En el contexto de un país muy polarizado, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) regresa al poder. ¿Cuáles son los mayores retos políticos, sociales, económicos y ambientales que deberá enfrentar este veterano exdirigente sindical que llega por tercera vez al Palacio del Planalto? Por Mariano Roca
Brasil, el gigante sudamericano y la duodécima economía del planeta, enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia. Apenas 2,1 millones de votos, de un universo total de 118,5 millones, separaron al vencedor, Luiz Inácio Lula Da Silva, del mandatario saliente, Jair Bolsonaro, en el balotaje del pasado 30 de octubre. La diferencia entre los dos candidatos fue de solo 1,8 puntos porcentuales, la más exigua desde el retorno de la democracia en 1985. El contraste entre los grandes estados del sudeste, volcados a favor de Bolsonaro, y los conurbanos de las grandes ciudades y las populosas zonas del nordeste y del norte del país, históricos bastiones electorales de la izquierda, quedó más patente que nunca. Solo Minas Gerais, un estado que suele marcar el termómetro electoral del país, mostró una paridad casi absoluta entre los dos contendientes, con una luz de diferencia a favor de Lula.
El regreso del líder del Partido de los Trabajadores (PT) al Palacio del Planalto lo convertirá en el jefe de Estado más longevo en el cargo desde los tiempos del legendario Getúlio Vargas, quien ocupó la Presidencia de Brasil durante 18 años. Lula vive su retorno al poder como una verdadera “resurrección política” y una reivindicación personal tras los 19 meses transcurridos en una prisión de Curitiba entre abril de 2018 y noviembre de 2019, lo que él atribuye a una “persecución política, judicial y mediática”.
De todos modos, el momento del festejo ya quedó atrás. Las urgencias están a la orden del día y exigirán respuestas inmediatas a partir del 1º de enero de 2023. “No existen dos Brasiles; somos un único país, un único pueblo, una gran nación”, afirmó el mandatario electo en la noche del triunfo, en un intento por cerrar las heridas luego de una campaña electoral cargada de descalificaciones, agravios e insultos.
POBREZA Y PLANES SOCIALES, EN EL BARRO ELECTORAL
Uno de los principales caballitos de batalla de Lula durante la campaña fue el éxito de la política social durante sus dos gobiernos, simbolizada en su programa Bolsa Familia, creado en 2003 y que permitió sacar de la pobreza extrema a 24 millones de brasileños e incorporar a la clase media a unas 30 millones de personas. “Nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez”, aseguró durante la campaña, frente a la insistencia de Bolsonaro de que en Brasil nadie pasa hambre gracias a la ayuda económica del Estado. Los datos de la reciente encuesta nacional sobre inseguridad alimentaria, sin embargo, señalan que 33,1 millones de brasileños (15,3% de la población) no logran satisfacer sus necesidades nutricionales más elementales y que, en números globales, 152,2 millones de brasileños sufren algún nivel de inseguridad alimentaria, lo que implica un incremento del 60% respecto de 2018.
Lo cierto es que el COVID-19 provocó un cimbronazo en las franjas más carenciadas del país. Según un estudio de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), en base a datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en 2021 había 62,9 millones de habitantes con un ingreso menor a los 497 reales mensuales (97 dólares), lo que significa que el 29,6% de la población del país se ubicaba por debajo de la línea de la pobreza. De acuerdo con el “Mapa de la nueva pobreza” de la FGV, entre 2019 y 2021 el número de pobres en el país sufrió un incremento de 9,6 millones. Como dicen los autores del trabajo, “casi un Portugal de nuevos pobres surgidos a lo largo de la pandemia”, en referencia al país luso que tiene una población total de 10,3 millones.
En los meses más duros del coronavirus, el gobierno de Bolsonaro lanzó el denominado Auxilio Emergencial, una asignación mensual de 600 reales (poco más de 110 dólares) implementada en abril de 2020 y destinada a los sectores más vulnerables, que se relanzó posteriormente, entre abril y octubre de 2021, con un monto menor: 250 reales (45 dólares). Finalmente, en diciembre del año pasado, se puso en marcha un nuevo programa destinado a reemplazar al Bolsa Familia: el Auxilio Brasil, una ayuda mensual de 400 reales (algo más de 70 dólares) destinada a unas 18 millones de familias. En una de sus habituales chicanas políticas, durante uno de los últimos debates televisados con Lula, el actual mandatario afirmó que con su flamante programa social se puede comprar “tres veces más picanha” que con el plan estrella del PT. El partido de Lula, por su parte, enrostró a Bolsonaro haber mantenido congelado el monto del Bolsa Familia durante los últimos tres años y haber lanzado el nuevo plan con un mero fin electoralista. La gran pregunta que flota en el ambiente es qué hará Lula con el Auxilio Brasil y, en caso de mantenerlo, cómo maniobrará para no superar el límite del gasto público, establecido por una enmienda constitucional votada a fines de 2016.
LA ECONOMÍA, UNA GRAN INCÓGNITA
El otro gran interrogante es, justamente, el de la economía, ya que durante la campaña Lula evitó dar precisiones sobre su política en esa materia. Ya no son años de bonanza para Brasil, que registró entre 2011 y 2020 su peor performance en los últimos 120 años, al registrar un crecimiento acumulado de su PBI de apenas el 0,3%. El desequilibrio fiscal también es preocupante y lo mismo ocurre con el incremento de la deuda pública. Tal como señalaba el expresidente del Banco Central del vecino país, Armínio Fraga, en un artículo publicado en marzo de este año en la revista Finanzas & Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional (FMI), “la dinámica de la deuda [ externa ] se torna preocupante: desde un mínimo del 53% del PBI en 2014, el coeficiente trepó al 89% en 2020 y actualmente se sitúa en un 83%, gracias a tasas de interés bajas en respuesta a la recesión y a un inflación inesperadamente elevada”. Su perspectiva es que “ahora que las tasas han vuelto a subir, el coeficiente de endeudamiento reanudará su tendencia alcista e insostenible”.
Sin embargo, no está claro que Lula esté dispuesto a una drástica reducción del gasto público. Lejos de la tímida política de privatizaciones impulsada en los últimos cuatro años por el ministro Paulo Guedes, el presidente electo ya adelantó que buscará retomar el control estatal de Eletrobras –el actual gobierno redujo la participación estatal del 72% al 45% y recaudó 33.700 millones de reales (unos 6855 millones de dólares) por su salida a la Bolsa en junio pasado– y dijo que frenará el proceso de privatización de la empresa postal Correios, que se encuentra en estudio en el Congreso. “Vamos a atraer inversiones directas, no para que compren nuestras empresas públicas porque no vamos a privatizarlas. Queremos que el dinero extranjero venga a invertir en cosas nuevas para generar más producción, más riqueza y más crecimiento económico”, afirmó el líder del PT.
LA AGENDA AMBIENTAL VUELVE A ESCENA
“Lo que está en juego en Brasil es una cuestión de supervivencia del planeta”, aseguró, además, Lula durante la campaña. “Estamos luchando a favor de los valores civilizadores contra un egoísmo desenfrenado”, agregó, en referencia al triste récord de los últimos tres años, cuando, según cifras del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) brasileño, al área deforestada en el Amazonas superó los 34.000 kilómetros cuadrados. En octubre del año pasado, la ONG All Rise presentó una denuncia contra el gobierno brasileño de Jari Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el supuesto “ecocidio” que se estaría cometiendo en uno de los últimos pulmones verdes del planeta. Bolsonaro, por su parte, hizo de la defensa de la soberanía brasileña sobre esa región uno de los caballitos de batalla de su administración y llegó a confrontar abiertamente con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien había propuesto en 2019 un “estatuto internacional” sobre la selva amazónica para evitar que “un Estado soberano adoptase medidas claramente contrarias al interés de todo el planeta”.
En su programa electoral, Lula se comprometió con el objetivo de “deforesetación cero” en la Amazonia y con el fortalecimiento de órganos como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la Fundación Nacional del Indio (Funai), encargado de la protección de las poblaciones aborígenes del país. “Brasil volverá a liderar con el ejemplo y asumirá nuevamente el protagonismo en la escena ambiental internacional”, aseguró la exministra y excandidata presidencial, Marina Silva, quien se sumó al equipo de campaña de Lula en estas elecciones luego de más de una década de enfrentamiento con el líder del PT.
La recuperación de los estándares del Acuerdo del Clima de París y otros compromisos globales no es solo una cuestión ambiental. También se juega la reputación del país y la posibilidad de avanzar en la concreción del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), paralizado por la fuerte presión de grupos ecologistas del Viejo Continente. El mandatario electo se comprometió a retomar este importante tratado comercial, aunque matizó que tanto ni su país ni la Argentina abdicarán de su “derecho a reindustrializarse” y seguirán defendiendo los intereses de sus sectores manufactureros.
Los desafíos serán múltiples y complejos para el veterano líder político que iniciará el próximo 1º de enero su tercer mandato presidencial. La polarización política, las divisiones sociales y las múltiples demandas del electorado obligarán a Lula a recurrir a su experiencia política y a sanar las heridas de la campaña electoral más tensa y reñida de la historia brasileña.
El artículo completo puede leerse en la revista DEF Nº 146.
