La iniciativa plantea cambios en tres artículos de la Constitución e incluye desde licencias para explorar y explotar hidrocarburos hasta contratos de utilidad y producción compartida, lo que implica un cambio radical en la política energética del país.

El proyecto, que será enviado ahora a los congresos locales para su aval por contener modificaciones constitucionales, fue aprobado por 353 votos a favor y 134 en contra en la Cámara de Diputados. El Senado ya había dado su aprobación, con el voto favorable de 95 legisladores y 28 en contra. Según el PRD, la reforma permitirá la entrega de la riqueza energética a grupos extranjeros y, a la larga, derivará en aumentos de tarifas y precios, agotamiento prematuro de los hidrocarburos, despidos en la estatal petrolera Pemex y en la empresa de energía eléctrica y desabasto de gas, luz, gasolina y diésel. Por su parte, el Gobierno, el PRI y el PAN sostienen que esta reforma es imprescindible para seducir los ingentes capitales que necesita la industria para elevar la producción y disminuir la dependencia de las importaciones de gasolina y gas para suplir la creciente demanda interna.

VARIEDAD DE CONTRATOS

La producción de crudo de Pemex se ha reducido en una cuarta parte tras alcanzar un récord de 3.4 millones de barriles por día en 2004, pero para elevarla se necesitan miles de millones de dólares anuales dado que las mayores reservas están en aguas del Golfo de México.

La iniciativa energética representa la médula de una agenda de reformas lanzada por Peña para modernizar el país de casi 118 millones de habitantes y de los cuales alrededor de la mitad vive en la pobreza. Aunque aún faltan reglamentaciones, en el primer año de Gobierno han sido aprobadas varias reformas como la fiscal, de telecomunicaciones, financiera y educativa.

La reforma energética permitirá que Pemex se asocie con empresas privadas o éstas vayan en solitario o asociadas en modalidades que incluyen desde contratos de servicios; de utilidad o producción compartida o de licencias, para la exploración y extracción de crudo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos.

Por otra parte, se prevé como contraprestación por parte del Estado el pago en efectivo, para contratos de servicio; un porcentaje de la utilidad, para los de utilidad compartida; un porcentaje de la producción obtenida, para los de producción compartida; así como la transmisión de hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo, para las licencias.

¿DE QUIEN ES EL CRUDO?

El dictamen también ratifica que México seguirá siendo propietario de los hidrocarburos, pero permitirá a las empresas que reporten para efectos contables y financieros la asignación o contrato y beneficios esperados, siempre y cuando se afirme que los hidrocarburos son propiedad de la Nación.

Para algunos expertos el hecho de que las empresas reporten reservas de hidrocarburos en sus balances no equivale a que puedan reclamar su propiedad y que más bien obedece a reglamentaciones del mercado de valores de sus países.

Para otros, el lenguaje del proyecto de ley es vago porque no explicita cómo el operador podría reportar el beneficio económico esperado, en unidades volumétricas o en unidades monetarias. Los detalles deberían precisarse en las leyes secundarias, las cuales se esperan sean aprobadas en el 2014.

México nacionalizó en 1938 la industria petrolera y la soberanía y propiedad sobre los hidrocarburos siempre ha sido un tema álgido, que impidió reformas profundas al sector durante años e incluso fueron bloqueadas por el PRI cuando estuvo en la oposición entre el 2000 y el 2012.

La reforma también prevé la creación del llamado Fondo Mexicano del Petróleo para manejar la renta petrolera que será administrada por un fideicomiso en el banco central.

Respecto al sector eléctrico, la iniciativa propone que respecto a la transmisión y distribución de energía no se otorguen concesiones, pero que el Estado podría celebrar contratos con particulares en las demás actividades de esa industria.

Fuente: Reuters