La última década se caracterizó por el ascenso y la consolidación de grandes grupos locales en el sector energético, en el contexto de un modelo caracterizado por una fuerte presencia del Estado, tarifas subsidiadas y una reacción de la inversión extranjera. Analizamos los casos de Pampa Energía y del Grupo Bridas.
El fin de la convertibilidad y la declaración de la emergencia pública, a comienzos de 2002, tuvo un fuerte impacto en el sector energético. La puesta en marcha de un nuevo esquema de regulación estatal provocó una alteración de las condiciones que habían impulsado el ingreso de grandes capitales internacionales en este mercado en la década del 90. “Luego de la devaluación se evidenciaron algunas modificaciones en lo que respecta a la composición de la propiedad de las empresas del sector, básicamente una ‘argentinización’ de las compañías, dado que en algunos casos los dueños extranjeros decidieron alejarse de la actividad en la Argentina y, en otros, eligieron tener socios locales con capacidad de presión en sectores decisores”, señalan Diego Margulis, Nadab Rajzman y Andrés Tavosnanska en su trabajo “El regreso del Estado a la planificación energética”, publicado en 2011 por la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA) y la Fundación Friedrich Ebert (FES).
UN MERCADO FUERTEMENTE REGULADO
El caso del mercado eléctrico es ilustrativo para entender la transición de un modelo desregulado a otro en el cual el Estado se encarga de la fijación de los precios y márgenes de rentabilidad de los privados. El nuevo esquema, que los investigadores Diego Margulis y Leonardo Calabresi definen como de “inversión dirigida”, se caracteriza por inversiones que, si bien son realizadas a partir de los beneficios obtenidos por las empresas privadas, no son puramente genuinas ya que se instrumentan mediante “la aplicación de un mecanismo compulsivo”, tal como ilustran Margulis y Calabresi en un informe publicado el año pasado por el centro de estudios Idear Desarrollo. Así fue como se instrumentó, por ejemplo, el Fondo para Inversiones Necesarias para Incrementar la Oferta del Mercado Eléctrico Mayorista (FONINVEMEM), con el cual se construyeron las centrales termoeléctricas José de San Martín, en Timbúes, y Manuel Belgrano, en Campana.
La Secretaría de Energía se valió de distintos instrumentos para “incentivar” la inversión privada. En 2006 dictó la Resolución 1281, que creó el servicio denominado “Energía Plus” para incentivar el aumento de la capacidad de generación eléctrica destinada prioritariamente al abastecimiento de la demanda de grandes usuarios industriales, con una remuneración fijada por el Gobierno en función de los costos y el margen de utilidad definido desde la Secretaría. Posteriormente, con esa misma filosofía, la Resolución 220/2007 habilitó la firma de contratos de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por parte de agentes generadores, con una vigencia máxima de diez años. Finalmente, la Resolución 95/2013 modificó de raíz el funcionamiento del MEM y creó un nuevo régimen conocido como “Costo Plus”, que terminó por centralizar en CAMMESA –la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico– todas las operaciones de comercialización y estableció un nuevo régimen remuneratorio para las generadoras controlado por la Secretaría de Energía.
Por el lado de los hidrocarburos, mientras tanto, la aplicación de un esquema de retenciones a las exportaciones, la limitación de las ventas al exterior –particularmente, la interrupción del suministro de gas a Chile– y el establecimiento de programas de fomento de las inversiones en el segmento de la exploración con precios regulados por el Gobierno –Petróleo Plus y Gas Plus– marcaron el terreno en el que debían desarrollar su actividad los potenciales inversores. El Estado pasó a ocupar un papel preponderante, buscando desvincular los precios internos de los internacionales y subsidiando además fuertemente el sector del transporte, el abastecimiento de las centrales termoeléctricas con combustibles líquidos –sustitutos del gas– y las tarifas residenciales de gas (lo mismo ocurrió con las tarifas eléctricas del área metropolitana).
EL METEÓRICO ASCENSO DE PAMPA ENERGÍA
Incómodas con el nuevo modelo regulatorio, las empresas extranjeras comenzaron a desprenderse de sus activos y abrieron la puerta del sector a inversores locales, que adquirieron esos activos a bajo precio luego de la devaluación. Un caso emblemático es el de Pampa Energía, holding comandado por Marcelo Mindlin, un exdirectivo y accionista del grupo IRSA que decidió incursionar en el sector eléctrico a comienzos de la gestión kirchnerista.
El puntapié inicial se dio en enero de 2004 cuando, a través del Dolphin Fund Management, Mindlin se hizo con el 50% de Citelec, controlante de la transportadora de energía eléctrica Transener, al quedarse con el 42,5% del paquete accionario que estaba en manos de la británica National Grid. En mayo de 2005 se quedó con el 65% de la distribuidora Edenor, a partir de la compra de las acciones de Electricité de France (EdF). Más tarde plantó bandera en el segmento de la generación, al asumir el control de las hidroeléctricas mendocinas Los Nihuiles y Diamante, a las que se sumaron luego las centrales térmicas Güemes –en Salta–, Loma La Lata –en Neuquén– y Piedra Buena –en Ingeniero White–. En el segmento de la distribución eléctrica, en 2011 adquirió del fondo Ashmore una serie de activos, que incluyen EDEN –distribuidora de electricidad del centro-norte de la provincia de Buenos Aires– y el paquete mayoritario de EMDERSA –que controla las provinciales EDESA (Salta), EDELAR (La Rioja) y EDESAL (San Luis)–.
La entrada del holding en el sector hidrocarburífero se produjo en 2009, con la constitución de la Petrolera Pampa S.A. (PEPASA), creada con el objetivo de abastecer a las centrales termoeléctricas del grupo. La empresa posee actualmente inversiones en seis áreas de la cuenca Neuquina, dos ellas operadas por la propia Pampa –Caracol Norte y Senillosa–, otra por Petrobras –El Mangrullo– y las tres restantes por YPF –Rincón del Mangrullo, Anticlinal Campamento y Estación Fernández Oro, estas dos últimas a cargo de su subsidiaria YSUR–. Sin embargo, el gran salto en el segmento petrolero se terminaría dando en mayo de este año, al confirmarse la adquisición del 67,19% del capital accionario de Petrobras Argentina. En 2011, además, Pampa se hizo con el control del capital mayoritario de Transportadora de Gas del Sur (TGS).
BRIDAS Y SU ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN VERTICAL
Si bien el grupo Bridas cuenta con más de 60 años de trayectoria en el sector, el conglomerado de empresas de la familia Bulgheroni también consiguió expandir sus actividades en la última década a través de distintas operaciones y adquisiciones. El buque insignia de este crecimiento fue Pan American Energy (PAE), compañía creada en 1997, actualmente presente en la explotación de hidrocarburos en las cuencas del Golfo de San Jorge, Noroeste y Neuquina e integrante del capital accionario de Oleoductos del Valle (Oldeval) –consorcio encargado del transporte de crudo producido en la cuenca Neuquina hacia Puerto Rosales, en el complejo portuario de Bahía Blanca– y Terminales Marítimas Patagónicas (Termap) –que opera las terminales petroleras de Caleta Córdova (Chubut) y Caleta Olivia (Santa Cruz)–.
Un mojón importantísimo en la estrategia de expansión de PAE fue la prórroga por diez años de la concesión sobre Cerro Dragón, el principal yacimiento petrolífero de nuestro país, que vencía en 2017 y se prolongó hasta 2027. Para ello debió cerrar sendos acuerdos con los gobiernos provinciales de Chubut y Santa Cruz (donde se ubica Cerro Dragón Sur), que incluyeron nuevos compromisos de inversiones, la renegociación de las regalías y la transformación de las empresas estatales Petrominera (Chubut) y Fomicruz (Santa Cruz) en eventuales socias en la operación del yacimiento en una futura prórroga hasta 2047. Posteriormente, en 2010, en una maniobra que mostró la sintonía del grupo con la nueva orientación geopolítica de la Argentina, se acordó la incorporación al holding del gigante estatal chino CNOOC (China National Offshore Oil Company), que pasó a controlar el 50% de Bridas Corporation, permaneciendo el restante 50% en manos de los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni.
La siguiente movida fue la adquisición de los activos de Esso (ExxonMobil) en Argentina y el Cono Sur, operación que se completó en 2012 y se plasmó en la constitución de una subsidiaria de Bridas, Axion Energy, que se hizo cargo del negocio de la refinación y venta de combustibles. Una de los compromisos asumidos por los Bulgheroni, que fue clave en la autorización de esta operación por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), fue la ampliación de la refinería de Campana, con el incremento de su capacidad de refinación hasta alcanzar los 120.000 barriles de petróleo diario, lo que permitiría aumentar en un 50% la producción de naftas y en un 60% la de gasoil. De esta forma, el grupo completó su estrategia de integración vertical dentro del sector petrolero, con presencia en los segmentos de producción, refinación y comercialización.
UNA COMÚN APUESTA AL TIGHT Y AL SHALE
Una particularidad que caracteriza la estrategia de negocio de los dos holdings ha sido la apuesta por los recursos no convencionales de hidrocarburos neuquinos, que actualmente representan el 34% del total de gas y el 22% del petróleo producido en esa provincia patagónica. En el caso de Pampa, la punta de lanza es el área Rincón del Mangrullo, que explota junto con YPF y para cuyo desarrollo el grupo de Marcelo Mindlin negoció el año pasado un préstamo por 765 millones de pesos por parte de un conjunto de bancos privados. Por su parte, PAE ha puesto sus fichas en el tight gas de Lindero Atravesado, cuya fase de producción no convencional se inició en 2013; actualmente extrae 3,1 millones de metros cúbicos diarios y proyecta alcanzar los 4 millones a fin de año. Además PAE acaba de lanzar un proyecto piloto en el bloque Bandurria Centro, con un compromiso de inversión de 304 millones de dólares de aquí a 2019. Según admiten en la industria, las claves para impulsar la sustentabilidad de este tipo de proyectos son, por un lado, bajar los costos de las perforaciones y, por el otro, mejorar la productividad de los pozos. A eso apuntan tanto Mindlin como los hermanos Bulgheroni, que se muestran esperanzados con las señales que está dando el gobierno Macri a favor de las inversiones en un sector crítico como es el energético.
