DEF conversó con Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, para analizar el nivel de aplicación de la Ley de Bosques. Por Susana Rigoz
Aprobada a fines de 2007 y reglamentada en febrero de 2009, la Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos tuvo como objetivo primordial tratar de frenar una realidad catastrófica: el avance de la frontera agrícola, la ganadería y la tala indiscriminada de árboles nativos, que destruían los bosques, ecosistemas que no solo concentran más de la mitad de la biodiversidad del planeta, sino que también tienen un rol determinante en el clima, el mantenimiento de las fuentes de agua y la conservación del suelo.
El avance de la deforestación es un problema mundial y se estima que anualmente desaparecen 13 millones de hectáreas de superficie boscosa a nivel global, producto de que aunque casi una tercera parte de la superficie terrestre está cubierta de bosques -4000 millones de hectáreas-, de los que depende la subsistencia de alrededor de 1600 millones de personas, solo el nueve por ciento se encuentra protegida.
En el caso puntual de la Argentina, desde 1998 se perdieron a manos de la tala indiscriminada más de 2.500.000 hectáreas de bosques nativos. Lo que equivale a 280.000 hectáreas por año. Setecientas setenta, por día. Una, cada dos minutos.
La Ley de Bosques aprobada por el Congreso para intentar detener la deforestación -considerada el problema medioambiental más grave que tiene el país, que ya ha perdido el 70% de sus bosques nativos- y fomentar el desarrollo de actividades productivas sustentables, les exige a las provincias que realicen un ordenamiento territorial y categoricen sus áreas boscosas para determinar el valor de conservación y su posible aprovechamiento racional. Para ello, fija tres categorías. La primera determina los sectores que, debido a su alto valor de conservación, no deben desmontarse; la segunda, cuáles son las áreas que pueden utilizarse para un aprovechamiento sostenible como el turismo y la investigación científica; y la tercera circunscribe los lugares que, por su bajo valor de conservación, pueden ser transformados previa evaluación de impacto ambiental.
Como un incentivo para las provincias, la ley estableció el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, recursos económicos para el manejo sostenible de estas superficies boscosas y de los servicios ambientales que brindan.
Los más y los menos
La sanción de la Ley de Bosques en 2007 significó un avance sin precedentes en materia ambiental para nuestro país, pero también un logro significativo en la participación ciudadana, ya que la medida fue avalada por cerca de un millón y medio de firmas.
Entre los mayores logros de esta norma, se destaca el haber establecido un criterio común para las provincias y haber incorporado los derechos económicos y sociales de indígenas y pequeños productores rurales, miles de personas que viven en los bosques desde hace varias generaciones y utilizan sus recursos para la subsistencia.
Respecto al Ordenamiento Territorial de los Bosques, cuatro años después de su sanción, suman diecisiete las provincias que lo han realizado y refrendado mediante una ley interna (ver recuadro), aunque algunas fueron muy cuestionadas por no respetar determinados artículos y criterios establecidos en la norma nacional.
Un punto muy conflictivo en la aplicación de esta norma es el referido al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. “Pese a que la ley determina que este fondo no puede ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional -a lo que deberá sumarse un porcentaje de las retenciones a las exportaciones-, la realidad está muy distante de estos números. Durante 2008 y 2009, la ley no contó con los fondos correspondientes, recién en 2010 se incorporó una mínima suma de 300 millones de pesos, sustancialmente menor a lo que dicta la Ley de Bosques (además, una parte de estos fue reasignada para otros fines, como el Programa Fútbol para Todos) y en 2011, ante la falta de aprobación del presupuesto nacional por parte del Congreso, se repitió la partida del año anterior, por lo cual el fondo volvió a ser significativamente inferior a lo estipulado”, explica Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. En cuanto a 2012, la partida destinada en el proyecto de ley de presupuesto nacional es de “poco más de 267 millones de pesos, aproximadamente siete veces menor a lo establecido por el artículo 31 de la Ley de Bosques”. Consultado acerca del destino de estos fondos, Giardini explica que el 30% se emplea para fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que llevan adelante los pequeños productores rurales y las comunidades indígenas; mientras que el otro 70% se destina a compensar a los dueños de bosques que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
La realidad es que, pese a la aprobación de la ley, los desmontes ilegales y los incendios forestales continúan, producto de la ausencia de controles efectivos y de multas significativas, a los que deben sumarse los desmontes aprobados aceleradamente antes de la sanción de la ley.
Puesto a hacer una evaluación, Giardini destaca que, si bien en algunos casos se evidencian mejoras -“en el período posterior a la sanción, de diciembre 2007 a octubre de 2008, según los últimos datos oficiales, la deforestación en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Jujuy fue de un 50% menos que el promedio anual de deforestación que el país tenía previo a la sanción de la norma”-, pero en provincias como Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y Salta están “autorizando la realización de desmontes selectivos para la aplicación de sistemas silvopastoriles -manejo forestal y ganadería intensiva- en los bosques clasificados en la Categoría II, que no deberían permitirlo porque se trata de una actividad que no ha demostrado ser sustentable. Sin duda, los desmontes selectivos autorizados para la implementación de estos modelos constituyen una clara violación a la Ley de Bosques”.
El Impenetrable, un caso emblemático
Con alrededor de cuatro millones de hectáreas de bosques nativos ubicadas principalmente en el noroeste de la provincia del Chaco, más un sector en Salta, Formosa y Santiago del Estero, El Impenetrable alberga una riquísima biodiversidad y alrededor de 60.000 personas, en su mayoría indígenas, campesinos y pequeños productores, que encuentran en él no solo medicinas y alimentos sino también su fuente de sustento, en especial en lo referido a producción vacuna y caprina.
Pese a que estos bosques fueron clasificados en el Ordenamiento Territorial provincial en las categorías I y II que prohíben los desmontes, la región sigue sufriendo el avance de la ganadería intensiva. Giardini afirma que esto se debe a la aplicación de sistemas silvopastoriles que implican deforestación. “En la actualidad, Chaco cuenta con cerca de 2.600.000 cabezas de ganado, pero el Plan Ganadero Chaco fijó para 2015 llegar a los cinco millones de cabezas bovinas. Esta expansión en el corto plazo podría implicar, en un lapso un poco mayor, la fragmentación y desaparición de gran parte de El Impenetrable”, denuncia. Y sostiene que, en febrero de 2011, la provincia firmó un convenio con el Grupo Al-Khorayef para desarrollar un proyecto agrícola, ganadero y forestal en tierras fiscales de El Impenetrable, destinado a abastecer a Arabia Saudita. Este utilizará primero 60.000 hectáreas, que pueden alcanzar las 200.000, e incluye el desarrollo de infraestructura vial, energía eléctrica y riego, y recientemente el gobierno provincial lo reformuló, anunciando que se realizará mediante la Corporación Forestal (CorFor), una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria.
Para evitar el avance de este proyecto, que implicaría el desmonte de miles de hectáreas boscosas, la organización ambientalista Greenpeace reclamó al gobierno del Chaco bloqueando el avance de las topadoras y entregando al gobernador Jorge Capitanich fotografías que testimonian la deforestación. Como resultado de estas acciones, el mandatario provincial anunció la suspensión de los desmontes por 60 días. “Celebramos esta medida y continuaremos alertas, monitoreando la región hasta que se prohíban definitivamente los desmontes como lo indica la Ley de Bosques”, concluye el entrevistado.
