Escribe Gustavo Gorriz

“No pueden trabajar aislados los expertos en desastres, los comunicadores o los gerentes. Es la integración y la complementariedad de su trabajo la que hará la diferencia”.

Organización Panamericana de la Salud (2009)

Nuestra publicación encara en este número una temática que ha sido motivo de análisis en la redacción desde hace varios meses. Quizás impactados por las crudas escenas de la tragedia de Once, hace ya tiempo que pensamos en echar una mirada a fondo sobre los sistemas de emergencia. Era algo que considerábamos imprescindible para entender dónde y cómo estamos en la  Argentina en lo que se refiere a esta básica tarea que implica la prevención y la acción (mitigación, respuesta y recuperación) frente a acontecimientos adversos inesperados, además de conocer quiénes son y qué piensan las personas que dedican su vida a enfrentar las crisis que resultan cruciales para la vida de cientos de personas.

Analizamos también a fondo lo que nos dejó la Cumbre Río + 20, cuyos magros resultados fueron definidos por el secretario de Medio Ambiente de ese estado brasileño, Carlos Minc, con una simple y sencilla frase: “Ganó la burocracia perdió el planeta”. Menciono esto, no solo por ser una temática recurrente de DEF desde hace muchos años, sino por la coincidencia generalizada de todos los expertos en manifestar que en las emergencias de gran envergadura es central la influencia que el ambiente y su falta de cuidado ejercen sobre esas catástrofes, muchas veces multiplicando sus devastadores consecuencias.

Para contextualizar el tema de las emergencias, de la protección civil y de cómo hacer frente a las alteraciones profundas que pueden afectar a las personas, a la naturaleza y los bienes y servicios de una comunidad, es vital comprender primero aquellos fenómenos de máxima envergadura y las consecuencias que provocan. La Argentina, afortunadamente, no está en el epicentro de ninguna de esas amenazas, que obviamente nadie puede descartar, pero al menos nuestro país no convive con ellas en la vida cotidiana, como sucede en muchos otros rincones de planeta.

Cuando hablamos de tsunamis, sismos, terremotos o huracanes, estamos hablando de la masa de los grandes desastres y emergencias que ocurren en el mundo y que involucran la vida de millones de personas; y, en la mayoría de los casos también, la muerte de cientos de millares de ellos. Provoca también modificaciones estructurales en la geografía y necesidades económicas descomunales para reconstruir aquello que fue afectado. Coincide además con el dato que en la generalidad de los casos los sectores más vulnerables están sumidos en la pobreza extrema, en la precariedad de sus viviendas, asentadas en lugares críticos y marginales y teniendo siempre presente gravísimas falencias sanitarias, alimentarias e higiénicas que duplican la complejidad para enfrentar la crisis.

Solo para confirmar lo antedicho, veamos la situación que provocan los desastres climáticos y medioambientales vinculados a los desplazamientos que obligan a éxodos masivos y en los cuales, casi siempre, arrastran a aquellos con menos recursos a las peores condiciones imaginables. Según la Organización Mundial de Migraciones (OIM), en el 2008 se desplazaron 20 millones de personas por este tipo de catástrofes y menos  de un cuarto de ellas por causas bélicas. Curiosamente, solo dos años más tarde, la cifra de desplazados “medioambientales” trepó a 38 millones de personas. Cabe meditar al respecto con cuántos recursos los gobiernos del mundo deben afrontar estas situaciones, cuántos millones de personas quedan involucradas en prestarles servicios de atención, recuperación y reubicación en sus nuevos y muchas veces precarios destinos.

Los efectos de la burocracia sobre la protección del planeta, desde las ilusiones truncadas ya en Copenhagen (2009) hasta la recién finalizada Cumbre de Río, quedan reflejados en la ironía que pronunció la senadora Norma Morandini, presente en la mítica Cumbre de Río de 1992 y en la más reciente de 2012. “Los gobiernos se comprometieron a comprometerse”, comentó la legisladora cordobesa. Esa frase refleja la conciencia general de los ciudadanos del mundo de lo poco prioritario del asunto y de que desastres tremendos como lo ocurrido en Haití son tan solo una muestra de lo infinitamente costoso que resulta esa falta de previsión y responsabilidad.  No únicamente por las miles de imprescindibles vidas humanas que se pierden, sino que también de las cifras millonarias que se requieren para la reconstrucción de catástrofes de esa envergadura. Nada tiene menor costo en este tema que la transmisión del conocimiento y el poder disponer de la información adecuada en la fase preventiva como un medio trascendente para atenuar este tipo de situaciones. Tan solo esto que reduciría sensiblemente y de manera geométrica la pérdida de vidas y la aplicación de recursos posteriores; sin embargo, hay pocos antecedentes en el pasado y casi nulos progresos en el presente.

En Sudamérica la alteración de los sistemas ecológicos y la deforestación de sus bosques tiene el agregado de altísimos porcentajes de su población viviendo en condiciones precarias, en zonas vulnerables y en condiciones alimentarias y de higiene de alto riesgo que la llevan a ser considerada una de las zonas más azotadas por los cataclismos naturales del planeta. Sin embargo, hay un aspecto destacable a reconocer: la poca presencia de conflictos graves entre sus países miembros permite la interacción entre ellos y el empleo de las fuerzas armadas y de seguridad que pueden abocarse a afrontar responsabilidades vinculadas con  la defensa civil, incluso y muchas veces, trabajando de manera combinada. Esta situación casi obvia ante desastres de magnitud era radicalmente impensable en otros momentos de nuestra historia común.

En este mínimo recuento de las situaciones de emergencia que enfrenta el mundo, no podemos dejar de mencionar las provocadas por la acción directa del hombre. Al accionar del terrorismo en forma global, los conflictos de orden religioso, racial y por motivos económicos, se les suman las nuevas tecnologías. Ellas progresan a diario y generan posibilidades de devastaciones inimaginables, aumentando la accesibilidad de posibilidades letales a a cada vez mayor número de personas.

Este sencillo resumen, sujeto a la tiranía del espacio disponible, no impide comprender la gran complejidad que requiere la integración de equipos multidisciplinarios formados por elementos de seguridad, fuerzas armadas, sanitarios, emergentólogos y de protección civil, cuyo abanico de posibilidades de actuación es extremadamente amplio; y que tanto para desastres naturales como para los efectos de una acción terrorista o producida por cualquier acción bélica  (incluidas las químicas y nucleares) solo sirve la previsión y el entrenamiento previo. El rol del Estado en emergencias y desastres es obviamente irremplazable, pero su imprescindibilidad no se pone de manifiesto en las declaraciones de rigor, sino en la asignación del marco jurídico adecuado y en la importancia y recursos concretos y permanentes para afrontar lo descripto.

Vinculado propiamente con la Argentina, como dijimos en una situación relativa general beneficiosa, considerando por ejemplo la vulnerabilidad de algunos vecinos, como Chile, no podemos evitar recordar la grave inundación del litoral de 1998, con más de 100 mil evacuados y casi 18 millones de hectáreas bajo en agua, la misma situación en el 2001 que afectó a casi 800 mil personas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Se reiteró en Santa Fe en el 2003 y luego ocurrió la grave emergencia en el litoral del año 2007. Vinculado con la acción terrorista, son hitos en la historia de nuestro país los dos atentados realizados a comunidad judía, en la Embajada de Israel y posteriormente en la AMIA y ya más cercanos en el tiempo, y relevantes por la pérdida de vidas y el fuerte impacto en toda la sociedad, los gravísimos accidentes del boliche República Cromañón, la catástrofe del avión de LAPA, con 77 muertos y varios mutilados, y el desastre ferroviario de Once, donde se puso en juego en minutos la capacidad de respuesta del Estado frente a una emergencia de vida o muerte que involucraba a centenares de personas.

Como dijimos, lo inicial es contar con un marco jurídico adecuado y lo real es que nuestro país tiene uno, en general, precario. El primer organismo funcionó en el Ministerio de Guerra y la primera norma legal para “emergencias y catástrofes” data de junio de 1939, coincidente con una hipótesis de ataque aéreo como consecuencia del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El Decreto-Ley 6650 de 1958 integraba a las fuerzas de seguridad y a las autoridades civiles. Ya con el retorno de la democracia, cambia el concepto y se convierte en Defensa Civil. Sin embargo, aquella vieja ley, que entre otras cosas permitió la reconstrucción tras el terremoto ocurrido en la localidad sanjuanina de Caucete en 1977, fue abolida en 1986 por el gobierno de Raúl Alfonsín y desde entonces, existieron varios proyectos, entre los cuales destaca la creación del SIFEM (Sistema Federal de Emergencias). Lo preocupante es que aún no exista una legislación adecuada ni definitiva que permita regular la capacidad del Estado en forma global, que facilite presupuestos acordes y programas de reducción de riesgos y que conforme un plan general que, dentro de nuestro sistema federal, de manera tal de minimizar situaciones no deseadas e imprevisibles en cuanto a magnitud y consecuencias.

Como siempre ocurre, es muy valorable el trabajo de los agentes del propio sistema y de la gente de a pie con el reconocido espíritu solidario que nos caracteriza a los argentinos. Y sobre todo, la inestimable labor de los especialistas, los emergentólogos de cualquier condición. Más allá de la condición jurídica y con prescindencia de los recursos disponibles, estos profesionales son un extraordinario motor del sistema. De ellos da cuenta DEF en su nota central de este número. En ella queda claro que solo la vocación profunda, el desprendimiento personal y una infinita capacidad para resolver problemas complejos, con mínimos recursos, es lo que permite atenuar los graves problemas básicos y estructurales que deben enfrentar en su actividad cotidiana.

Emergentólogos, uniformados y civiles, médicos y enfermeras, personal de apoyo, todos por igual, merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento por su tarea ciclópea y estresante, por su esfuerzo y dedicación, a prueba de todo riesgo. Todo esto sería imposible de realizar si no media una vocación sincera, aun a costa de asumir costos personales inevitables.

Todo indica que la complejidad del mundo, las dificultades que registra el planeta en el marco ambiental y las nuevas tecnologías puestas en manos equivocadas solamente auguran más problemas, más complejos y de mayores consecuencias.

Todo aquello que no se haya previsto tendrá un costo infinitamente geométrico en recursos y, lo que es mucho más grave aún, en vidas humanas.