La Cámara de Representantes respaldó con 50 votos, ante 46 en contra, la normativa que busca regularizar el cultivo y expendio de marihuana.

El proyecto, de 44 artículos, incluye la producción de la marihuana bajo licencias entregadas por el Estado a privados, la entrega de hasta 40 gramos mensuales a los usuarios que se registren y el expendio de la droga a través de farmacias. También se establece la posibilidad de crear clubes de autocultivo de 15 a 45 miembros para acceder al cannabis, con el control de un ente a crearse, el Instituto Regulador del Cannabis (IRCA).

En las últimas semanas el voto definitorio había estado en duda por el silencio al que se llamó el diputado oficialista Darío Pérez, que había planteado varios reparos a la redacción original que luego fueron incorporados durante la discusión parlamentaria en comisión. Esas dudas se despejaron durante su intervención en el recinto, donde Pérez ratificó que acompañaba el proyecto y se basó en la disciplina partidaria y en las mejoras a la iniciativa, aunque describió a la marihuana como “una bosta”. “Queríamos un 100%, y en la negociación conseguimos un 85%”, destacó Pérez y detalló: “logramos que el Estado quede como Ente regulador e incorporamos un capítulo destinado a la salud”, precisó. De todos modos, Pérez marcó sus discrepancias con algunos puntos de la iniciativa y criticó la “improvisación” y la “mala comunicación” de la primera versión, al tiempo que pidió que se haga un “referéndum” para medir el apoyo de la ciudadanía y convocó a “un gran debate nacional” sobre el tema.

El diputado oficialista Luis Puig, en tanto, defendió que el artículo uno del proyecto establece como objetivos del Estado “proteger, promover y mejorar la salud de la población y reducir los riesgos y daños del uso de cannabis” y que por eso “es sustancialmente claro en cuanto a los propósitos planteados”.

Durante las más de 12 horas de debate, las intervenciones de la oposición marcaron fuertes críticas al proyecto, como el diputado del Partido Colorado Richard Sander, quien mostró un video con testimonios de adictos a drogas que recomiendan no legalizar la sustancia por considerarla “una puerta de entrada” a otras.

“Quiero demostrar la valentía de algunos jóvenes de mi departamento”, había anunciado el legislador antes de trenzarse en una polémica con Sabini, que desmintió el argumento del video y ratificó que la principal droga consumida en Uruguay es el alcohol, “que sigue siendo legal”.

La diputada nacionalista Verónica Alonso cuestionó durante su intervención que al tratarse de un consumo dañino “es peor el remedio que la enfermedad” y aseguró: “no podemos quedarnos de brazos cruzados mirando para el costado, escapando de las verdaderas causas de este problema”.

En soledad en su partido, el diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky argumentó a favor del proyecto de ley, pero explicó que no lo votaría por “disciplina partidaria” y calificó al consumo como “un acto de libertad sobre el que nunca, nunca, puede intervenir poder alguno, en tanto no comprometa a terceros”.

Por su parte, el nacionalista José Carlos Cardoso se expresó defendiendo la necesidad de regular el mercado y apoyó algunos aspectos del proyecto, aunque cuestionó que el tratamiento parlamentario de la iniciativa se haya centrado casi exclusivamente en los aspectos sanitarios y tampoco acompañó la iniciativa.

Desde las gradas, siguieron la sesión desde temprano organizaciones sociales que promueven el consumo responsable junto a senadores y militantes del oficialismo en apoyo al proyecto que será girado al Senado, en donde la bancada frenteamplista también espera ratificar la ley “antes de fin de año”.

Según cifras de la Junta Nacional de Drogas, el 20% de los uruguayos de entre 15 y 65 años consumió marihuana alguna vez en su vida y el 8,3% la consumió en el último año.

Fuente: Télam