En diálogo con DEF, Carlos Merenson, director nacional de Biodiversidad de la Secretaria de Ambiente de la Nación, analizó el panorama de nuestro país en materia de diversidad biológica y abogó por la necesidad de modificar estilos de vida y abrazar una agenda de desarrollo sostenible.
En su artículo 41, la Constitución Nacional impone a las autoridades el deber de preservar el “patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica”. Este último concepto, acuñado en la década del 70, define –tal como señala el ingeniero forestal Carlos Merenson– “la complejidad de la vida en nuestro planeta, sus ecosistemas, las especies que lo pueblan y los genes”.
“En este término también están expresadas las interrelaciones que se dan en ese universo, que son claves para entender la vida”, añade. Nuestro país, si bien detenta el privilegio de ser uno de los pocos en el planeta que ha logrado mantener un “superávit ecológico”, enfrenta desafíos ineludibles en materia de transición energética y preservación de sus recursos naturales.
-¿Cuáles son las causas de la pérdida de biodiversidad en el planeta y cómo se relacionan con nuestro estilo de vida actual?
-El modelo causal reconoce hoy cinco factores principales: la pérdida de hábitat, la sobreexplotación, las especies exóticas invasoras, el cambio climático y diferentes procesos de contaminación. Esos son los cinco jinetes del Apocalipsis que han llevado a que hoy estemos enfrentando, a nivel mundial, el sexto episodio de extinción de especies en masa. La población, en general, no tiene claridad sobre la existencia de límites biofísicos al crecimiento. Creer que se puede crecer infinitamente en un ambiente finito es anticientífico. El consumismo, con sus herramientas de frustración general, es muy difícil de cambiar. Sin embargo, es hora de redefinir la noción de progreso, que debería convertirse en el arte de poder desarrollarse dentro de los límites que nos impone nuestro entorno.
-Se suele mencionar que estamos cerca de alcanzar el pico o cénit petrolero. ¿Cómo afecta esta situación al modelo de explotación vigente?
-El cénit petrolero no se va a dar porque se vaya a acabar el petróleo, sino porque la relación que se conoce como “tasa de retorno energético” (cantidad de energía necesaria para producirlo) es cada vez más baja por razones geológicas. Ya hemos aprovechado todos los yacimientos con tasas de retorno altas y medias, y hoy estamos explotando los yacimientos no convencionales y de aguas profundas. Si consideramos, por otro lado, nuestro modelo de explotación agrícola, debemos ser conscientes de que la agroindustria basada en monocultivos es insostenible porque es petrodependiente. Es inimaginable una agroindustria, como la que se practica en la actualidad, sin el petróleo, ya que no tendría fertilizantes y no existirían los barcos que van y vienen llevando, en contraestación, miles de toneladas de productos agrícolas.
-¿Los biocombustibles son una alternativa?
-Es un tema que debería ser discutido porque las tasas de retorno energético son bastante bajas, algunas incluso negativas. No es lo mismo producir biocombustibles a partir de la caña de azúcar o del maíz u otro aceite vegetal. Hay que estudiar muy bien los números del retorno energético. Además, está el problema de la competencia entre comida y combustibles, lo que nos plantea una decisión moral y ética que deberíamos pensar bien. Lo concreto es que, por más esfuerzo que hagamos, con los biocombustibles no se podría conseguir la dotación energética que nos da hoy el petróleo.
ARGENTINA, CON SUPERÁVIT ECOLÓGICO
-¿Qué es la “huella ecológica” y cuál es la situación actual de nuestro país?
-La “huella ecológica” es un indicador que suma, en hectáreas globales, todo lo que nosotros consumimos tanto en bienes como en servicios terrestres y acuáticos. Con esa misma unidad, hectáreas globales, se define otro indicador, que es la biocapacidad (capacidad biológica de un ecosistema). Definidos ambos y comparados, se establecen balances positivos o negativos, de los que surgen relaciones de superávit o déficit energéticos. Lo cierto es que, según los últimos datos, los únicos subcontinentes con superávit ecológico son América Latina y el Caribe, y Australia. En el resto del mundo, el balance es negativo. Ahora bien, dentro de nuestra región, Argentina es el único país que muestra una tendencia casi paralela entre huella ecológica y biocapacidad. Esto puede deberse, por un lado, a la riqueza natural del país y, por otro, a su baja población relativa. Lo que yo propongo, en un momento en que se habla solo del superávit fiscal desde la óptica económica, es que sumemos el objetivo de que ese superávit fiscal se logre manteniendo y acrecentando el superávit ecológico. Ahí es donde, en mi opinión, está haciendo falta una especia de pacto entre los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno.
-¿Cuáles son nuestros mayores desafíos?
-La transición energética en la que vivimos va a modificar el mundo. Entonces, un país como el nuestro, que depende fuertemente de la agroindustria, debería estar pensando en ver cómo vamos a recorrer esa transición hacia una nueva forma de producción. Hoy estamos en una fase casi prehistórica: estamos pensando en que vamos a ser la Arabia Saudita de Latinoamérica, cuando el mundo está yendo hacia otro lado.
-¿Qué ocurre con el vínculo entre la Nación y las provincias en materia de protección de nuestra biodiversidad?
-Si bien no se pueden hacer generalizaciones, ha sido históricamente una relación conflictiva. Cuando hablamos de biodiversidad, se cruzan el interés nacional y la jurisdicción provincial. Lo que nosotros detectamos es un vacío legal muy grande en cuanto a normativa específica sobre diversidad biológica. La normativa vigente es dispersa y heterogénea tanto en el orden nacional como provincial. Hemos trabajado en un proyecto de presupuestos mínimos, que presentamos en la Comisión Nacional de Diversidad Biológica y se dio un proceso de consulta con otros organismos competentes, particularmente con el Ministerio de Agroindustria, con el sector científico-técnico y con el Comité de Biodiversidad del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Así fue como elaboramos un anteproyecto de ley, que cubre todo el universo de la diversidad biológica y se relaciona con la flora, la fauna, los recursos genéticos, actividades vinculadas con el uso sostenible, la conservación y especies exóticas invasoras.
LEY DE BOSQUES: ¿UN FRENO A LA “SOJIZACIÓN”?
-¿Qué balance hace de la Ley de Bosques?
-La sanción de la Ley de Bosques, en la que estuve involucrado en otra etapa, fue el resultado del primer inventario de bosques nativos y áreas protegidas, que financió el Banco Mundial en la década del 90. Allí surgió, por primera vez, una cantidad de datos concretos, lo que impactó fuertemente sobre la opinión pública. Eso demostró que cuando la sociedad comprende que depende significativamente de los recursos de la biodiversidad –en este caso, los bosques– para satisfacer sus necesidades y que están ellos están en peligro, asume una posición a través de ONG y el sector público se vuelve receptivo a esa demanda. La Ley de Bosques es, en la teoría, muy sencilla, pero cuenta con enormes complejidades para su puesta en práctica. En Salta hubo, a mi entender, errores en la aplicación de la propia normativa provincial porque los ordenamientos territoriales se aprueban por ley provincial y no se pueden corregir por decreto, lo que era ilegal per se [Se refiere a la recategorización de zonas y la autorización de desmontes, amparados en una interpretación que vulneraba el espíritu de la Ley de Bosques].
-¿Cómo impactó la “sojización” en la pérdida de la superficie de bosques nativos en Argentina?
-Trabajando con las ecorregiones y descontando superficie que nunca fue bosque dentro de las mismas, mis estimaciones arrojaron que nuestro país tenía, hace dos siglos, alrededor de 140 millones de hectáreas de bosques nativos, lo que representaba alrededor de la mitad del territorio nacional. Hubo, posteriormente, dos grandes impulsos agroexportadores: uno que se inició a fines del siglo XIX y culminó alrededor de la década de 1930; y otro que se inició en 2001, cuando el país abandonó la convertibilidad y ganó competitividad en el mercado con buenos precios internacionales.
Esta segunda etapa, que podríamos denominar “neo-agroexportadora”, continúa hasta nuestros días. Ambas han sido responsables del alto costo ambiental, que se puede medir en la deforestación terrible que redujo la cobertura forestal del país a menos de un 10% de su superficie total. Ahora bien, hay zonas irreversiblemente transformadas, como la Pampa Húmeda, tradicionalmente agrícola. El mayor problema, en cambio, se ha dado en el NOA y el NEA donde, a través del desarrollo tecnológico con las especies transgénicas [soja transgénica] y su resistencia a condiciones marginales, se empezó a extender la frontera agrícola a zonas que tradicionalmente no lo eran. Esto se ha dado, particularmente, en parte de la selva misionera, fuertemente en la selva tucumano-boliviana y el monte chaqueño. La razón de esta expansión es el valor de la tierra, que es totalmente distinto al de la Pampa Húmeda.
Entonces cierran los números, pero no cierra la sostenibilidad porque esas tierras desmontadas, después de cinco o seis cosechas consecutivas, prácticamente pierden todo su potencial productivo y quedan libradas a los agentes erosivos. No podemos, a mi entender, seguir expandiendo la frontera agrícola y deberíamos empezar a trabajar en la sostenibilidad. Esas zonas del NOA y del NEA podrían ser recuperables con esquemas de restauración forestal.
