El presidente Jair Bolsonaro, quien es partidario del levantamiento de las medidas de distanciamiento social, enfrenta la oposición de los gobernadores, de la plana mayor del Congreso y del propio Supremo Tribunal Federal.

La gota que colmó el vaso, en la guerra de poderes que vive Brasil, se vivió este domingo, cuando el presidente Jair Bolsonaro participó en un acto por el Día del Ejército en el que los manifestantes llamaron a una intervención militar y al cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal (STF). La inmediata reacción de todo el arco político y del propio STF obligó al mandatario a dar marcha atrás este lunes y a hacer público su “respeto por la Constitución brasileña” y la importancia de mantener “un Congreso y un Supremo abiertos y transparentes”.

El enfrentamiento había llegado a su punto más álgido, cuando 20 de los 27 gobernadores del país –entre ellos, los de Río de Janeiro y San Pablo– defendieron, en una “carta abierta a la sociedad brasileña”, las medidas de distanciamiento social aplicadas por Estados y municipios basadas en evidencia científica y orientadas por profesionales de la salud. “Consideramos fundamental superar nuestras eventuales diferencias a través del diálogo democrático, desprovisto de vanidades”, argumentaron los mandatarios estaduales, al tiempo que afirmaron que “la salud y la vida del pueblo brasileño deben estar siempre por encima de los intereses políticos, en especial en este momento de crisis”.

En un tono aún más enfático, el flamante presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, afirmó a través de su cuenta de Twitter que “solo puede desear una intervención militar quien ha perdido la fe en el futuro y sueña con un pasado que nunca existió”. “Las dictaduras traen violencia contra los adversarios, censura e intolerancia”, añadió, para concluir advirtiendo que “las personas de bien que aman al Brasil no desean eso”. Por su parte, en una nota oficial, el ministro de Defensa, general retirado Fernando Azevedo e Silva, aseguró que “las Fuerzas Armadas están trabajando con el propósito de mantener la paz y la estabilidad del país, siempre obedientes a la Constitución Federal”.

Esta última polémica se suma a la reciente salida del gobierno del ministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, firme defensor del aislamiento social y enfrentado con el propio Bolsonaro. En su lugar, asumió el oncólogo Néstor Teich, partidario de una estrategia que combine la prevención del contagio con una gradual apertura de la economía, más acorde con la defendida por Bolsonaro y el ala política del gobierno. Semanas atrás, el Supremo Tribunal Federal (STF) había ordenado la suspensión de una campaña que el Ejecutivo pretendía lanzar en los medios con el eslogan “Brasil no puede parar”. “Si el poder público llama a los ciudadanos a volver al trabajo, presume que no existe una grave amenaza para la salud de la población y lleva a cada ciudadano a adoptar decisiones basadas en supuestos irreales sobre sus verdaderas condiciones sanitarias y de seguridad”, alertó Barroso, que posteriormente fue elegido como nuevo titular del STF.

“La salud y la vida del pueblo brasileño deben estar siempre por encima de los intereses políticos”, advirtieron en una carta pública 20 de los 27 gobernadores brasileños.

En febrero, Bolsonaro había hecho un enroque dentro de su gabinete, colocando al general Walter Braga Neto al frente de la jefatura de la Casa Civil, equivalente a la jefatura de gabinete en nuestro país. El hasta ese momento jefe de la Casa Civil y principal estratega político del presidente, Onyx Lorenzoni, pasó al Ministerio de Ciudadanía, que se encarga de los planes sociales. Esa movida fue interpretada por muchos analistas como un triunfo del ala militar del gabinete, cercana al vicepresidente Hamilton Mourão, un general retirado con fuerte ascendencia en los sectores castrenses.

La crisis de poderes que vive el país llevó a situaciones insólitas, como la sintonía que expresaron el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y expresidente, Luis Inácio Lula Da Silva, y el gobernador de San Pablo, João Doria, uno de las figuras más representativas del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), tradicional rival del PT. Luego de que Lula señalara en un tweet el pasado 2 de abril que los gobernadores e intendentes estaban realizando “el trabajo más serio en medio de esta crisis”, Doria compartió el mensaje y respondió, a través de la misma red social, que era el momento de dejar de lado las diferencias políticas y enfocarse en el trabajo para ayudar a salvar el país y la vida de los brasileños.