Con una contracción acumulada del PBI del 31,9 % en los últimos cuatro años y la mayor caída de la producción petrolera en los últimos 28 años, Venezuela enfrenta su hora más oscura desde el inicio de la denominada “revolución bolivariana”, y se encuentra a las puertas de una crisis humanitaria.
Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del planeta, atraviesa su momento más crítico desde la llegada de Hugo Chávez al poder en febrero de 1999. Con una inflación desbocada, una economía en caída libre, una producción petrolera que se sitúa en el peor nivel de las últimas tres décadas y con la escasez de productos de primera necesidad, la República bolivariana se asoma al abismo. “Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica”, afirma la organización Human Rights Watch.
Las principales variables de la economía reflejan la gravedad de la situación: la caída del PBI en 2017, por cuarto año consecutivo, y una contracción acumulada del 31,9 % respecto de 2013, a lo que se suma una inflación anual del 2616 %, solo en 2017, y de 13.000 % proyectada para el corriente año. A este panorama ha contribuido la caída del precio del petróleo –la llamada “cesta Venezuela” pasó de un promedio de 98,08 dólares en 2013 a 46,66 dólares en 2017– y la precaria situación de la compañía estatal PDVSA, que sufrió una merma de sus ingresos del 60,6 % entre 2014 y 2016. A su vez, en 2017, la producción de crudo del país promedió los 2,07 millones de barriles diarios, el nivel más bajo de los últimos 28 años.
En el sector petrolero, la dependencia de China y Rusia es cada vez mayor, pues estos dos países proveen de financiamiento a Venezuela a cambio de producción futura o de participación en campos petroleros o en empresas controladas por PDVSA. En el caso de Rusia, en noviembre pasado, la estatal venezolana logró un acuerdo para la refinanciación de la deuda por un total de 3.150 millones de dólares, que se pagarán en lapsos flexibles hasta 2026. Mientras tanto, la paciencia del gigante asiático parece haber llegado al límite: en diciembre de 2017, la petrolera china Sinopec demandó a PDVSA ante un tribunal de Houston por facturas impagas, relacionadas con un contrato de provisión de barras de acero a su subsidiaria Bariven.
La crisis económica impacta fuertemente en el deterioro de la calidad de vida de la población. Según la última Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), dada a conocer en febrero pasado, el índice de pobreza pasó del 48,4 % en 2014 al 87 % en 2017. El dato más significativo es el aumento exponencial de la pobreza extrema, que saltó del 23,6 % en 2014 al 61,2 % en 2017. “Del total de la pobreza, poco más de la mitad (56 %) es reciente y un 30 % es crónica”, advierte el estudio, que aclara que en el contexto hiperinflacionario que vive el país la escalada de precios empobrece a una amplia mayoría de los hogares venezolanos.
“La política de protección social del gobierno ha quedado resumida a una bolsa o caja de comida y vinculada al Carnet de la Patria”, afirman los investigadores de la Encovi, Luis Pedro España y María Gabriela Ponce. La referencia apunta a la distribución de los productos regulados de primera necesidad por parte de los denominados “Comités Locales de Abastecimiento y Producción” (CLAP) y al nuevo documento de identificación que contiene un código QR, que permite al gobierno conocer el estatus socioeconómico de sus ciudadanos.
Una válvula de escape frente a la crisis ha sido la emigración. Según estimaciones de la Encovi, entre 2012 y 2017 se expatriaron alrededor de 815.000 personas, de las cuales casi el 80 % lo hizo durante los últimos dos años. De acuerdo con los datos arrojados por el mismo estudio, más de la mitad de los hogares que declaran tener emigrantes entre sus miembros corresponden a los estratos más aventajados, en tanto que solo el 12 % procede del quintil más pobre de la población.
ELECCIONES CUESTIONADAS
El descontento social se refleja en los sondeos de opinión, aunque difícilmente ese estado de ánimo pueda trasladarse a las urnas en forma directa. De acuerdo con la consultora Datanálisis, el 91,2 % de la población percibe la situación del país como “mala” o “muy mala”. Por su parte, según una encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), el 75 % tiene una opinión “negativa” o “muy negativa” del gobierno de Nicolás Maduro, y el 77 % de los consultados se han mostrado a favor de un cambio de gobierno. Sin embargo, los números de Datanálisis arrojan que solo el 31,5 % está “muy dispuesto” a votar, en tanto que otro 31,7 % se muestra solamente “dispuesto” y un 26,3 % se dice “muy poco” o “nada dispuesto” a concurrir a la cita con las urnas.
Las elecciones presidenciales, convocadas para el próximo 20 de mayo, serán boicoteadas por la mayoría de los partidos de la oposición, que acaban de constituir el Frente Amplio Venezuela Libre, cuyos principales líderes se encuentran inhabilitados para concurrir a estos comicios. El único contendiente que enfrentará a Maduro es el exgobernador del estado de Lara, Henri Falcón, expulsado del chavismo en 2008, quien fundó posteriormente el partido Avanzada Progresista y que se ha venido exhibiendo como un opositor heterodoxo que no termina de ser aceptado por el frente antichavista.
En el marco de fuertes cuestionamientos al gobierno venezolano, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha calificado al actual proceso de “farsa electoral” y ha reclamado, junto con los 14 países que integran el Grupo de Lima, elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, sin proscripciones y con garantías para todos los candidatos.
Entre los duros cuestionamientos a la calidad de la democracia, la crisis venezolana parece haber entrado en su hora más oscura, con un final incierto, que no parece estar cerca.
