Divisiones políticas, fragmentación interna y el reciente default de su deuda externa obligan a pensar soluciones para salir de la crisis más profunda en el país de los cedros desde el final de la guerra civil.

La guerra civil que asoló el Líbano entre 1975 y 1990, que devino a su vez en un conflicto regional, tuvo su origen en los problemas políticos que ha afrontado Medio Oriente en los últimos 25 años del siglo XX: el conflicto palestino-israelí, las vicisitudes de la Guerra Fría, el nacionalismo, el panarabismo y el reverdecer del Islam político. Estos factores profundizaron los desacuerdos preexistentes en la dirigencia política y en las comunidades libanesas, impactaron en la división sectaria del poder, redefinieron también conceptos, como los de identidad nacional y justicia social, y modificaron las alianzas estratégicas del Líbano con sus vecinos.

Aunque la memoria de la guerra se mantiene latente en muchos libaneses, quienes, posteriormente, se han convocado para debatir acerca de ella y para generar niveles de concientización ciudadana, el conflicto ha continuado latente por otros medios. Prueba de ello son los periódicos y constantes enfrentamientos violentos que ha vivido el país desde 1990. En consecuencia, recordar, analizar y comprender la violencia descontrolada que sufre el país no debe ser solo un ejercicio o actividad académica, sino que, para los libaneses, debería ser una obligación si pretenden lograr la reconciliación definitiva. Solo así se podrán crear las bases para el surgimiento de un Estado soberano, libre y verdaderamente independiente, algo declamado por las distintas comunidades religiosas pero que, en la práctica, no se ha logrado porque los líderes sectarios no se han empeñado en conseguirlo.

El magnicidio del ex primer ministro sunita Rafik Hariri, ocurrido el 14 de febrero de 2005, la guerra de 33 días lanzada por el grupo chiita Hezbollah contra Israel en julio 2006 y la constante inestabilidad política en el país no han hecho más que aumentar, entre los libaneses, la percepción de que la violencia política es endémica y que sus dirigentes no solo no los han protegido, sino que, en la mayoría de los casos, han sido ellos los que, por acción u omisión, han propiciado esa situación.

Una región al borde la autodestrucción

El Líbano no es una anomalía en una región muy inclinada a la autodestrucción. El conflicto y la crisis actual, igual que la larga guerra civil de 15 años, han puesto al Líbano en rumbo directo de colisión y desintegración del Estado central y, tal vez, lleven incluso a la fragmentación de su territorio. Las instituciones públicas han sido intervenidas sectariamente y, en muchos casos, colocadas bajo control local, según la región y según el grupo religioso predominante, o bajo el comando de los caudillos locales.

El mismo Estado nacional se ha visto desbordado, en términos de atribuciones reales, por el aumento de poder de las entidades locales, por un lado, y por la supremacía de unidades políticas como la nación árabe, la umma (“comunidad”) islámica o la civilización cristiana, por el otro, lo que deja traslucir la influencia religiosa determinante para comprender la dinámica sociopolítica del país.

El Acuerdo de Taif, firmado en esa localidad saudita en 1989, fue posible por el agotamiento de los contendientes locales y tuvo la pretensión de pacificar el país y poner fin a la sangrienta guerra civil. Lamentablemente, fracasó rotundamente. Las condiciones allí establecidas eran favorables a la llamada “pax Siria”, lo que fortaleció la continuidad de la injerencia del régimen de los Assad en el Líbano. En el nuevo equilibrio de poder entre el Líbano y Siria, esta consideración arabista resolvió errónea y subjetivamente un asunto en extremo complejo, que tenía que ver con la identidad libanesa. Bajo la presión árabe islámica, el Líbano fue declarado una nación “árabe en pertenencia e identidad”. Así, la abundante historia fenicia y cristiana comenzó a ser suprimida. El Estado y sus instituciones no hicieron nada para evitarlo y, de esa forma, la grieta confesional y sectaria –que no había cicatrizado– continuó profundizándose.

Para librarse del grupo terrorista chiita Hezbollah –gran responsable, junto a otros actores locales, de los males actuales del Líbano– y convertirse en un verdadero Estado moderno, el país debería dejar de lado su estructura de poder confesional. Un país cuyo presidente debe ser siempre un cristiano maronita, su primer ministro un musulmán sunita y el presidente del parlamento un musulmán chiita tampoco puede funcionar cuando, dentro de sus instituciones, se ha creado un Estado paralelo e ilegal.

Eso es lo que ha hecho Hezbollah en el país de los cedros, donde no solo secuestró la voluntad y las decisiones del Estado, sino que hoy es más fuerte que el propio ejército libanés. Además, debido a la conocida ayuda que recibe de su mentor Irán, Hezbollah hace las veces de “ejército de ocupación khomeinista” en el Líbano.

Una manifestación durante el funeral de miembros de Hezbollah muertos en Siria da muestras del poder de penetración que ha logrado el grupo terrorista en el Líbano. Foto: AFP.

Federalismo y nuevo contrato social

Muchos libaneses debaten hoy cómo regresar al camino recorrido antes de la guerra civil. Para ello, inevitablemente, la dirigencia política deberá acompañar a la sociedad civil en la construcción de un nuevo “contrato social”. Ese nuevo acuerdo libanés deberá estar basado en la libertad y no depender de la tutela de Irán o de Siria ni de las armas ilegales de Hezbollah.

En definitiva, el Estado debe ofrecer justicia e igualdad a sus ciudadanos. Por ello, es primordial que el Líbano adopte un sistema federal de gobierno y deje de lado la tradición del poder sectario y tribal. La fórmula estructural del pacto de 1943, que hace las veces de Constitución nacional, definió la política libanesa y estableció el marco de coexistencia entre las comunidades cristianas y musulmanas dentro de un país por ese entonces libre, soberano e independiente de la influencia del terrorismo local y regional.

Para dejar atrás el atolladero actual, el Líbano debe reconsiderar ese pacto, que además ha sido violado en los últimos 50 años como consecuencia de las divergencias políticas locales, de la ocupación siria-iraní y del nacimiento y proliferación de grupos terroristas confesionales, que se convirtieron en verdugos de las instituciones democráticas libanesas.

El federalismo puede ser una opción, ya que ofrecería las bases fundacionales apropiadas para el desarrollo de un sistema político dinámico y permitiría la interacción entre las diferentes comunidades religiosas. La guerra y las ocupaciones sufridas en el pasado demostraron sus catastróficas consecuencias al dinamitar la coexistencia entre las comunidades religiosas, principalmente entre suníes y chiíes. Las soluciones políticas ofrecidas desde la comunidad internacional naufragaron en la indiferencia y el mantenimiento de los privilegios de las propias comunidades. Cada una de ellas insistió en mantener sus características distintivas, sean de orden ideológico, político, institucional o administrativo.

Occidente e Israel no configuran el problema del Líbano. Los problemas libaneses han sido los aspectos ideológico-confesionales que dieron por tierra con el mito de la sociedad unificada, social y culturalmente. Esta es hoy la realidad del Líbano. La ciudadanía deberá ser la que imponga su palabra. Ninguna solución llegará desde afuera.

En el convulsivo mundo actual, si los árabes desean resolver sus diferencias, es imprescindible que cambien las estructuras mentales, culturales, sociales y económicas. Aquellas personas que no comprendan esto y continúen aferrándose a la secta y a la tribu no tendrán opción, acabarán siendo gobernadas por sectarios y estarán condenadas a vivir de forma tribal.

*El autor de este texto es consultor experto en Oriente Medio, relaciones internacionales, seguridad y prevención del terrorismo. La nota completa en DEF 132.

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