El mapa del tráfico ilícito de estupefacientes coloca a América Latina en una zona caliente del planeta. DEF reconstruye el rompecabezas de un fenómeno que atraviesa fronteras y  pone en jaque la autoridad del Estado a lo largo del continente.

De acuerdo con el Informe Mundial de Drogas 2013, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), unos 315 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron algún tipo de sustancia ilícita a lo largo del último año. Dentro de ese universo, el número de drogadependientes se ubicaría en torno a los 39 millones. Aunque la marihuana sigue siendo por lejos la droga de mayor consumo, con un público usuario de alrededor de 230 millones de personas; la preocupación central de los gobiernos latinoamericanos, de EE.UU., de Europa y de las agencias internacionales gira en torno a la cocaína, que cuenta con un mercado de unas 20 millones de personas.

Siempre siguiendo las cifras de la UNODC, más de la tercera parte de los consumidores de cocaína se encuentra en EE.UU. y una cuarta parte de los usuarios se localiza en Europa. Ahora bien, la producción de esta droga requiere de un insumo básico, la hoja de coca, cuyos cultivos se concentran en los países andinos, más precisamente en Bolivia, Perú y Colombia, donde también se encuentran los laboratorios para la elaboración de la droga. Existen, según el informe, “indicios de que mientras el mercado de EE.UU. seguía proveyéndose casi exclusivamente de cocaína producida en Colombia, en los mercados europeos se produjo un desplazamiento a partir de 2006 que compensó, al menos parcialmente, la escasez de cocaína producida en Colombia con cocaína fabricada en Bolivia y en Perú”. La UNODC señala, asimismo, que estos dos últimos países han pasado a ser “importantes fuentes de cocaína para los mercados ilícitos de Brasil y los países del Cono Sur”, aunque “una parte de la droga transportada a Brasil posteriormente se envía de contrabando a África (sobre todo al África occidental y meridional) para luego ser encaminada a Europa, su destino final”.

Consultado por DEF, el abogado peruano Ricardo Soberón, ex presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y actual director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), sostiene que “el narcotráfico alrededor de la cocaína evoluciona permanentemente en el territorio de América del Sur, respondiendo a los intentos por contenerlo por parte de la UNODC, de EE.UU., la Unión Europea y los nuevos actores de integración sudamericanos”. En cuanto a los cultivos de coca, asegura que “éstos continúan dispersándose y fragmentándose, corriendo su extensión hacia la Hoya Amazónica (donde comparten límites Colombia, Perú y Bolivia) y hacia las zonas de frontera con el Brasil”. Pone como ejemplo el rol que han asumido los países centroamericanos como “espacio de tránsito de la droga” y la importancia del Cono Sur como “nuevo corredor geográfico y económico de la PBC (pasta base de cocaína) desde el VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene, en la selva central del Perú) hacia las ciudades brasileñas”.

LAS CLAVES DEL NEGOCIO NARCO

“La droga per se no debería ser rentable”, afirma, en diálogo con DEF, el experto colombiano Ricardo Rocha García, economista de la Universidad del Rosario de Bogotá y autor de numerosas investigaciones acerca del fenómeno del narcotráfico en su país. Este especialista explica que se trata “un negocio sumamente simple, de muy baja tecnología, cuyos insumos son básicamente dos, la violencia y la corrupción”. “El misterio consiste en sacar a los competidores del mercado y apropiarse de las rutas”, añade este investigador, quien explica que los narcos buscan establecer “santuarios” para su operación y utilidades. En su libro Las nuevas dimensiones del narcotráfico en Colombia, este autor puntualiza que “durante las últimas dos décadas, la oferta y la demanda de cocaína (medida como el consumo más los decomisos) se han movido estrechamente, con una tendencia creciente que ha permitido doblar el volumen del mercado, a expensas de reducir su valor”.

En un trabajo publicado en julio de 2010, el economista Daniel Mejía y el estudiante Daniel Rico, ambos de de la Universidad de los Andes, analizan la “microeconomía” de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia y describen los sistemas utilizados por la guerrilla de las FARC y otros grupos ilegales. “Bajo un primer esquema –explican– estos grupos venden la cocaína en la puerta de laboratorio a los narcotraficantes, que se encargan de recoger el producto en aeronaves o embarcaciones fluviales en las selvas de Colombia para transportarla fuera del país”. Una opción alternativa, utilizada  más recientemente, implica una “alianza estratégica de riesgo compartido”. En cuanto a la logística y los tiempos de transporte, los autores apuntan que “mientras que por la ruta hacia Norteamérica un cargamento puede tardar unas pocas semanas en llegar a su destino final (ocho semanas aproximadamente), la ruta por Europa toma mucho más tiempo (seis meses aproximadamente). Con esto, a pesar de que el precio de venta en Europa es mucho mayor, los costos son mucho más altos y el envío tarda más tiempo”.

Por su parte, el ex presidente de la Comisión Antimafia del Parlamento italiano, Francesco Forgione, menciona en su libro Mafia export el volumen de la riqueza producido por el “ciclo de la coca” a nivel global: “Al comprarla a los productores colombianos o bolivianos, un kilo de coca cuesta, como media, entre 1200 y 1500 euros. Cuando se vende al por mayor, el precio de la misma cantidad se dispara a los 40.000 euros. Aplicando el cálculo a los datos proporcionados por la ONU para el año 2008, las 994 toneladas producidas en Sudamérica deben multiplicarse por cuatro o por cuatro y medio –el factor correspondiente al paso de la cocaína pura a la cortada–; si utilizamos la segunda de las proporciones obtenemos una cifra de 4.473 toneladas introducidas en el mercado mundial. Si luego se considera que en la venta al por menor la cocaína se vende a una media de 70 euros el gramo, la ganancia será al final de cerca de 313.110 millones de euros. Si tenemos en cuenta el paso del productor al mayorista, y luego el trapicheo al por menor, y añadimos algunos costos fijos de intermediación, podemos estimar que, en un año, sólo el mercado de la cocaína produce un volumen de negocio equivalente a 354.661 millones de euros, o 465.989 millones de dólares estadounidenses”.

De todos modos, el Informe Mundial de Drogas precisa que las ganancias derivadas del tráfico de cocaína disminuyeron notablemente en los últimos años. “En valores constantes del dólar de EE.UU. en 2009, las ventas mundiales de cocaína se redujeron en casi la mitad entre 1995 y 2009, de 165.000 millones de dólares a 85.000 millones (margen de variación: 75.000 a 100.000 millones de dólares)”. En cuanto a su incidencia en el volumen de ingresos generado por el crimen organizado, según la UNODC, en 2009 las drogas representaron aproximadamente una quinta parte del producto del delito a nivel mundial.

LA REGIÓN ANDINA, EN EL OJO DEL HURACÁN

Según el último monitoreo de la UNODC, la superficie cultivada de hoja de coca en los países andinos asciende a 133.700 hectáreas, de las cuales 60.400 a Perú, 48.000 a Colombia y 25.300 a Bolivia. Cabe destacar que en los últimos trece años Colombia logró reducir en un 70% el número de hectáreas cultivadas, al pasar de 160.000 en 1999 a las actuales 48.000. Mientras tanto, en el mismo período, Perú vio aumentar su propia superficie cultivada en un 35,9%, al pasar de 38.700 hectáreas a las actuales 60.400; en tanto que los cultivos de coca en Bolivia se incrementaron en un 16,05%, al pasar de 21.800 a 25.300 hectáreas. Existen divergencias entre las cifras de la UNODC y del Departamento de Estado de EE.UU. en lo que se refiere a la producción potencial de cocaína de Colombia, que según el organismo de la ONU asciende a 345 toneladas métricas, mientras que para EE.UU. se limita a 175 toneladas métricas. Mientras tanto, para EE.UU. Perú sería el mayor productor de cocaína pura, con 290 toneladas métricas. Bolivia, por su parte, contaría una producción potencial de 155 toneladas métricas.

Citando datos de diferentes informes de la UNODC, Ricardo Rocha García recuerda que hacia mediados del siglo pasado Bolivia y Perú eran los únicos grandes cultivadores de hoja de coca. “La creciente demanda de cocaína en EE.UU. y Europa durante los años setenta fue atendida a través de un puente aéreo con los cultivos de coca de Perú y Bolivia, que tenía como centro de consolidación de carga a Colombia, donde se propició la maquila de la base de coca para apropiarse del valor agregado de la extracción del alcaloide e incursionar en el mercado mayorista”, recuerda este investigador, quien añade que “durante la década de los ochenta las mafias colombianas llegaron a controlar más de la mitad del abastecimiento del mercado”. Fue la época de oro de los Carteles de la droga y del poder casi omnímodo de Pablo Escobar Gaviria (Cartel de Medellín) y de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela (Cartel de Cali).

Este panorama sufrió importantes modificaciones durante la primera mitad de los noventa, cuando las políticas implementadas contra el narcotráfico cambiaron la “geografía de la distribución y la inserción de los países involucrados”. “Las rutas de exportación de los años ochenta a través del Caribe y el Golfo de México, con predominio de los Carteles colombianos, fueron desmanteladas a mediados de la siguiente década”, puntualiza Rocha. La desarticulación de los Carteles por parte del Estado colombiano y la política de interdicción aérea determinaron, entonces, “el retorno de la operación mayorista de la comercialización de cocaína a sus tenedores naturales, las mafias mexicanas, que reasumieron ese papel protagónico”. “Actualmente la cocaína se despacha por mar hacia Centroamérica y México, donde hace tránsito terrestre hacia Norteamérica”, concluye este analista, quien no deja de advertir que el mercado europeo ha ganado importancia en los últimos años “mediante la proliferación de rutas a través de todo el hemisferio, con escala en la Península Ibérica, Holanda, África Occidental y los Balcanes”.

A partir de la segunda mitad de la década del noventa, el despliegue por parte de Perú y Bolivia de programas de interdicción aérea y de erradicación de cultivos quebraron el puente aéreo y la provisión del insumo clave –la hoja de coca– a Colombia. Así fue como se inició la expansión de los cultivos en Colombia, a contramano de las condiciones ambientales, pues –como aclara Rocha– las variedades desarrolladas en suelo colombiano daban productividades inferiores a las de Bolivia y Perú, lo cual obligó a buscar una mayor expansión del área cultivada y a introducir mejoras tecnológicas para optimizar su rendimiento. La desaparición de los grandes Carteles colombianos abrió una nueva fase en esta historia y representó, a juicio de Ricardo Rocha, “una disminución significativa en la apropiación de valor” por parte de las organizaciones de narcotraficantes de ese país, que “ha quedado confinado al eslabón productivo, como proveedor de los operadores extranjeros del mercado mayorista”.

En ese nuevo escenario, analiza el propio Rocha en su trabajo Antecedentes y perspectivas del narcotráfico en Colombia, “las guerrillas y los grupos paramilitares encontraron una fuente de financiación en los impuestos a los cultivos y a la exportación, lo que les permitió una mayor acción militar entre ellos y contra el Estado, lo cual explica la escalada del conflicto interno y los magros resultados de las políticas de control de cultivos”. Fue en ese preciso momento, hacia fines de 1999, que dio inicio el denominado “Plan Colombia”, una estrategia exitosa en cuanto a la erradicación de cultivos pero que no pudo avanzar en mejoras sociales ni en transformaciones para la población afectada por estas actividades. “Esta estrategia de choque se quedó en medidas de garrote”, analiza este experto, quien lamenta que “no se haya podido lograr un turning point mejorando las condiciones de vida de los habitantes de zonas rurales, que no son únicamente víctimas de la pobreza, sino que se encuentran en una situación de fragilidad frente a los grupos criminales armados”. Estos últimos ya no son los viejos y temidos Carteles, sino nuevas bandas criminales, conocidas en Colombia como “Bacrim”, que cuentan con “un esquema de operación urbano que aprovecha la informalidad y marginalidad”.

EL CONO SUR: DE ZONA DE TRÁNSITO A CRECIENTE MERCADO DE CONSUMO

¿Qué ocurre, mientras tanto, en nuestro país? Consultamos a Adriana Rossi, especialista en narcotráfico e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Argentina siempre ha sido una ruta secundaria del narcotráfico –señala–. En los últimos tiempos se han producido modificaciones en la estructura misma de las organizaciones y en lo que se refiere al control de determinadas rutas, lo que ha llevado a las organizaciones responsables del tráfico de drogas a buscar rutas más seguras”, agrega. Entre esas nuevas rutas, destaca una que va desde las zonas productoras de coca de Colombia, Perú y Bolivia hasta Paraguay y desde allí, a Brasil, Argentina y Uruguay. Desde el Cono Sur, parte de la droga se embarcaría directamente hacia Europa y otra parte tomaría una nueva vía de tránsito hacia África Central, desde donde se desviaría hacia los mercados consumidores en Europa y Asia.

Al preguntarle respecto del rol que desempeña Argentina en este nuevo mapa de la droga, Rossi recuerda que, al margen de ser una ruta de tránsito, desde hace ya muchísimos años somos un “mercado de consumo”. Aclara, de todos modos, que “la violencia que se está desarrollando en este momento en la Argentina no está determinada por la presencia de los narcos colombianos y mexicanos. Se trata, más bien, de una violencia entre bandas por el dominio del territorio”. Esta experta se encarga de dejar muy en claro que no podemos convertirnos ni en Colombia ni en México: “No somos Colombia porque no tenemos cultivos y no existen en el país fenómenos como la guerrilla y el paramilitarismo; es decir, no tenemos una trama de confrontación ni un conflicto interno que pueda ser aprovechado por los narcotraficantes para expandirse. Tampoco somos México porque no tenemos una frontera común con EE.UU”.

Es innegable, sin embargo, que el mercado de consumo local ha ido creciendo y que logra abastecerse gracias a la producción de “cocinas artesanales”, ubicadas en los alrededores de la Capital Federal y en las zonas de frontera, donde –aclara Adriana Rossi– “es mucho más fácil importar la pasta base que la cocaína”. “La situación de la Argentina –sintetiza– podría asemejarse, en todo caso, con lo que sucede en Brasil, con las bandas de narcotraficantes que compiten entre ellas por el dominio de las bocas de expendio instaladas en las favelas de Río de Janeiro y San Pablo”. Los ejemplos típicos, aunque la dimensión del fenómeno no tenga hasta el momento punto de comparación con nuestro país, son el histórico Comando Vermelho, activo en Río de Janeiro, y el Primeiro Comando da Capital, presente en San Pablo, ambos surgidos de las cárceles y convertidos en verdaderas confraternidades dedicadas al delito.

POLÍTICAS ANTINARCÓTICOS: ¿HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA?

Luego de décadas de combate al narcotráfico centrado casi exclusivamente en la vía militar, comienza lentamente a abrirse en la región un debate sobre la necesidad de un cambio de rumbo para enfrentar este flagelo. En febrero de 2009, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia –presidida por los ex mandatarios César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso– dio a conocer un documento en el que se planteaba un nuevo paradigma: “Tratar el consumo de droga como un tema de salud pública y promover la reducción de su uso para focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes”. Los ejes principales de la propuesta eran cinco: por un lado, transformar a los adictos en pacientes del sistema de salud; en segundo lugar, evaluar la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal; como tercer punto, reducir el consumo de drogas a través de campañas innovadoras de información y prevención; como cuarta medida, focalizar las estrategias represivas en la lucha contra el crimen organizado; y, finalmente, reorientar las estrategias de represión del cultivo de plantas como la coca, atendiendo la tradición ancestral de su uso y promoviendo medidas para que la producción se ajuste estrictamente a ese tipo de consumo.

Este cambio de enfoque, paradójicamente, es defendido incluso por mandatarios ubicados ideológicamente en el campo conservador, como el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y el colombiano Juan Manuel Santos. “Precisamente debido a los fracasos ocurridos en cada uno de estos países, estos gobiernos solicitan a la comunidad internacional asumir que hemos fracasado en el control de este mercado ilícito”, apunta, desde Perú, Ricardo Soberón, quien considera que este cambio de actitud trae consigo “un viento fresco que ha removido las vetustas estructuras de un régimen incoherente, simbólico, basado en el control punitivo”. No deja de lamentar que los gobiernos “supuestamente progresistas” no hayan asumido ese mismo compromiso en el sentido de replantear las políticas antinarcóticos en la región. “La presión externa es muy fuerte y el rol que juegan la ONU y EE.UU. todavía pesa en el plano hemisférico”, explica este experto, quien espera cambios a nivel local y nacional pero no se hace grandes ilusiones con un nuevo paradigma en la lucha contra las drogas a nivel continental.

Quien también ha planteado públicamente su propuesta de una “nueva hoja de ruta” en el combate a las drogas es el economista colombiano Francisco Thoumi, gran conocedor del tema y actual miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFA). En una carta abierta al presidente de su país, publicada en noviembre de 2011, le reconoció a Juan Manuel Santos “su valentía al expresar la necesidad de reprensar las políticas contra las drogas” y lo alentó a negociar cambios sustantivos al régimen vigente en la materia dentro de Naciones Unidas y no bilateralmente con EE.UU. “Si se acepta que el problema fundamental es de gobernabilidad, las políticas represivas deben concentrarse en atacar la criminalidad, es decir, las redes del narcotráfico, en lugar de atacar el eslabón más débil políticamente, los campesinos cocaleros”, manifestó Thoumi en su misiva al primer mandatario, al tiempo que vaticinó que los mercados de drogas psicoactivas “llegarán a ser regulados y controlados aceptando como legítimos algunos usos no médicos o de investigación científica, posiblemente cuando se desarrollen controles sociales o tecnologías que neutralicen los costos de las adicciones”.

El problema ha quedado planteado. La solución a este flagelo requiere, a juicio de los principales expertos en el tema, de una mirada innovadora. La acción coordinada de los gobiernos de la región y la cooperación entre las agencias locales e internacionales será fundamental para concentrarse en el combate contra el eslabón más fuerte de la cadena, las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas, que controlan un mercado que genera cada año miles de millones de dólares y siembra de violencia buena parte de nuestro continente.