El mecanismo consiste en aliviar la situación financiera de los países altamente endeudados para destinar esos fondos a la mitigación del cambio climático. Hasta ahora, solo se han beneficiado países de renta baja, pero Argentina y Colombia pretenden ampliarlo a países de renta media.
Por Mariano Roca
Los países que están más expuestos a los efectos del calentamiento global suelen ser aquellos en peores condiciones para adoptar las medidas de prevención y mitigación. ¿Por qué? Tal como señala un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), 34 de las 59 economías en desarrollo más vulnerables al cambio climático también afrontan un riesgo elevado de crisis fiscal.
Una posible solución son los “canjes de deuda por acción climática”, que, tal como sostiene el propio FMI, “tienen como objetivo liberar recursos fiscales para que los gobiernos puedan mejorar la resiliencia a los efectos del cambio climático sin sacrificar el gasto en otras prioridades de su desarrollo”.
“Los canjes podrían incluso generar ingresos adicionales para los países con una biodiversidad valiosa, al permitir que cobren a los demás por proteger esa diversidad y mantener un bien público mundial”, asegura Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. De todos modos, la funcionaria se muestra cautelosa y señala que es “poco probable” que este tipo de canjes ofrezca “una solución universal” a los países con alto endeudamiento externo.
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Los créditos de carbono, ¿un mecanismo insuficiente?
Existen algunos antecedentes de este tipo de mecanismos. Su origen está en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, firmada en 1992. Allí se reclamaba a los gobiernos del Primer Mundo una mayor contribución al financiamiento de acciones climáticas en los países en desarrollo.
En 1997, finalmente, el Protocolo de Kioto dio luz verde al “mercado de carbono”, aún vigente. Se trata de un mecanismo para compensar la “huella de carbono” de los países desarrollados, cuando estos imvierten en proyectos de mitigación en otras zonas del planeta. Cada crédito equivale a una tonelada de CO2 equivalente que ha sido evitada, reducida o secuestrada mediante un proyecto de mitigación. Quien compra el crédito accede a los llamados “certificados de emisiones reducidas (CER)”.
Existen, sin embargo, cuestionamientos al funcionamiento de este mercado. Algunos de sus críticos utilizan la expresión greenwashing, que puede traducirse como “marketing verde”. Aducen que, en lugar de favorecer la verdadera lucha contra el cambio climático, puede funcionar como fachada utilizada por gobiernos o grupos empresariales del Primer Mundo para lavar su imagen.
El canje de deuda por clima en América Latina
En el caso de los canjes de deuda por clima, existen antecedentes que se remontan a la segunda mitad de la década del 80, aunque el tema ha cobrado actualidad por el impulso de países de nuestra región, apadrinados por Argentina y Colombia.
En 1987, en el primer experimento de este tipo, la ONG Conservation International acordó con Bolivia la compra de títulos de su deuda soberana por 650.000 millones de dólares, que estaba en manos del Citigroup. Con el ahorro generado, el gobierno boliviano se comprometió a ampliar en 15 millones de hectáreas las áreas protegidas en la selva amazónica.
Más recientemente, los “bonos azules” para la protección de los océanos han beneficiado a otros países de la región. A través de ellos, la ONG The Nature Conservancy ayuda a refinanciar la deuda nacional comprando parte de esas acreencias con descuento y refinanciándolas con mejores tasas de interés o plazos de pago más largos.
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Barbados, por ejemplo, pudo reconvertir 150 millones de dólares de su deuda externa, que serán destinados a la expansión de las áreas marítimas protegidas. Por su parte, Belice, pudo beneficiarse de esa misma iniciativa, al recibir de The Nature Conservancy un préstamo para recomprar bonos internacionales de su deuda. Eso le permitió al país centroamericano un alivio de cerca de 200 millones de dólares en sus compromisos externos, que serán destinados a la conservación de su biodiversidad marina.
La propuesta argentina y el “Plan Marshall” colombiano
En distintos foros internacionales, el gobierno de Alberto Fernández ha intentado llamar la atención de los países más desarrollados respecto de este tipo de mecanismos. Sin entrar en detalles, el mandatario mencionó ante la ONU los “esquemas de financiamiento sostenibles, que promuevan mecanismos de pago por servicios ecosistémicos”.
La mayor dificultad de la Argentina es que se trata de un país de renta media, mientras que quienes hasta ahora se han visto beneficiados por este tipo de acciones son países de renta baja. No es menor el dato que nuestro país es actualmente el mayor deudor del FMI, con el 61% de la cartera de créditos del organismo multilateral.
Uno de nuestros aliados en esta lucha es Colombia, cuyo presidente Gustavo Petro promueve un nuevo “Plan Marshall contra la crisis climática”. En el abanico de propuestas, el mandatario incluye la emisión de derechos especiales de giro (DEG) del FMI que se destinarían a un fondo mundial del clima. Otras propuestas son la adopción de un gravamen a las transacciones financieras en todo el mundo y una serie de mecanismos de reducción de la deuda soberana, entre los cuales incluyó el canje de deuda por acciones climáticas.
Por el momento, no parece existir el consenso necesario en los centros del poder mundial, reacios a los cambios radicales en los modelos de renegociación de las deudas soberanas de los países en vías de desarrollo.
