El gobierno de Chávez convirtió a la empresa estatal en la herramienta central de su política, a través de la nacionalización de la explotación del petróleo y de la estrategia diplomática?

 

Los primeros cuatro años de la gestión de Chávez en PDVSA (1999-2003) fueron erráticos, con cuatro directores que se sucedieron en la compañía sin conseguir encauzarla. El propio Hugo Chávez confesaría luego al periodista Eleazar Díaz Rangel: “¿Cómo podía aceptar ser presidente de un país, Venezuela, y aquella vieja PDVSA, donde yo, presidente, no podía siquiera mover un gerente?”. Una semana después de la intentona golpista de abril de 2002, el mandatario decidió jugar su mejor carta al colocar al frente de la empresa a un peso fuerte de su administración, Alí Rodríguez, anterior ministro de Energía y entonces secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El “sabotaje petrolero” de diciembre de 2002 y enero de 2003 se convirtió en una pulseada entre el gobierno y los altos mandos gerenciales de PDVSA, que habían ejercido un control prácticamente absoluto desde su creación en 1975. Los dos meses de paralización casi total de la empresa provocaron una caída del 15,8% en el PBI venezolano durante el cuarto trimestre de 2002 y del 24,9% durante el primer trimestre de 2003.

¿FUGA DE CEREBROS?

“Tras el conflicto petrolero, PDVSA ha perdido a gran parte de sus técnicos y profesionales, que tenían mucha experiencia y conocimiento de la industria para la toma de decisiones gerenciales”, asegura el ex secretario general de la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE), Álvaro Ríos Roca, consultado por DEF. Un relevamiento de los más de 18.000 despidos que se produjeron muestra que el 28% de los trabajadores cesanteados contaban con más de 20 años de servicio. Las áreas más golpeadas fueron la Gerencia de Finanzas, con un 84% de sus profesionales despedidos, y el Departamento de Materiales, con el 74%. “El resultado es una compañía que todavía podrá extraer crudo del subsuelo por un tiempo, pero que sencillamente ha perdido su capacidad de realizar las tareas más sofisticadas que debe efectuar una empresa de categoría mundial, desde la planificación estratégica hasta la innovación tecnológica”, concluye el analista Francisco Toro en su artículo titulado “PDVSA sin cerebros”, publicado en mayo de 2003 por el portal VenEconomía.

Lejos de esta interpretación apocalíptica, Diego Mansilla nos brinda hace otra lectura de lo ocurrido. Si bien reconoce la pérdida de personal con experiencia, rescata que “por primera vez el Estado venezolano pudo recuperar el mando político de la compañía”. Según recuerda el investigador, que forma parte en nuestro país del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), la autonomía con que se manejaban los mandos gerenciales de la vieja PDVSA incluyó el diseño de una “arquitectura financiera y contable” con el objetivo de evitar lo que ellos consideraban un “despilfarro de divisas por parte del gobierno”. “Las ganancias de la empresa se iban licuando y no se pagaban dividendos a su dueño, el Estado venezolano”, agrega Mansilla, quien rescata el “importante rol social” que cumple la “nueva PDVSA” al financiar con sus recursos iniciativas como el Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País (FONDESPA) y las “misiones sociales” implementadas por el gobierno de Chávez.

“PDVSA ha asumido un rol rector paternalista”, opina en cambio Álvaro Ríos Roca. A juicio del ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia y actual director de la consultora Gas Energy Latin America, la prioridad de una compañía de este tipo tiene que ser la “gestión técnica y económica, que debe dejar recursos para recuperar inversiones, pagar los costos operativos y continuar reponiendo reservas y gestando producción”. “Después de cubrir estas necesidades –continúa– el Estado puede tomar excedentes para reinvertirlos en proyectos sociales, pero lo que no se puede hacer es meter mano a los ingresos y poner en riesgo la salud empresarial de PDVSA”. De acuerdo con información extraoficial, el actual pasivo de la compañía, considerando los intereses de la deuda a largo plazo, superaría los 25.000 millones de dólares. Ríos Roca es tajante al respecto: “La triste realidad es que hoy la política está por encima de la industria y eso no es bueno para Venezuela”.

EL CAMINO HACIA LA “NACIONALIZACIÓN”

En el marco de la legislación vigente desde 1975, se celebraron entre 1992 y 1997 un total de 32 convenios operativos entre PDVSA y petroleras privadas. Según sostiene el actual ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, “los convenios operativos fueron presentados a la opinión pública como una solución a la producción y el manejo de campos marginales”, pero en realidad la compañía estaba “privatizando sus actividades de producción de petróleo”. En su informe de 2005 ante la Asamblea Nacional, el funcionario continúa: “Los convenios operativos se estructuraron de manera que no pagarían regalías; de ésta se encargaría PDVSA. Al mismo tiempo, se estructuraron para que no pagaran tampoco el impuesto sobre la renta (ISLR) a la tasa petrolera, entonces de 67,7%, sino el ISLR a la tasa no petrolera de 34%, aparentando ser simples compañías de servicio”. Esto habría provocado “de manera deliberada, una masiva evasión de los impuestos petroleros”. En 2003, ya con Chávez en el poder, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) determinó que la tasa aplicable sería la petrolera, fijada actualmente en el 50%.

La Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en noviembre de 2001, puso fin a ese tipo de contratos y estableció que las actividades primarias (exploración, extracción, transporte y almacenamiento de hidrocarburos) quedarían reservadas al Estado. Se contempló la posibilidad de constituir empresas mixtas, con una duración máxima de 25 años prorrogables por otros 15, y en ellas el Estado debía tener una participación mayoritaria en el capital social, que se fijó en un 60% en la reglamentación de la norma. En mayo de 2006 se efectuó la migración de los viejos convenios operativos a empresas mixtas, con una participación del 60% por parte de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) –filial de PDVSA– y un 40% restante para las empresas extranjeras que aceptaron la nueva figura jurídica. Una normativa especial –el Decreto 5.200 de febrero de 2007– saldó el caso de las “asociaciones estratégicas” y de los “convenios de exploración a riesgo” de la Faja Petrolífera del Orinoco, un área de 55 mil metros cuadrados que concentra las mayores reservas mundiales de crudo extrapesado. Las únicas que se negaron a aceptar la nueva estructura contractual fueron las estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips, que decidieron retirarse de sus respectivos proyectos. Exxon mantiene un litigio judicial con el Estado venezolano, en tanto que ConocoPhillips prefirió la vía de la negociación y el arbitraje.

“La Faja del Orinoco es una zona con un alto potencial, pero requiere de mucha tecnología y de inversiones dantescas, que sólo unas contadas empresas a nivel mundial están en condiciones de realizar”, explica Ríos Roca, quien señala que actualmente los proyectos están “prácticamente detenidos”. Diego Mansilla, por su parte, advierte que existe un “plan político” de parte de Chávez, quien ha decidido que PDVSA sea el operador en todos los yacimientos que están en su territorio para “no depender de una empresa extranjera en una industria clave como es la petrolera”.

UNA NUEVA ESTRATEGIA REGIONAL

En el contexto de su estrategia de “soberanía petrolera”, PDVSA ha buscado en los últimos años expandir sus actividades en la región y buscar nuevas alianzas a nivel internacional. Así se entiende la conformación en junio de 2005 de Petrocaribe, un acuerdo de cooperación energética que reúne a Venezuela y otros 17 países de Centroamérica y del Caribe. En la práctica, a través de su filial PDV Caribe, la estatal venezolana los provee de petróleo y subproductos derivados en condiciones de ventajosas y con facilidades de pago a largo plazo. Por otra parte, en 2007 PDVSA constituyó con la estatal boliviana la empresa mixta YPFB Petroandina, que ya comenzó a realizar trabajos de exploración en ese país. Con Petroecuador existen desde 2006 acuerdos de intercambio de crudo ecuatoriano por combustibles venezolanos.

“Estos negocios no son significativos desde el punto de vista financiero”, admite Mansilla, quien de todas maneras rescata la estrategia de PDVSA de diversificar sus mercados, teniendo en cuenta las dificultades que le generaría al país la búsqueda de nuevos compradores ante el eventual deterioro de su relación comercial con EEUU. Cabe señalar que por el tipo de crudo (pesado) producido por Venezuela, no todas las refinerías están preparadas para procesarlo. Por eso se realizaron trabajos de ampliación y adaptación de las refinerías de Cienfuegos (Cuba) y están en curso obras similares en Kingston (Jamaica). Por problemas políticos internos, se encuentran retrasados proyectos similares en las refinerías de La Teja (Uruguay) y Villa Elisa (Paraguay).

“La unión de empresas estatales no funciona; es más para la foto que para avanzar con proyectos e inversiones”, afirma Ríos Roca. Para este analista, cuando opera fuera de sus fronteras una compañía petrolera nacional (national oil company o NOC) debe comportarse como una petrolera internacional (international oil company o IOC) si desea subsistir. De ahí, su escepticismo con respecto a PDVSA y su cuestionamiento hacia aquellas “iniciativas con características políticas e ideológicas”. Ante esta observación, Mansilla recuerda que ese tipo de acuerdos regionales son aún marginales en el conjunto de las actividades comerciales de PDVSA. “La empresa puede no ser lo rentable que hubiera sido con un manejo únicamente centrado en la ganancia –agrega–. Pero sigue siendo sólida y, si así lo necesitara, está en condiciones de obtener financiamiento en cualquier banco internacional porque cuenta con la capacidad de repago”.

Las condiciones políticas en que opera la actual PDVSA son diametralmente opuestas a las de una década atrás. Está claro, tanto para sus defensores como para sus detractores, que la empresa se ha convertido en una pieza fundamental de la revolución bolivariana. Así lo confirma el titular de la petrolera y actual ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, para quien “la nueva PDVSA es un instrumento de su pueblo, de su revolución”.