La porosidad de las fronteras, la falta de profesionalización de la lucha antinarcóticos y la carencia de medios tecnológicos adecuados amenazan con dejarnos indefensos, a merced de los embates del delito transnacional. Escribe Mario Montoto / Presidente de TAEDA

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Desde los albores de nuestro proyecto editorial, el narcotráfico y sus secuelas en términos de violencia, muerte y destrucción del tejido social han sido temas dominantes en la agenda de DEF y TAEDA. A nadie escapa que América Latina se ha convertido, en las últimas décadas, en un terreno fértil para el accionar de las mafias del crimen organizado, lo que ha generado un verdadero drama que golpea con especial virulencia a los sectores más vulnerables y representa, al mismo tiempo, un enorme desafío para la gobernabilidad de nuestras sociedades.

Las características de este flagelo, que describimos con detalle en nuestras páginas ya desde mediados de la década pasada y que profundizamos en distintos seminarios y mesas de discusión, son bien conocidas. Han sido temas recurrentes de nuestro equipo de trabajo el creciente poder de fuego de los cárteles mexicanos del narcotráfico, la violencia que caracteriza el Triángulo Norte centroamericano –El Salvador, Guatemala y Honduras–, la consolidación de los países andinos –Colombia, Perú y Bolivia– como productores globales de cocaína y la transformación del Cono Sur –con Brasil y Argentina a la cabeza– de territorio de tránsito en un creciente mercado de consumo, sumado a su nuevo rol de exportador de la droga hacia Europa. Para documentarnos, hemos recorrido nuestro país y el continente de punta a punta, hemos conversado con los protagonistas tanto del sector público como privado, hemos dialogado con los mayores expertos en la materia y hemos intentado identificar vías de salida para acabar con esta grave problemática. Sin embargo, salvo contadas excepciones, nuestros sectores dirigentes no logran tomar conciencia del alto grado de dramatismo de la situación.

En este sentido, me permito compartir el crudo pero realista diagnóstico de Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), quien en marzo pasado advertía respecto de la región: “El cultivo de la coca sigue siendo persistente, mientras que los niveles crecientes de consumo de cocaína debilitan la salud pública. América Central y el Caribe siguen siendo los principales puntos de tránsito para el tráfico de cocaína, y grupos delictivos organizados luchan por el poder y el territorio generando una violencia que desestabiliza las comunidades, dificulta el desarrollo y pone en peligro a los jóvenes. Todo esto está sucediendo a la vez que estamos sufriendo la propagación del extremismo violento, y surge la preocupante conexión entre crimen organizado y terrorismo”.

Al mismo tiempo, el último informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos advierte que Argentina enfrenta como “reto significativo la corrupción institucionalizada, el tráfico de drogas, altos niveles de comercio informal y el contrabando” que “se introduce al país a través de la Triple Frontera de Argentina, Paraguay y Brasil”. Asimismo, somos mencionados entre los principales países productores de precursores y productos químicos esenciales utilizados en la producción de narcóticos ilegales. Tampoco podemos ignorar que muchas de nuestras terminales portuarias son utilizadas como plataforma por estas poderosas mafias.

Un fenómeno que no podemos soslayar, y del que hemos sido testigos en nuestros viajes y coberturas especiales desde Guatemala y El Salvador, es el de las “maras”, pandillas juveniles fuertemente radicadas en el Triángulo Norte centroamericano y dedicadas al robo, la extorsión, el secuestro, la venta de droga y el sicariato. Bien identificables exteriormente por sus tatuajes y su comunicación gestual, la Mara Salvatrucha (MS13) y la mara del Barrio 18 (M18) tienen una larga historia de enfrentamiento en las calles de los principales centros urbanos. La tregua declarada en El Salvador entre 2012 y 2013 logró una relativa disminución de los índices de criminalidad en ese país, que sin embargo volvieron a dispararse en 2015 y en lo que va de este año. La precariedad del empleo, la inequidad persistente y la insuficiente movilidad social son el caldo de cultivo ideal para este cóctel explosivo.

El complejo ajedrez criminal ubica también al Cono Sur en el centro de un conflicto que corroe los cimientos de nuestras instituciones democráticas. La porosidad de las fronteras, la falta de profesionalización de la lucha antinarcóticos y la carencia de medios tecnológicos adecuados amenazan con dejarnos indefensos, a merced de los embates del delito transnacional. Los recientes sucesos que enlutan a nuestro vecino Paraguay, con el asesinato a sangre fría de ocho efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta a manos del cartel autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el departamento de Concepción, son una muestra de la virulencia con que operan estas redes narcocriminales. A estos últimos hechos se suman los asesinatos del empresario Jorge Rafaat en la localidad de Pedro Juan Caballero y el crimen del intendente de Tucuaty, Gilberto Ramón Carrillo.

La existencia de puntos calientes en las localidades fronterizas paraguayo-brasileñas de Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, el cruce argentino-boliviano entre Yacuiba y Salvador Mazza, y la siempre porosa Triple Frontera, obligan a estrechar la colaboración entre nuestras agencias de inteligencia, dotar a las fuerzas de seguridad de medios modernos y eficaces, y coordinar los esfuerzos de cooperación entre las más altas autoridades encargadas del combate contra el crimen complejo. Las redes narcodelictivas no distinguen colores de gobierno ni fronteras estatales.

Debemos buscar una visión integradora que entienda la naturaleza compleja del crimen organizado y su penetración a través de las fronteras de nuestros países. Es fundamental superar enfoques anacrónicos y preconceptos simplistas que impiden abordar un problema que no es de derecha ni de izquierda, sino que afecta al orden público. Así como las organizaciones narcoterroristas operan con una visión global, los gobiernos de nuestro continente deben asumir una política hemisférica que contemple una legislación común y una mejor articulación entre agencias para enfrentar este complejo panorama.

En este difícil contexto, no todas son malas noticias. Hemos visto como en los últimos meses el Gobierno argentino decretó la “Emergencia de Seguridad Pública” y recientemente lanzó el plan “Argentina Sin Narcotráfico”. Ya contamos con los instrumentos legales; ahora es momento de tomar decisiones rápidas y actuar con determinación. Sin salir de la región, tenemos ejemplos concretos para ponderar. La gestión de la seguridad por parte del gobierno brasileño y las autoridades del Estado de Río de Janeiro durante los recientes Juegos Olímpicos nos muestran que la coordinación interagencias, la planificación del trabajo de manera conjunta y la dotación de los medios económicos y tecnológicos adecuados terminan por dar sus frutos. No pocas fueron las amenazas que debieron afrontar, desde el terrorismo internacional hasta los riesgos de desestabilización relacionados con la crisis política interna. En Río 2016 fueron movilizados unos 85.000 policías y militares, entre ellos 23.000 miembros de las Fuerzas Armadas, en el mayor operativo de la historia en un evento de estas características. La implementación del sistema de apoyo logístico Apolo, desarrollado por el Centro de Análisis y Sistemas Navales (CASNAV) de la Armada brasileña, permitió garantizar la seguridad de los atletas, las comitivas, los espectadores, funcionarios y dignatarios extranjeros que participaron de esta cita mundial.

“Entregamos lo que prometimos: paz y tranquilidad. La sensación de seguridad que sintieron los cariocas y los visitantes durante los Juegos demuestra que el plan para garantizar la seguridad fue exitoso”, expresó satisfecho el ministro de Defensa, Raul Jungmann, tras el cierre de Río 2016.

¿Cuáles fueron las claves de este éxito? Una política de Estado que brindó a las fuerzas encargadas de la seguridad los medios logísticos y tecnológicos adecuados para prevenir cualquier tipo de incidente y el compromiso de cada uno de los organismos públicos involucrados que transformaron a Río 2016 en un ejemplo a seguir en materia de seguridad y prevención del delito. Hubo una mirada abierta y no mezquina frente al expertise de otros países en esta materia, entre ellos EE. UU. e Israel. Por primera vez en un evento de esta naturaleza se pusieron a prueba los últimos avances tecnológicos, las doctrinas más recientes de prevención e inteligencia criminal y el uso de herramientas de ciberseguridad para evitar cualquier tipo de sabotaje.

Debemos aprender de la experiencia y encarar nosotros también una estrategia común que, con compromiso patriótico y lejos de cualquier tipo de egoísmo o mezquindad política, nos conduzca a un país más seguro que esté en condiciones de hacerle frente a las mafias transnacionales del narcotráfico y el crimen organizado. Porque, como advirtió el papa Francisco a los jóvenes reunidos en Río de Janeiro en 2013, “la droga es un mal, y frente al mal no se puede ceder ni tener compromisos”.

El autor es Presidente de Taeda Editora