos permanentemente. Berni es una persona de altísimo compromiso de trabajo y está muy consustanciado en luchar contra el crimen con políticas democráticas pero firmes. Ahora estamos desarrollando en forma conjunta el Operativo Celeste y Blanco, focalizado en tres zonas de mucho interés en la política de seguridad y en la política criminal: Vicente López, Lomas de Zamora y La Matanza. Es un operativo conjunto entre Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia, que está dando muy buenos resultados.

LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL Y EL ROL DE LA POLICÍA PROVINCIAL

– El reciente caso del fallecimiento del hincha de Lanús en La Plata por el impacto de una bala de goma de la Policía volvió a poner en el centro de la discusión la acción de las fuerzas de seguridad. ¿Cuáles han sido las medidas dispuestas por su Ministerio?

– Se trata de un caso excepcional. Realmente no tenemos, en muchos años, registro de violencia policial que haya provocado una muerte. La medida que hemos tomado, en primer lugar, ha sido retirar de la Policía todos los cartuchos que tengan balas de goma porque evidentemente, a corta distancia, son letales. Fueron reemplazados por los tubos de gas que no son tóxicos ni irritantes y que no son explosivos. La segunda medida, más estructural, ha sido prohibir en la provincia de Buenos Aires la presencia de hinchadas visitantes en los partidos de fútbol. Le hemos hecho saber a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que mantendremos esa medida hasta que las condiciones de seguridad estén garantizadas. La Policía debe dedicarse a cuidar a los vecinos, que es su tarea primordial, y no cuidar, por ejemplo, a los hinchas que van desde Capital a Rosario y que debemos custodiar a lo largo de toda la ruta 9 con una caravana de policías y patrulleros para que no destruyan nada en el camino.