El decreto del presidente Michel Temer, que ordena la intervención de la seguridad pública en Río de Janeiro, está alineado con la serie de medidas que se vienen tomando en sucesivos gobiernos durante los últimos años.
Luego de una larga y tensa reunión con las autoridades de Río de Janeiro, mandos militares y ministros, el 16 de febrero pasado, el presidente de Brasil, Michel Temer, tomó una de las decisiones más fuertes e impactantes en materia de seguridad interior desde el regreso de la democracia a mediados de los años 80: la intervención de la seguridad pública en Río de Janeiro.
La escalada de violencia en Río y en pleno Carnaval por parte de los grupos o comandos, como se denomina en Brasil a organizaciones, como el PCC (Primer Comando de la Capital) y el Comando Vermelho (Comando Rojo), motivó la decisión de Temer de intervenir todo lo relativo a la seguridad en este estado federal. A partir de ese momento, y al menos hasta fin de 2018, las fuerzas policiales, de emergencias y de bomberos de Río quedan bajo el control operativo del Comando del Este del Ejército de Brasil y de sus 50.000 efectivos, quienes, llegado el caso, podrán recibir refuerzos del poderoso Ejército Sur.
Luego de la relativa tranquilidad que hubo en las calles de Río y San Pablo durante el Mundial de Fútbol y, posteriormente, durante los Juegos Olímpicos de la mano de una fuerte actividad de inteligencia previa y seguida de una actividad operativa de las FF. AA., en especial, del Ejército y la Infantería de Marina desde 2004 y 2008, respectivamente, la situación se había vuelto a desmadrar. Grupos, como el PCC, comenzaron a actuar abiertamente en países fronterizos a Brasil, por ejemplo, en el masivo asalto a una empresa de caudales en Paraguay.
De manera apresurada, durante estos eventos deportivos, algunos analistas dentro y fuera del país pensaron en la pax, o en una tregua, como muestra de la posibilidad de contundentes y rápidos éxitos contra el narcotráfico. Los militares brasileños, en cambio, más realistas, asumieron que habría que aspirar a que los brazos armados de estas megaorganizaciones ilegales no osaran desafiar abiertamente y a “fuego contra fuego” a las fuerzas estatales.
De hecho, esto se logró. Pero los mandos castrenses sabían y saben hoy que el problema es infinitamente más amplio y complejo, y que tiene aristas internacionales, regionales y de otros sectores de Brasil que trascienden por mucho lo que los uniformados de este país pueden lograr. Sin ir más lejos, los últimos tres años han sido récord en la producción histórica de cocaína en Colombia. También se ha dado el boom de la producción y el tráfico de metanfetaminas desde Europa, que ya comienzan a elaborarse en nuestros países.
Pero, volviendo al presente, ¿cómo se llega a la intervención federal de la seguridad en Río de Janeiro? A la hora de enumerar algunos antecedentes de la situación previa al decreto de Temer, cabría citar:
1) Creación de la Fuerza Nacional de Seguridad. En 2004, el gobierno de Lula formó esta fuerza, la primera de alcance nacional que tiene Brasil a excepción de las FF. AA., reclutando a los mejores efectivos de las fuerzas de seguridad existentes.
2) El decreto de Defensa Nacional. Este decreto fue dado a conocer por el gobierno nacional brasileño en 2005. Entre sus puntos más sobresalientes, se destaca una clara definición de las áreas estratégicas prioritarias: por un lado, el Amazonas, debido al impacto de la guerra en Colombia, el narcotráfico, las narcoguerrillas, la depredación ambiental, etc.; y, por otro lado, el Atlántico Sur, tanto por su participación en cuanto a los flujos del comercio internacional de Brasil como por el hecho de ser la zona en donde se concentra una parte sustancial de las riquezas petrolera y gasífera. A su vez, el decreto señala que, a pesar de la tan mentada globalización e interdependencia económica, se asiste a un mundo en el que las ambiciones de otros estados sobre el territorio y los recursos naturales serán moneda corriente y, para ello, el sector de la defensa nacional debe contar con adecuados niveles de recursos económicos, materiales bélicos, humanos y tecnológicos. Asimismo, reconoce el creciente peso de amenazas no estatales, entre las que subraya el crimen organizado y el terrorismo.
3) Terrorismo. En 2006, en el interior del gobierno de Lula y en sectores moderados y pragmáticos del PT, se instaló el debate sobre la necesidad de enmarcar el accionar del crimen organizado en Brasil bajo la tipología de “terrorismo”.
4) Experiencia haitiana. El jefe del Ejército durante el gobierno de Lula, general Francisco Albuquerque, hizo una serie de comentarios respecto de la utilidad que para sus fuerzas tuvo la experiencia acumulada en la operación de imposición de la paz en Haití, con el objeto de desarrollar en un futuro acciones en las favelas. Cabe recordar que los contingentes militares enviados por Brasil a Haití provinieron básicamente de Río de Janeiro y San Pablo, los dos estados que concentran la mayor actividad y poder de las organizaciones criminales.
5) Reformas jurídicas. En 2004 y 2005, Lula, al facilitar su respaldo jurídico, decidió dar un nuevo marco legal a eventuales operaciones militares en tareas de seguridad interior, en caso de ser necesarias. Autorizó la creación de zonas militares, permitiendo la inteligencia preventiva y subordinando las fuerzas policiales a las FF. AA., por si se llegaba a producir una crisis. El presidente dio de esta forma el sostén a los militares para ir acumulando información de los futuros teatros de operaciones. Todo ello, por medio de las famosas “cuadrículas”, un instrumento que fue fundamental en la lucha contra las organizaciones guerrilleras en Argelia por parte de Francia en los años 50 y 60; y en América Latina, en los años 70, que consiste en el mapeo o inteligencia táctica de amplias zonas de las favelas de las ciudades de Brasil. Y además, para que cuando llegara el momento, las FF. AA. crearan un teatro de operaciones sobre cierto espacio geográfico y quedaran bajo control directo del presidente de la República.
6) Estadísticas. Las estadísticas internacionales desde comienzos del siglo XXI colocan a Brasil como el segundo consumidor de cocaína en el mundo luego de EE. UU., y entre los primeros cuatro países en número de secuestros y asesinatos.
En 2008, se realizó el bautismo de fuego a la nueva Fuerza de Seguridad Nacional. En ese entonces, llamó la atención que Lula calificara de “terrorismo” a la metodología de los comandos o grupos del crimen organizado, así como su decisión de recurrir a las FF. AA. para que participaran más activamente en tareas de seguridad de las periferias de los cuarteles y de las zonas estratégicas.
En una definición certera, el entonces gobernador de Río de Janeiro afirmó que se solía hablar de militarización de la lucha contra el narcotráfico de manera crítica, olvidando que el primero en militarizar arsenales, acciones y estructuras había sido el propio crimen organizado en algunas de las grandes ciudades de Brasil. Los secuestros de armas a estas organizaciones han revelado una variedad que va desde fusiles de asalto M-16, AR15, AK-47, AK-72, SIG, granadas de mano y pistolas de todos los calibres hasta explosivos varios, pequeños lanzacohetes antiblindados y minas antipersonales. Alguna vez habrá que comprender que la frontera entre la seguridad policial, la defensa y el empleo de fuerzas militares está muchas veces determinada por el calibre, la potencia y el alcance del arsenal de los grupos ilegales, independientemente de que sean narcotraficantes, narcoterroristas o terroristas. Las disquisiciones teóricas sobre el derecho resultan bastante confusas e imprecisas cuando los agentes que dan sus vidas para proteger a los ciudadanos deben enfrentar escenarios más propios de series y películas de guerra que de policiales.
La izquierda latinoamericana y, en especial la “izquierda champagne”, gracias al uso masivo de las redes sociales y su hipersensibilidad por el empleo de la fuerza por parte del Estado (a menos que sea utilizada por regímenes políticos que les agradan), pondrá el grito en el cielo por la decisión que ha tomado Temer. Todo ello, acentuado por el hecho de que este es un año electoral y de que el presidente brasileño tiene una óptima relación con los militares. Antes de ir más allá en sus arengas contestatarias, quienes vean en esto un atropello antidemocrático harían bien en repasar y recordar los antecedentes históricos, pero cercanos en el tiempo, previamente mencionados.
