La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que una de cada tres mujeres en el mundo sufre o ha sufrido algún tipo de agresión. La violencia de género ya es considerada una pandemia mundial. Por Patricia Fernández Mainardi

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En el artículo quince de la Constitución de 1853 se proclamaba que “en la Confederación Argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución, y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen”. Pasaron casi 160 años de esa declaración, la esclavitud como tal no existe, pero la igualdad tampoco.

La violencia de género es la constante amenaza a este derecho, que tenemos todos y todas, a la igualdad. Lo paradójico es que la mujer ha avanzado en el mercado laboral y tiene más participación en los diferentes ámbitos. Sin embargo, ante estos logros la violencia de género se potencia y la vieja premisa que pregona que en la práctica las cosas rara vez son lo que en teoría deberían ser, queda comprobada.

La Organización Mundial de la Salud determina que una de cada tres mujeres en el mundo sufre o ha sufrido algún tipo de agresión. Con solo encender el televisor, nos chocamos con una cultura en la que se promueve la violencia de género, en la que la mujer es destratada y cosificada; participando de la construcción de los estereotipos y prejuicios que llevan a limitar el rol de la mujer en la sociedad. Argumentos como “por algo la tratan así”, son naturalizados impunemente mientras que cada vez se registran más víctimas de violencia sexual, familiar y trata de personas con fines de explotación.

Un flagelo que no discrimina

La violencia contra la mujer es toda conducta, acción u omisión, directa o indirecta, pública o privada, basada en una relación desigual de poder que afecta la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Se trata de una violencia silenciosa, sin distinción de raza o situación económica. Afecta a todos y todas por igual pero, según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 80% de las víctimas son mujeres. Lo que se evidencia es que este ataque es consecuencia de la falta de igualdad de género existente en la sociedad.

Las mujeres son, en general, víctimas de violencia familiar, sexual y de trata de personas con fines de explotación. Además, tienen mayores dificultades para acceder al empleo y a puestos de decisión y, en términos generales, perciben salarios un 30% inferiores a los de los varones. Por otro lado, es importante relativizar el mito que sostiene que este flagelo sucede principalmente en los sectores más marginados. Solo para ilustrar la situación en la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los casos de violencia de género se registra en barrios como Palermo, Belgrano y Recoleta.

Derechos adquiridos

En la reforma constitucional de 1994, la Argentina incorporó las convenciones internacionales de Derechos Humanos, entre ellas la “Convención de Belém Do Pará”, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Como antecedente, también en 1994, la Argentina aprobó la Ley 24417 de Protección contra la Violencia Familiar, que establecía acciones y recursos a los que podía acceder una víctima de violencia familiar para preservar su integridad física. A partir de la denuncia de la víctima ante un juez, la autoridad redactaba un informe de riesgo que luego era evaluado durante una audiencia entre las partes. “El punto débil de esta ley es que no solucionaba el problema, solo establecía una medida para evitar, de forma momentánea, la situación”, explica el doctor Rodríguez, del Tribunal número 9. Por otro lado, la legislación concibe a la violencia como un asunto privado que solo sucede detrás de los muros. Hacia el año 1995 se sanciona la Convención Americana Contra la Violencia de la Mujer, a partir de la cual los países americanos se comprometen a prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, principalmente la violencia en el entorno familiar. A su vez, crea un comité de seguimiento para controlar el cumplimiento de lo establecido, con facultades para dictar recomendaciones generales.

Casi quince años después de aprobada la Ley de Protección Contra la Violencia Familiar, en 2010, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26485, actualmente en proceso de implementación. Se trata de una norma que interpreta la violencia contra las mujeres desde un enfoque integral y cultural. En su artículo segundo, tipifica que tiene por objeto promover y garantizar, entre otras cosas, la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los ámbitos de la vida, y el derecho a vivir una vida sin violencia.

La ley conceptualiza distintos tipos de violencia: violencia física (forma de maltrato que afecta la integridad física de la mujer); violencia psicológica (daño emocional que busca controlar acciones, comportamientos y creencias mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación y aislamiento; esta forma incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación); violencia sexual (toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de las amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio); violencia económica y patrimonial (que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer); violencia simbólica (la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad). Es importante destacar que la Ley 26485 aporta una concepción jurídica que ve la violencia ya no como un asunto privado, sino como un problema de derechos humanos de orden constitucional y público.

Romper el círculo

La violencia contra las mujeres recorre un círculo que suele comenzar con pequeños actos, incluso durante el noviazgo. “Al principio la violencia es muy sutil, básicamente psicológica. Durante esta etapa, los ataques a la subjetividad de la víctima suelen expresarse en celos, enojos infundados, humillaciones y críticas a sus deseos y elecciones. La mujer suele echarse la culpa sin poder detectar que está siendo víctima. La propia estima en general suele ser boicoteada por el ataque del otro”, detalló a DEF Analía Monferrer, directora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación. “En este momento es fundamental la ayuda de su círculo más cercano, para detectar esos signos. En general los hombres tratan automáticamente de aislar a la mujer del contexto que la rodea y acotar sus vínculos personales. A medida que pasa el tiempo, las agresiones se van incrementando hasta convertirse en físicas. Para la mujer, quien le pega es la pareja o un familiar, por eso se le hace difícil salir del círculo”, agregó.

Luego de la agresión física, sostienen los especialistas, comienza la etapa denominada “luna de miel”, caracterizada por el arrepentimiento del victimario. Este período, sin embargo, es transitorio porque “la violencia vuelve a presentarse y se hacen cada vez más frecuentes los ataques, lo que se traduce en una conducta agresiva que se reitera en períodos de tiempo más cortos”, dijo Silvia La Ruffa, directora de Coordinación de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

En todos los casos, es necesario un Estado que dé respuestas prácticas e inmediatas para salir de esa situación. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia creó la Oficina de Violencia Doméstica y poco a poco comienzan a sumarse a este proyecto provincias de todo el país. Solo en la Ciudad de Buenos Aires se atienden más de 70 casos por día.

Particular es el caso de la provincia de Buenos Aires, en donde funciona la Dirección de Coordinación de Políticas de Género. Allí se encargan de pensar las estrategias tanto de prevención como de asistencia. Esta dirección es la que tiene a su cargo las novedosas comisarías de la mujer. Se trata de 42 unidades policiales independientes, con personal capacitado en violencia familiar, que se encargan de dar contención y asesorar a la víctima, “cuentan también con un gabinete interdisciplinario integrado por abogados, trabajadores sociales y psicólogos, que dan contención y asesoramiento”.

Palabras que hieren

El lenguaje también puede ser violencia. Simbólica, pero violencia al fin, vinculada a estereotipos y expresiones con marcadas connotaciones sexistas y machistas. Silvia Chejter, autora del libro Lugar común, la prostitución, sostiene que la sociedad no suele cuestionar la prostitución y su condición de ritual masculino. “En un nivel discursivo, se suele decir que la mujer se prostituye, siendo la mujer el sujeto, pero el esclavo no se esclaviza. El sujeto es el prostituyente y las personas que son objeto de esa acción son las prostituidas”, explica. Los discursos son estructuras que exceden las palabras, decía el psicoanalista Jaques Lacan, manifiestan los deseos e ideología de la sociedad. En general, estamos habituados a expresiones patriarcales que subestiman o desvalorizan a la mujer.

Feminicidio

En la Argentina, 151 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidios entre enero y junio de 2011, según el informe de la Investigación de Feminicidios, elaborado por el Observatorio de Feminicidios “Adriana Marisel Zambrano”, y coordinado por la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”. El documento fue realizado sobre la base de noticias publicadas por las agencias Télam y DyN, y por más de cien diarios de circulación nacional. Hubo prácticamente un caso por día. “El feminicidio constituye la forma más extrema de violencia basada en el género y el dominio masculino. Es una forma de poder, dominación y control que los varones ejercen hacia las mujeres”, señala María Cristina Perceval, subsecretaria de promoción de Derechos Humanos. Antes de llegar a esta instancia límite, las mujeres suelen sufrir diferentes tipos de violencia.

Según la relación de la víctima con el victimario, los feminicidios pueden ser íntimos (aquellos asesinatos cometidos por hombres vinculados con la víctima), no íntimos (cometidos por hombres que no han tenido nunca vinculación), o sociales (que incluyen formas encubiertas de asesinar a las mujeres, como que se permita su muerte a causa de actitudes o instituciones sociales). Según este mismo informe, de las 151 víctimas del primer semestre de 2011, 58 fueron muertas por el esposo, compañero o novio y 27 por una ex pareja. Padres o padrastros son responsables por 7 de los crímenes, otros familiares, por 13. Solo en 32 casos registrados, el asesino no tenía vínculo aparente con la víctima.

Trata de personas y prostitución

El “Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”, ratificado por la Argentina, determina que “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana, y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”.

La trata de personas es un problema de crimen organizado, migratorio, de orden público y de derechos humanos, que sostiene, también, la violencia de género. “Cabe destacar que la trata también es un mercado que genera aproximadamente 10 mil millones de dólares, convirtiéndose en la tercera actividad ilegal que más ganancias genera junto con la venta ilegal de armas y de drogas”, detalla Perceval.

En el país, cada vez son más los casos de mujeres secuestradas para ser incorporadas al mundo de la trata, que a su vez está ligado al tráfico de personas. Los especialistas señalan que este delito debe ser manejado a nivel regional. Desde el año 2001, a través de la Ley 25632, la Argentina adhiere a la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y sus protocolos adicionales. Y en 2008, a partir de la sanción de la Ley 26364, el gobierno adhirió al “Protocolo de Palermo”, por el que las naciones se comprometieron a combatir el tráfico de personas.

Un informe del Departamento de Estado de los EE. UU. de 2004 señala a la Argentina como destino para la trata de personas con fines de explotación, principalmente mujeres y niños. La investigación también indica que Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Catamarca y Misiones son los lugares de origen de las mujeres que después pueden ser encontradas en Buenos Aires, Córdoba, entre otras ciudades. La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) señala que el delito de trata se cobra un 77% de víctimas mujeres, la mayoría de ellas menores de edad.

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires la prostitución es parte del paisaje urbano y rural, incluso rutero. Sin embargo, señala Silvia Chejter, para la mayoría de los entrevistados para su libro, los prostíbulos “no existen”. “La ceguera en este tema pareciera ser algo normal. La trata de mujeres con fines de prostitución tuvo un crecimiento alarmante en el país durante los últimos meses”, agregó.

Recientemente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 936, por el que se prohíben los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio. Este decreto persigue como objetivos: “Prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres.”

Temas pendientes

La violencia se naturaliza y esa naturalización conlleva sus riesgos. La potencia de la violencia de género reside en su naturalidad, que de tan instalada termina por dar visos de derecho adquirido a quien la ejerce. Si bien el vínculo entre el hombre y la mujer ha sido la primera relación natural, hay una contradicción irresuelta en términos de poder. Se trata de una batalla cultural que tiene que ver con un esquema de dominio familiar que distingue varón sobre mujer y adulto sobre niño. Según La Ruffa, en materia de violencia de género “las vergüenzas han sido quebradas pero queda aún un largo camino por recorrer en la búsqueda de una sociedad igualitaria en la que la violencia no sea tan frecuente ni socialmente legitimada”. La sociedad está debatiendo estos temas y nadie duda de que se trata de un proceso de aprendizaje que no debe ser subestimado.