En un nuevo documento de la Fundación Taeda, el politólogo brasileño Marcos Alan Shaikhzadeh Vahdat Ferreira analiza la historia, las percepciones y las discusiones académicas sobre la presencia del grupo integrista libanés en la Triple Frontera.
“Hezbollah y la Triple Frontera. Percepciones y divergencias en torno a la actividad terrorista”
Por Marcos Alan Shaikhzadeh Vahdat FerreiraEl ataque promovido por Al-Qaeda el 11 de septiembre de 2001 sobre el territorio estadounidense desencadenó una serie de políticas y acciones que afectaron a todo el planeta. En el caso de América Latina, distintos artículos y documentos del gobierno estadounidense han expresado reiteradamente -y continúan haciéndolo- la preocupación por la presencia y/o apoyo a grupos terroristas en algunos países, como es el caso de Colombia, Venezuela, Cuba y la Triple Frontera de la Argentina, Brasil y Paraguay. En este último caso, son frecuentes desde los años 90 las acusaciones que señalan que en esa zona se alberga a miembros de grupos terroristas de Medio Oriente -especialmente de Hezbollah- y se suministran medios financieros para su actuación. ¿Cuáles serían las características de la Triple Frontera? ¿Cómo se construye la idea de que la región sería un receptáculo del terrorismo internacional?
Contexto histórico e inmigración árabe a la Triple Frontera
A modo de introducción, es importante destacar que en sus más de 23.000 kilómetros de frontera, Brasil posee nueve triples fronteras[1]. Si bien muchas de ellas son prácticamente inaccesibles e impenetrables (como la frontera con Surinam y la Guayana Francesa), la cuestión que se discute es por qué la urbanizada y accesible Triple Frontera con Argentina y Paraguay se ha convertido un asunto tan controvertido y ha sido objeto de amplios debates. Tal vez, uno de los motivos para que la Triple Frontera se haya convertido en tema de discusión de estudios de seguridad y crimen transnacional sea justamente el hecho de su fácil accesibilidad y de su alto grado de permeabilidad, y la presencia de una amplia diversidad étnica y comercial.
Geográficamente, el corazón de la Triple Frontera se encuentra en la confluencia de dos ríos, el Paraná y el Iguazú. La región une tres países de América del Sur a través de las ciudades de Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) y Ciudad del Este (Paraguay). La historia demuestra que esa zona estuvo inhabitada durante un largo período de tiempo debido a sus obstáculos geográficos. Según Lewis (2006: 15), la región del Chaco funcionó como barrera de separación entre las áreas urbanas de pueblos precolombinos, como los incas, y las tribus indígenas locales, como los guaraníes, los guaycurúes y los kayrós.
La demografía de la región, que había sido escasamente ocupada entre los siglos XVI y XVIII por las misiones jesuíticas, se vio alterada cuando se convirtió en un punto de inmigración tras la Guerra del Paraguay, que enfrentó al Paraguay entre 1864 y 1870 con Brasil, Uruguay y Argentina. De hecho, ese conflicto diezmó a buena parte de la población paraguaya y obligó al gobierno a incentivar la llegada de inmigrantes a algunas regiones del país, en especial las zonas fronterizas (LEWIS, 2006).
Por el lado brasileño, el poblamiento comenzó en 1888 con la creación de la colonia militar de Iguaçu. Tanto Brasil como Argentina iniciaron la ocupación de la zona en el mismo período. En ambos casos, el objetivo fue establecer puestos militares que acompañaran y desarrollaran actividades en la región luego de la Guerra del Paraguay (AMARAL, 2010: 29)[2].
En la década de 1960 se produjo un aumento de las inversiones en infraestructura en la zona, especialmente por parte del gobierno brasileño, lo que generó un consiguiente aumento de la movilidad de bienes y mano de obras en la región fronteriza. Paralelamente, los problemas internos en el Líbano dieron lugar a un fenómeno migratorio de una parte considerable de su población. A partir del reconocimiento de la independencia el 22 de noviembre de 1943 y la salida de los antiguos mandatarios franceses, se logró un “acuerdo entre los líderes maronitas y los musulmanes sunitas para que el presidente de la República fuera siempre un maronita, el primer ministro un sunita y los demás puestos del gobierno y de la administración fueran distribuidos entre las diferentes comunidades religiosas” (HOURANI, 2006: 558).
Luego del mantenimiento de un equilibrio político a partir de este acuerdo, los cambios significativos en la demografía libanesa, con un rápido crecimiento de la población musulmana, provocaron numerosos conflictos civiles en el país, el primero de los cuales se produjo en 1958. Fue justamente luego de ese conflicto, que se sumó a la onda migratoria posterior a la Guerra del Paraguay, cuando se dio el arribo de un gran flujo de árabes de origen sirio-libanés a la Triple Frontera, en su mayoría cristianos maronitas[3] y una minoría musulmana, quienes buscaron aprovechar de esa manera la oportunidad para emigrar hacia una región fronteriza con amplias posibilidades de desarrollar actividades comerciales (BARTOLOMÉ, 2003: 23)[4].
Con posterioridad a un período de tranquilidad en la convivencia con la población local, permeada por el difícil proceso de asimilación a una cultura totalmente distinta de la de su país natal, la comunidad árabe en la zona pasó a ser considerada en los años 90 como posible base de apoyo al terrorismo. Con una población cercana a las 18.000 personas -el 90 por ciento de ellas de origen libanés (BÉLIVEAU & MONTENEGRO, 2006: 24)-, el principal motivo de estas acusaciones sería el probable apoyo de algunos de sus miembros a actos terroristas que tuvieron lugar en Argentina. Aunque estos acontecimientos aún no han sido esclarecidos, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con el respaldo de la CIA, el FBI y el Mossad (AMARAL, 2010: 31) concluyó que los atentados terroristas contra la Embajada de Israel en Buenos Aires de 1992 y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994 tuvieron como base operacional a la Triple Frontera. En total, se cobraron 107 víctimas fatales.
Los ataques habrían sido organizados por el partido/grupo extremista islámico chiita Hezbollah con apoyo del gobierno iraní (Cf. KITTNER, 2007: 322; SULLIVAN, 2007: 3). La motivación de dichos atentados habría sido la finalización de la cooperación nuclear con el gobierno iraní, decidida por la administración de Carlos Menem. Sin embargo, Hezbollah niega hasta el día de hoy haber sido el autor de dichos atentados. Teniendo en cuenta la información suministrada por Goobar (1996) y Diaz & Newman (2005), a la que se suma la condena de la Justicia argentina decidida el 22 de octubre de 2006 contra ocho altos funcionarios del gobierno iraní, acusados de ser los organizadores de los atentados junto a Hezbollah, el hecho es que hasta hoy la motivación de dichos actos no ha sido aclarada y existen tesis conspirativas que involucran a la propia policía argentina como conexión local de los ataques o como promotora de ellos por motivos políticos internos.
El Hezbollah libanés: sus orígenes y el contexto histórico
Respecto de las distintas denuncias que indican que la Triple Frontera sería una base de financiación y apoyo al terrorismo, la gran mayoría de los trabajos escritos sobre el tema conecta estas acciones directamente con el grupo/partido libanés Hezbollah[5]. La palabra “Hezbollah” significa en árabe “Partido de Dios”. Ese grupo/partido está estrechamente vinculado con la dinámica política libanesa.
Tras el conflicto civil arriba citado de 1958, los grupos de apoyo político y militar de los musulmanes se concentraron en el sur del Líbano. A ello se sumó la presencia, como aliados, de grupos promotores de la liberación de Palestina, que estaban en el mismo territorio. Por su parte, el Kata’ib (Partido Falangista), de base cristiana, alarmado por la posibilidad de crecimiento del poderío musulmán, también se preparaba para una nueva guerra civil. Con el apoyo de Israel al Kata’ib y una combinación de fuerzas entre las cuales existieron alianzas, rupturas y conflictos, como el que se dio entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el partido musulmán Amal (Batallón de Resistencia Libanesa[6]), Siria, el Partido Comunista Libanés y el Movimiento Nacional Libanés, el país vivió entre 1975 y 1990 una sangrienta guerra civil[7].
En ese contexto de conflicto entre los distintos grupos políticos en el Líbano, surge Hezbollah. La masacre de refugiados palestinos en los campos de Sabra y Shatila, promovidos por el Kata’ib en el área controlada por Israel -que habría sido connivente con el ataque- fue el combustible para que los movimientos chiitas ganaran fuerza en la escena libanesa. Nacida en 1982 bajo la inspiración del éxito de la Revolución Islámica en Irán[8], comandada por Ruhollah Khomeini, Hezbollah declaró públicamente su existencia en 1984 al defender la necesidad de continuar la lucha en defensa de Palestina y al contraponerse militarmente al otro grupo chiita, Amal[9].
La actividad de Hezbollah desde su fundación ha sido bastante dinámica. Pasó de ser una milicia en la guerra civil libanesa a convertirse en un partido político apoyado por Irán y a promover ataques terroristas. Según informa Cynthia Marcial, especialista argentina en política libanesa:
Hezbollah ha utilizado el terrorismo de manera organizada y sistemática, y este funcionamiento metódico facilitó la evolución de su estatus de guerrilla, que presentaba al inicio, pasando a autodefinirse como Movimiento de Liberación Nacional, y finalmente consolidarse a partir de 1992 como uno de los actores centrales de la escena política doméstica libanesa y, a nivel internacional, en Medio Oriente (MARCIAL, 2007: 5).
Entre las actividades consideradas como terroristas que llevó adelante esta organización -que, como señalamos, es también un partido político- se destaca el atentado a la embajada de EE. UU. en Beirut de 1983, con 60 víctimas, y ese mismo año, la explosión de dos camiones cargados de explosivos que afectó a las tropas francesas y estadounidenses que ocupaban el Líbano, y generó 299 víctimas fatales. El resultado de este último ataque fue la retirada de las tropas de EE. UU. del Líbano, decidida por el entonces presidente Ronald Reagan. En la década del 80 se produjeron otros ataques contra ciudadanos estadounidenses, como el secuestro y desaparición de William Buckley en 1985, un político ligado a la CIA (DIAZ & NEWMAN, 2005:. xi). Recientemente, Hezbollah estuvo presente en la prensa internacional, en ocasión de la guerra de 2006 contra Israel, de la cual salió victorioso[10].
Esta osada actuación de Hezbollah en operaciones complejas durante los años 80, especialmente contra la ocupación de EE. UU. en el Líbano, tuvo como resultado la creación de una atmósfera de miedo de parte de los norteamericanos. De allí que este grupo/partido haya sido definido constantemente como “terrorista” por los diferentes departamentos estadounidenses y por algunos analistas.
A pesar de haber promovido ataques contra blancos estadounidenses, Hezbollah no es considerado como “terrorista” por el gobierno de Brasil. Itamaraty solo define como “grupos terroristas” a aquellos que son reconocidos como tales por la ONU y ese no es el caso de Hezbollah. También pesa en esa decisión el hecho de que actúe en el Líbano como partido político legítimo, con una fuerte actividad social, principalmente en el sur del país[11]. O sea, Hezbollah es una organización multifacética, dotada de un brazo político, uno social y uno de resistencia (KRUEGER, 2007, p. 35), siendo las dos primeras las ramas más representativas del grupo. Al ser considerado como un grupo terrorista por EE. UU. y como un partido político por Brasil, nos referiremos en este artículo a Hezbollah como grupo/partido[12].
La conexión entre Hezbollah y la comunidad árabe residente en la Triple Frontera obedece a que muchos libaneses que viven allí provienen de la región del Valle de Bekaa, zona del Líbano en la que el grupo/partido goza de una fuerte popularidad y realiza gran actividad. Declaraciones de las autoridades paraguayas en 1995 fortalecen esa estigmatización de la comunidad árabe. Según informa Goobar (1996: 80):
El jefe de Inteligencia de la Policía paraguaya, comisario Enrique Martinetti, denunció (…) en septiembre de 1995 que Ciudad del Este “es un santuario de cédulas dormidas de Hezbollah”. Sus declaraciones se suman a las del jefe de Policía Nacional del Paraguay, comisario Marino Sapriza, quien afirmó que la zona de la Triple Frontera, y especialmente Ciudad del Este, es un “cuartel general” de terroristas.
Los estudios sobre Hezbollah realizados por Tom Díaz y Barbara Newman complementan los hechos señalados por Goobar (1996). Según sus autores:
Tal como sucede en EE. UU., las células de Hezbollah en la Triple Frontera pueden ser descriptas mayormente como mero apoyo a células que en primer lugar pretender recaudar fondos, reclutar simpatizantes y adquirir materiales restringidos de tecnología militar de uso dual. No se trata de células operacionales acusadas de haber conducido ataques específicos (DIAZ & NEWMAN, 2005: 110).
Fueron justamente los atentados en Buenos Aires en 1992 y 1994, atribuidos a Hezbollah, los que colocaron a la Triple Frontera en un nuevo nivel de percepción como amenaza terrorista en el Cono Sur, que se convirtió en un tema ampliamente discutido en el mundo político y académico. Los ataques del 11 de septiembre, a su vez, sumaron un nuevo componente a este debate al acentuar la percepción de la Triple Frontera como un santuario terrorista, especialmente por el apoyo a Hezbollah, enemigo mortal de EE. UU. desde los años 80. Además, el resultado político de estos atentados fue la creación de una percepción de amenaza en la zona de la Triple Frontera[13], que ha comenzado a ser vista desde ese momento como un receptáculo de musulmanes fundamentalistas[14] envueltos en actividades terroristas (DIAZ & NEWMAN, 2005: 124-125). Sin embargo, las acusaciones referidas a la presencia de miembros de grupos terroristas en la Triple Frontera, especialmente de Hezbollah, han sido poco fundamentadas (Cf. AMARAL, 2010; PARO, 2007; COSTA & SCHULMEISTER, 2007) y se topan con la percepción que de este grupo/partido tienen los EE. UU., Brasil, Argentina y Paraguay.
El debate en torno al Hezbollah en la Triple Frontera luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001
Aunque ya existía una preocupación por parte de EE. UU. por la presencia de células terroristas en la Triple Frontera antes de los atentados ocurridos en Argentina en la década del 90, la región pasó a tener mayor presencia en los debates sobre seguridad internacional especialmente luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En ese momento, cuando se hizo evidente el compromiso de EE. UU. por desmantelar las estructuras terroristas internacionales a partir de las invasiones de Afganistán en 2001 e Irak en 2003, la Triple Frontera pasó a ser considerada una amenaza a la seguridad de EE. UU., ya que podía servir de safe haven para el terrorismo islámico internacional, o sea, una zona propensa a ser utilizada como base de financiamiento y apoyo logístico al terrorismo internacional. En ese sentido, EE. UU. dejó en claro, a partir de ese momento, su preocupación por aislar y desmantelar las estructuras de grupos terroristas islámicos en esta región (LEWIS, 2006: 100).
Percibimos esa decisión a partir de la publicación en 1992 del informe Patterns of Global Terrorism (PGT) por parte del Departamento de Estado de EE. UU. Allí se señala que el atentado en Buenos Aires “fue un llamado de atención respecto de las actividades del Hezbollah en América Latina, hacia donde las comunidades de musulmanes chiitas emigraron y se instalaron en zonas remotas de la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay”, región que a su vez podría estar brindando cobertura a terroristas internacionales (USDS, 1993). Tales acusaciones se reiteran desde 1993 en los distintos informes del Departamento de Estado, aunque cobraron mayor dimensión en cuanto a sus detalles a partir de la edición de 2002 [referida a 2001]” (AMARAL, 2008:189).
El PGT 2002 señala:
El 11 de septiembre renovó la atención sobre las actividades de la organización terrorista libanesa Hezbollah, así como de otros grupos terroristas, en la zona de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, donde los terroristas recaudan actualmente millones de dólares gracias a actividades criminales. Existe evidencia de la presencia de miembros del Hezbollah o de sus simpatizantes en otras áreas de América Latina, como el norte de Chile, especialmente alrededor de Iquique; Maicao (Colombia), cerca de la frontera con Venezuela; la isla Margarita (Venezuela); y la Zona Libre de Colón (Panamá). Agencias de inteligencia locales y organismos de seguridad estadounidenses investigaron las denuncias sobre supuestos apoyos a Osama Bin Laden y a Al-Qaeda, pero hasta finales de año no lograron corroborar estas informaciones (USDS, 2002: 44).
El PGT 2002 habla de la existencia de evidencias sobre la presencia de terroristas y simpatizantes en numerosas áreas de América Latina. Sin embargo, ese mismo informe asumía en años anteriores la inexistencia de evidencias y había dejado de lado regiones como Colón (Panamá), Maicao (Colombia) y la isla Margarita (Venezuela). Así y todo, no dejaba de mencionar a la Triple Frontera en el debate sobre el terrorismo en la región.
La preocupación respecto del terrorismo en la zona, que se puso en evidencia tras los atentados en EE. UU., no se observa tan solo en los informes del gobierno de ese país. En diciembre de 2001, el coordinador de Antiterrorismo del Departamento de Estado, Francis Taylor, organizó en Paraguay el seminario “Prevención del terrorismo internacional y del crimen organizado en la zona de la Triple Frontera”. En esa oportunidad habló acerca de su preocupación por el hecho de que “organizaciones extremistas islámicas, como el Hezbollah, Hamas y Al Gama’a Al Islamiyya, entre otras, utilizaran esa pujante zona como base desde la cual apoyan el terrorismo” (TAYLOR apud BELIVÉAU & MONTENEGRO, 2006: 52)[15].
Tanto el PGT 2001 como las declaraciones de Taylor son la evidencia de afirmaciones categóricas respecto de la existencia de terrorismo en la Triple Frontera. Esa situación estaba ausente en informes anteriores sobre terrorismo, especialmente los PGT (Cfr. AMARAL, 2008), y provocaría en los siguientes meses un aumento del caudal de producción académica sobre el tema del terrorismo en el Cono Sur.
La profundización del debate sobre la región fronteriza de Argentina, Brasil y Paraguay recibió un fuerte impulso a partir de la publicación del artículo de Jessica Stern en Foreign Affairs. Stern, profesora de la Kennedy School de la Universidad de Harvard, aseguraba allí que “Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Siria e Irán” contaría con una base en el sur del Líbano en el área “sin ley” de la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina (STERN, 2003). La autora también describe la región como un receptáculo de terroristas de toda estirpe, “un lugar donde los terroristas de ideologías totalmente dispares -rebeldes marxistas colombianos, blancos supremacistas norteamericanos, Hamas, Hezbollah y otros- se encuentran para intercambiar técnicas” (STERN, 2003).
Ese artículo publicado por Stern (2003) generó una fuerte crítica del embajador brasileño en EE. UU., Rubens Barbosa. Barbosa adujo que Stern basaba sus acusaciones en “presupuestos equivocados e información incorrecta” y aclaró que no existían evidencias concretas sobre la presencia de Hezbollah y de Al-Qaeda en la Triple Frontera. Posteriormente, Stern (2004) respondió a Barbosa y lamentó haber dado a entender que Brasil no cooperaba en la Guerra contra el Terrorismo, aunque reafirmó que su información era confiable y se basaba en la prensa y en fuentes que solicitaban anonimato[16].
El hecho de que una investigadora del calibre de Stern apuntara a la Triple Frontera como un safe haven terrorista llevó a la producción de otros estudios que evaluaron el asunto. Entre ellos, se encuentra el artículo de Mariano Bartolomé (2003). El analista argentino, quien considera la Triple Frontera como un “área cenicienta”, realiza un amplio análisis de la presencia de individuos ligados al terrorismo en la región. Sus referencias provienen básicamente de fuentes abiertas, lo que lo lleva a concluir que “la situación de la Triple Frontera muestra la existencia de una profunda interrelación entre las actividades asociadas al terrorismo, la criminalidad organizada y la corrupción de funcionarios públicos” (BARTOLOMÉ, 2003: 34). A la posición de Bartolomé se suman las constataciones de Díaz & Newman (2005: 106), quienes, al referirse a la “corrupción oficial” en la Triple Frontera, afirman que esa zona “es la placa de Petri[17] de la cultura criminal internacional”.
El informe Terrorist and Organized Crime Groups in Tri-Border Area (TBA) of South America, de Rex Hudson (2003), que suele ser citado en distintos artículos referidos a la Triple Frontera, se basa en fuentes abiertas argentinas, brasileñas, paraguayas y estadounidenses. Aun cuando se trata de un estudio cuestionable desde el punto de vista metodológico -pues está basado en el uso indiscriminado de fuentes abiertas-, su importancia reside en el hecho de que fue realizado bajo el auspicio de distintas agencias del gobierno de EE. UU. y suministra información a los policy-makers de Washington. Hudson no se fijó como objetivo el rigor académico; más bien, se propuso entregar información general a los policy-makers y no tuvo en miras que fuese utilizado como material académico. Más allá de los reparos que acabamos de señalar, el informe de Hudson (2003) ha sido citado con frecuencia en distintos trabajos académicos como prueba del financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera.
Michael Bagrosky (2009), otro especialista en el tema, sugiere un abordaje unificado del narcotráfico, el contrabando y el terrorismo financiado por Hezbollah. Aunque el autor sugiere esta idea al evitar un análisis fragmentado de la problemática de la Triple Frontera, su abordaje de los distintos aspectos de la criminalidad en un mismo concepto produce, como consecuencia adversa, una simplificación en el tratamiento del objeto de su investigación. Además del trabajo de Bagrosky (2009), la investigadora Ana Sverdlick, al estudiar la relación entre la criminalidad y el terrorismo en la Triple Frontera, considera que “es difícil determinar cuándo una actividad con un determinado propósito termina y cuándo otra con un propósito distinto comienza” (SVERDLICK, 2005: 91).
En la percepción de EE. UU. y de algunos analistas internacionales sobre la presencia de Hezbollah en la región, es recurrente que se vinculen las actividades de este grupo/partido con el financiamiento del terrorismo. Las organizaciones de caridad ligadas al grupo libanés son consideradas como una fachada para la recolección de fondos. Entre estas organizaciones caritativas, las más importantes serían la Fundación Internacional Al Aqsa, la Asociación de Caridad Al Mabarrat y la Organización de Beneficencia de los Mártires (Bonyad-e Shahid), esta última posiblemente de auxilio a las familias de los atacantes suicidas (hombres-bomba) (LEVITT, 2007: 142).
En esa misma línea, otro analista afirma:
Hay fuertes indicios de que las agencias que reciben fondos están asociadas a actividades terroristas. Por ejemplo, la mezquita chiita “Profeta Mahoma” está liderada por el religioso Mohamad Hussein Fadllah, quien tiene vínculos con Hezbollah, mientras que la mezquita sunita “Casa de las Oraciones” está asociada al grupo Hamas a través de la secta wahhabi, liderada por el jeque Atik Al Din Al Athari. Existen también evidencias de que el Centro de Beneficencia Cultural Islámico de Foz do Iguaçu, donde opera la mezquita “Omar Bem Al Khattab”, tiene vínculos con Hamas (RAZA, 2005: 11).
En una entrevista para la tesis de doctorado del autor del presente artículo, la exdirectora de Combate a la Financiación del Terrorismo del Departamento de Estado de EE. UU., Celina Realuyo, reafirmó la dificultad de lidiar con esta característica dual de Hezbollah. Según ella:
El gran desafío que presenta Hezbollah es que es muy difícil de penetrar. Como sabes, tiene como base principal la diáspora libanesa y otros vínculos y relaciones familiares, no solamente en la Triple Frontera, sino alrededor del mundo, ¿no es cierto? Entonces, puedes tener a alguien [de Hezbollah] relacionado con otros actores en Colombia, Venezuela o Senegal, en distintas zonas del mundo… Por lo que vemos, es un grupo difícil tanto para ser penetrado como para infiltrar a alguien en su red para obtener [información de] inteligencia sobre lo que ellos están haciendo (REALUYO, 2008).
Frente a este debate, suele hablarse de la designación de determinados individuos como apoyos de Hezbollah. Debemos discutir este punto, ya que este partido/grupo no es considerado como “terrorista” por el gobierno brasileño, aunque sí lo sea por parte de EE. UU. En este caso, existe una suerte de impasse respecto de cómo actuar frente al grupo y sus seguidores.
Esta posición no está exenta de críticas. En general, los análisis discuten sobre la legitimidad de argumentos utilizados para criminalizar a la Triple Frontera. Según Costa y Schulmeister (2007), de los distintos artículos que se refieren a la Triple Frontera como un safe haven que funciona como base de apoyo financiero para el terrorismo internacional, la gran mayoría carecería de pruebas empíricas, afirmación corroborada por Amaral (2010). A pesar de tratarse de un tema delicado, muchas veces restringido a los círculos de inteligencia de los países involucrados, las entrevistas, los datos estadísticos, los estudios de campo y otros instrumentos metodológicos han sido poco utilizados por los investigadores (COSTA & SCHULMEISTER, 2007: 39).
La investigadora Denise Paro intenta analizar con detenimiento el discurso que subyace en los artículos de prensa publicados sobre la Triple Frontera con posterioridad al 11 de septiembre. Las constataciones de su investigación son valiosas, pues señalan que “es posible inferir que todos los medios de comunicación reproducen el discurso del gobierno norteamericano, el cual acusa a la Triple Frontera de financiar terroristas, pero no ha mostrado pruebas concretas que certifiquen esa afirmación” (PARO, 2007: 12). Según esta misma autora:
Otro punto a destacar es que la mención del grupo Hezbollah está siempre vinculada con su condición de terrorista, subrayada por el gobierno norteamericano. Los periódicos no reproducen la versión de los libaneses que se refieren a Hezbollah como partido político reconocido en el Líbano y que mantiene una red de solidaridad a través, por ejemplo, del mantenimiento de guarderías. También el envío de remesas al país de origen es una actitud inherente a los inmigrantes. De esa forma, vemos que los textos de los artículos muestran, más de una vez, una parcialidad y no dan espacio a que los árabes manifiesten su postura, ya que solo se les da voz en ellos en tanto suministran evidencias de la tesis que sostiene la presencia de terroristas en la región. O sea, aparecen involucrados con drogas o realizando afirmaciones radicales contrarias a EE. UU., típicamente fundamentalistas. Por lo tanto, se presentan informaciones inciertas que no sustentan los argumentos esgrimidos (PARO, 2007: 12).
Por otro lado, aun cuando en ocasiones demuestren ser concordantes con la tesis del financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera, según Adriano Barbosa “tal vez esas ideas [de que la Triple Frontera es un safe haven terrorista] sean fruto de una falta de conocimiento real de la Triple Frontera por parte de los analistas, escribiendo artículos basados en informes de la CNN, artículos desactualizados o bien de sentido común” (2007: 34).
Observamos, hasta aquí, que la postura crítica se basa en fuentes parciales que buscarían únicamente reforzar el discurso de los policy-makers norteamericanos. Analizando el contenido de tales críticas, tanto en Costa Costa y Schulmeister (2007), como en Barbosa (2007), Amaral (2010), Belivéau y Montenegro (2006) y Paro (2007), es común la utilización de términos como “uso del sentido común”, “artículos desactualizados”, “materiales que presentan informaciones inciertas” y el uso exacerbado de las “teorías conspirativas” en la crítica al gobierno norteamericano y a los analistas internacionales que defienden la idea de la Triple Frontera como safe haven.
El debate sobre el terrorismo en la Triple Frontera en los años recientes
En los organismos del gobierno de EE. UU., abundan referencias a la Triple Frontera, destacándose el Departamento de Estado, encargado de formular las estrategias generales de inserción internacional de EE. UU. Anualmente ese organismo publica informes y estudios que enfatizan la preocupación estratégica de Washington en el tema del terrorismo. Entre ellos se destaca el Country Reports on Terrorism (CRT), que reiteradamente señala a la Triple Frontera como un área crítica para la seguridad norteamericana.
En su edición de 2006, el CRT 2006 reconoce que los tres países que comparten la Triple Frontera se han comprometido en tareas de prevención del terrorismo. Sin embargo, el Departamento de Estado no deja de expresar su insatisfacción por la falta de estructura judicial y policial que le permita combatir el lavado de dinero que podría estar financiando el terrorismo en Medio Oriente (USDS, 2007).
Las críticas formuladas en el CRT quedan atenuadas en el mismo informe publicado al año siguiente. En el CRT 2007 el discurso cambia sutilmente y pasa a reconocer algunos esfuerzos de los países de la región en el combate de las actividades ilícitas y el posible financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera. Se elogia especialmente al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), órgano del Ministerio de Hacienda [de Brasil] que controla el movimiento financiero e intenta rastrear las remesas vinculadas con el financiamiento del terrorismo, del narcotráfico y otras actividades ilícitas, y el control de los contenedores que desembarcan en el puerto de Santos.
En el texto del CRT 2008 llama la atención el hecho de que el propio gobierno de EE. UU. confirme categóricamente la falta de información sobre la presencia operativa de células terroristas en la Triple Frontera. Tal afirmación, sumada a lo que indican otros documentos gubernamentales, deja en evidencia que la preocupación principal de ese país apunta al financiamiento de grupos terroristas que actúan en otros puntos del planeta y no necesariamente a la actividad operativa de Hezbollah o Hamas en la Triple Frontera. Aunque algunos informes del Departamento de Estado y del Congreso aseguren la existencia de apoyo logístico a Hezbollah, hasta la fecha no se encontraron relatos precisos sobre dicho apoyo, a diferencia de lo que sucede con en envío de remesas a ese partido/grupo (USDS, 2008).
Ahora bien, podría inferirse que en el caso de la Triple Frontera el trabajo de prevención se torna para el Departamento de Estado más relevante que el abordaje combativo contra una amenaza terrorista. Este aspecto ya se observaba en 2002, cuando el excoordinador de Antiterrorismo del Departamento de Estado, Cofer Black, afirmaba en una entrevista para la prensa argentina que:
No necesariamente donde no hay terroristas en la actualidad no los habrá en el futuro; así como en otras áreas donde hoy existen terroristas puede no haberlos mañana. A medida que EE. UU. y sus aliados ponen bajo presión a los terroristas, como en Afganistán (…), estos terroristas van hacia otros lugares. Y los que nos preocupan, principalmente, son los que van a la Triple Frontera (BLACK apud BÉLIVEAU & MONTENEGRO, 2006: 101).
En este abordaje preventivo, la cuestión del financiamiento al terrorismo cobra un estatus prioritario para el Departamento de Estado. Un informe que muestra de un modo directo la preocupación sobre el tema es el International Narcotics Control Strategy Report (INCSR). En su versión publicada en marzo de 2009, se constata que:
En diciembre de 2006 el Departamento de Estado enumeró nueve individuos y dos entidades que suministran apoyo financiero y logístico a Hezbollah y operan en el territorio de los países fronterizos a la Argentina. Esta región, comúnmente conocida como la Triple Frontera, se encuentra ubicada entre Argentina, Brasil y Paraguay. El gobierno de Argentina se ha reunido con los gobiernos paraguayo y brasileño, ya que no estuvo de acuerdo con las designaciones y señaló que EE. UU. no había entregado nueva información respecto del financiamiento del terrorismo en el área de la Triple Frontera (USDS, 2009: 82).
Esos nueve individuos citados en el informe estarían ligados al comerciante de origen sirio-libanés Assad Ahmad Barakat, una persona que fue sindicada como terrorista por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en junio de 2004, acusada de ser un posible líder de Hezbollah en la región (USDS, 2009: 400-401). Con relación a las dos entidades, ellas serían dos compañías que funcionaban como pantalla para la captación de fondos para el terrorismo, la Galería Pagé y la Casa Hamze, ambas ubicadas en Ciudad del Este y con participación societaria de Barakat (USDS, 2009: 401).
Las informaciones suministradas por el INCSR han sido negadas por el gobierno paraguayo, que sostiene que EE. UU. no ha entregado información adicional que pruebe la supuesta actividad de financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera. Sin embargo, el INCSR asegura que el gobierno paraguayo ha demorado en el reconocimiento de la existencia del financiamiento del terrorismo en sus fronteras (USDS, 2009: 400), a pesar de haber mejorado su capacidad investigativa. Para ese organismo gubernamental, aun con las limitaciones existentes, en la búsqueda de sospechosos como Assad Ahmad Barakat y Kassem Hijazi, el gobierno de Asunción “ha demostrado mejoras en su capacidad de investigación y en las denuncias por casos de lavado de dinero” (USDS, 2009: 401).
Así y todo, esa mejora parece no ser suficiente para el organismo del gobierno de EE. UU. Según el punto de vista del Departamento de Estado, existiría un punto crítico: la inexistencia de una legislación contra el terrorismo que penalice el financiamiento de ese tipo de actividad violenta dentro del territorio paraguayo. Según informaba el INCRS, Paraguay no cuenta con una ley contra el terrorismo que castigue el envío de remesas destinadas al terrorismo. En ese sentido, el país debería avanzar rápidamente para garantizar que “se apruebe y adopte una legislación comprensiva contra el terrorismo y contra el financiamiento del terrorismo” (USDS, 2009: 400). Las críticas al Paraguay por la inexistencia de una ley antiterrorista fueron también reiteradas en una de las entrevistas realizadas para esta investigación, en la que se llegó a afirmar que la ausencia de dicha legislación es uno de las principales trabas del combate al terrorismo en la Triple Frontera (REALUYO: 2008).
Esta crítica por la inexistencia de una legislación contra el terrorismo en Paraguay fue dejada de lado a partir del momento en que el país aprobó tal legislación. Promovida por EE. UU. y la OEA, la ley entró en vigencia el 26 de junio de 2010 y ha sido blanco de una gran polémica dentro del país. Uno de los puntos claves de esa nueva legislación es la persecución del lavado de dinero, “estableciendo una graduación de cinco a quince años de prisión para quienes incurran en el delito de ‘asociación terrorista’ o ‘financiamiento’ de actos de esa naturaleza” (PARAGUAI, 2010)[18].
Es importante recordar que el Código Penal brasileño tampoco tipifica el delito de terrorismo. En el caso de Brasil, por la planificación o la conspiración dirigida a cometer actos terroristas solo es penado quien cometa, como consecuencia de estos actos, otros crímenes como homicidios (culposos o dolosos) o lesiones corporales. En ese sentido se impone una reflexión: ¿el hecho de que el país carezca de una ley que penalice el terrorismo hace de él un safe haven?
Al parecer, la ausencia de esta normativa es motivo de mayor preocupación en EE. UU. que en los países de la región. En Brasil los crímenes vinculados con el terrorismo pueden quedar subsumidos en artículos del Código Penal relacionados con las lesiones corporales, la tenencia de explosivos, el homicidio o su tentativa. En caso de que fuese tipificado el crimen del terrorismo, ¿cuál sería la medida o variable para determinar qué es el terrorismo? Además, ¿esto daría paso a una probable criminalización de grupos étnicos como los ciudadanos de origen árabe? Esta reflexión es incluso más relevante que el hecho de presionar simplemente a Brasil para que adopte una ley que pueda significar un retroceso en términos de derechos civiles para algunas minorías dentro del país.
Es importante destacar que la presión y las críticas referidas a la necesidad de una ley antiterrorista han quedado demostradas en el contenido del propio INCRS, siguiendo una prerrogativa de la Estrategia Nacional de Combate contra el Terrorismo publicada por la Casa Blanca. Ese documento deja en claro que la eliminación de los safe havens pasa por reforzar el sistema judicial de los países que servirían de santuarios para el terrorismo (US WHITE HOUSE, 2006: 16). Además, otra preocupación señalada en ese documento es la referida al control efectivo del gobierno sobre un territorio propenso a ser utilizado como safe haven.
Durante el gobierno de Barack Obama, el Departamento de Estado continúa considerando que existe financiamiento del terrorismo proveniente de la zona de la Triple Frontera (USDS, 2008: 133), aspecto que ya había sido relevado en trabajos académicos anteriores (AMARAL, 2010: 247). Significa que la cuestión del terrorismo en el Cono Sur continúa estando en la agenda de seguridad de EE. UU., lo que no permite ser optimistas en cuanto a la posibilidad de cambios radicales en los asuntos vinculados con el terrorismo.
Consideraciones finales
Al analizar el debate surgido en torno a la presencia de Hezbollah en la Triple Frontera, observamos que esta percepción se remonta a los atentados de 1992 y 1994 contra blancos israelíes en territorio argentino. Según información de los servicios de inteligencia y de la justicia argentina, la Triple Frontera habría sido utilizada como base de apoyo por individuos ligados al Hezbollah, bajo la orden del gobierno iraní, para cometer los atentados. Posteriormente, los ataques que afectaron en septiembre de 2001 a EE. UU. hicieron que la región de la Triple Frontera tuviera una omnipresencia en los discursos de los gestores de las políticas y los tomadores de decisiones en el seno de Washington. Desde entonces, estos funcionarios han venido considerando la Triple Frontera como un safe haven terrorista. Dicha postura, a su vez, ha venido siendo compartida por algunos académicos especialistas en temas de seguridad.
El dramatismo de los atentados del 11 de septiembre ha hecho que la lucha contra el terrorismo no se basase en la realidad de los hechos, lo que ha provocado acciones antiterroristas que han sido independientes de las evidencias reales sobre el involucramiento en actividades terroristas de las entidades o individuos afectados. Por otro lado, existe desde entonces una criminalización del área que poco ayuda a una real comprensión de la zona, lo cual es refrendado por académicos de renombre como Jessica Stern (Cf. STERN, 2004). Se aplica entonces a este caso la vieja máxima de Maquiavelo, según la cual el fin de impedir las actividades de un safe haven justificaría los argumentos utilizados para ello.
En general, se observa que el conocimiento de la Triple Frontera se basa en estereotipos fundados en análisis parciales. Los estudios sobre el tema -en especial, aquellos realizados en EE. UU.- carecen de rigor metodológico, ya que se basan en fuentes abiertas y en una limitada evidencia empírica. Estas falencias no ayudan a una real comprensión de lo que sucede en la Triple Frontera por parte del gobierno norteamericano. La criminalización de la región parte de una visión simplista que no toma en cuenta el hecho de que, más que un safe haven, la Triple Frontera es un área urbana que cuenta con más de 700.000 habitantes, lo cual obstaculiza una percepción más clara de las reales amenazas a la seguridad provenientes de esa zona.
No hay dudas de que la porosidad de la zona fronteriza es un problema que debe ser resuelto por las autoridades públicas. Agreguemos que existen ciertamente indicios de la presencia de un grupo que ya estuvo involucrado en actos de terrorismo con centenas de víctimas fatales. En ese sentido, pasa a cobrar cada vez más importancia la necesidad de una mayor claridad en la percepción de las amenazas, que sea resultado de una política eficiente y encarada desde una perspectiva multidiensional de la seguridad pública. Mientras las cegueras políticas prevalezcan, primarán las visiones distorsionadas que poco contribuyen al combate eficaz a las verdaderas amenazas por parte de los países de la Triple Frontera.
(*) El autor de este trabajo es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Paraíba (UFPB), doctor en Ciencia Política por la Universidad de Campinas (Unicamp) y coordinador del Núcleo de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Unicamp.
Notas:
[1] Las triples fronteras de Brasil son: con Paraguay y Argentina; con Uruguay y Argentina; con Bolivia y Paraguay; con Bolivia y Perú; con Colombia y Perú; con Colombia y Venezuela; con Guinea y Venezuela; con Guyana y Surinam; y con Francia (Guayana Francesa) y Surinam.
[2] Según Amaral (2010: 29), el municipio de Iguaçu (posteriormente llamado Foz do Iguaçu) fue creado oficialmente en 1914 e integrado al Estado de Paraná. Ciudad del Este fue fundada en 1957, con el nombre de “Puerto Flor de Liz”, posteriormente Puerto Stroessner. Puerto Iguazú fue fundada en 1901.
[3] Según la diócesis del patriarcado maronita, son considerados cristianos maronitas aquellos fieles que sigan los preceptos del profeta sirio Marón (siglo V). Esta confesión religiosa es considerada una iglesia particular sui juris, es decir, una iglesia autónoma que reconoce a la Iglesia Católica y la autoridad del Papa como legítimos representantes del cristianismo. Para más detalles sobre los cristianos maronitas, ver Patriarcado Maronita (2009).
[4] Con respecto a la composición poblacional de la región, cabe señalar que hasta 1960 la población de Foz do Iguaçu era de aproximadamente de 8.000 habitantes. Un cambio drástico en estas cifras se dio con el inicio de los acuerdos para la construcción de la central hidroeléctrica Itaipú en 1973 (la construcción comenzaría en 1975). La población de la región supera hoy los 700.000 habitantes (sumadas las tres ciudades de la Triple Frontera).
[5] Aunque existan miembros de Hamas y de la Al Gama’a al-Islamiyya en la Triple Frontera (cf. HUDSON, 2003), ha habido en verdad pocos intentos realmente atendibles por explicar cómo se daría esa presencia, a diferencia del caso de Hezbollah. Tanto en los informes oficiales del gobierno de EE. UU. como en artículos de autores que hablan de la posible presencia de terroristas en la Triple Frontera, se observan puntualmente explicaciones con mayor grado de sustentación, como la que ha hecho Hudson (2003: 75-77) sobre un posible miembro de la Al Gama’a al-Islamiyya que viviría en la región, El Said Hassan Ali Mohamed Mukhis.
[6] Amal (مل ) también significa “esperanza” en árabe.
[7] Para más detalles sobre el conflicto civil libanés y su intrincada dinámica durante los 16 años de duración, ver Hourani (2006: 559-562).
[8] Si bien algunos hechos y autores demuestran la existencia del apoyo de la República Islámica de Irán a Hezbollah, se trata de un tema intrincado. Es común observar que reparticiones públicas iraníes den claras muestras de apoyo a la lucha del Hezbollah, lo que queda demostrado en el documental Letters to President, del cineasta checo Petr Lom (Cf. LETTERS, 2007). Por otra parte, la ideología del grupo/partido formulada por el Sheikh Muhammad Husaun Fadlallah nació bajo inspiración de los ayatolás Muhammad al Sadr y Ruhollah Khomeini (Cf. MARCIAL, 2007; HAMZEH, 1993; WIEWIORKA, 1988). Para Hamzeh (1993), la propia formación de Hezbollah fue capitaneada directamente por Teherán en 1982, a través de la Guarda Revolucionaria Iraní. En 1989 hubo un cambio en el rumbo de Hezbollah por orientación de Teherán. Según Marcial (2007: 7): “Ese giro en la orientación de Hezbollah se debió a la evolución del liderazgo de la burocracia de la República Islámica de Irán, que se volvió más pragmático tras la muerte de Khomeini. De hecho, las disputas de poder entre los máximos líderes iraníes se vieron reflejadas como en un espejo en la jerarquía de Hezbollah, tal como se puede observar a partir del cónclave de octubre de 1989 en Teherán. Allí se decidió que la organización mantuviera un diálogo político permanente con los sectores políticos maronitas, sobre la base de los valores compartidos entre musulmanes y cristianos, y que entrara en el debate público nacional con ideas y propuestas, como cualquier otro partido político”.
[9] Para una comparación de las diferentes ideologías en el campo de acción de Amal y Hezbollah, ver Wiewiorka (1988: 269-284).
[10] Para mayores detalles sobre las diferentes visiones respecto de la historia de Hezbollah, ver Díaz & Newman (2005); Wieviorka (1988); Marcial (2007); Hamzeh (1993).
[11] Respecto de este punto, el trabajo de Marcial (2007: 9) es bastante esclarecedor. Según la autora: “Hezbollah ofrece en la actualidad una amplia gama de servicios a la comunidad, desde bolsas de estudio hasta investigaciones para mejorar el uso de la tierra, que son realizadas por su propio comité de agricultura (algo inédito en un partido político libanés). En sus inicios, la organización entendió la urgencia de la situación y comenzó a repartir alimentos. Eso tuvo un alto impacto dentro de la comunidad musulmana, que no dudó en apoyar a los candidatos de Hezbollah”. Wiewiorka (1988: 284) también reconoce este trabajo desarrollado por Hezbollah, al que clasifica como un “intento por establecer el orden moral y el conflicto contra Occidente”.
[12] Tal como el gobierno brasileño, uno de los mayores especialistas actuales en terrorismo, Alan Krueger (Universidad de Princeton) afirma que “durante el período que lo estudié [a Hezbollah], debo definirlo más apropiadamente como una organización de resistencia” (KRUEGER, 2007: 35).
[13] No solo provocaron esa percepción, sino que incluso bautizaron esa región como “Triple Frontera”. Según afirma Rabossi (2004: 24): “Antes de los años 90, cuando aparecía alguna referencia que denominara a la región como un conjunto, se hablaba de zona, región o área de las tres fronteras. Solo algunas veces aparece la fórmula ‘triple frontera’ para denominar esa región (por ejemplo, en los diarios locales a fines de los años 80), que también es utilizada como sustantivo genérico, pero nunca como nombre propio”. Entonces, “la transformación en el nombre propio ‘Triple Frontera’ surge a partir de las sospechas respecto de la presencia de terroristas islámicos en la región después de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y, particularmente, después del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. En marzo de 1996, esa denominación sería adoptada oficialmente por los gobiernos de los tres países en el ‘Acuerdo de los Ministerios del Interior de la República Argentina, de la República del Paraguay y de Justicia de la República Federativa del Brasil’, firmado en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, partiendo del interés por ‘convenir medidas comunes, en la zona de la Triple Frontera, que une los países participantes en las ciudades de Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este’” (RABOSSI, 2004: 24).
[14] La obra de Robinson (2000: 13) va incluso más allá de la denuncia sobre la presencia de fundamentalistas islámicos y utiliza un lenguaje grosero para referirse a la región de la Triple Frontera. En sus palabras, “el ano de la Tierra está localizado en la selva del lado paraguayo del Río Paraná -un segundo lugar donde proliferan carteles sudamericanos, tríadas chinas, Yakusa japonesa, gángsters italianos, gángsters rusos, gángsters nigerianos y terroristas de Hezbollah- y que es conocido como Ciudad del Este. Una ciudad con 200.000 prostitutas, putas, marginales, revolucionarios, capangas, traficantes de drogas, viciosos, asesinos, chantajistas, piratas, bandidos, extorsionadores, contrabandistas, asesinos a sueldo, cafishos e impostores. Ella fue creada por el exdictador paraguayo Alfredo Stroessner”. Para un análisis crítico de este discurso de Robinson y diferentes versiones sobre la Triple Frontera, ver el estudio de Amaral (2010: 39-40).
[15] Sobre estas declaraciones de Taylor, ver también Lynn (2008: 68-69).
[16] Para profundizar en este debate, ver Amaral (2010: 206-208); Bandeira (2004: 328) y Barbosa & Stern (2004).
[17] Recipiente cilíndrico utilizado en laboratorios para el estudio de cultivos de bacterias, virus y microbios.
[18] Es importante destacar que el Congreso de Paraguay aceleró la aprobación de esta ley debido al incremento de las acciones de la guerrilla izquierdista del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el norte del país, grupo que contaría con el apoyo de las FARC. A pesar de ser pequeño y carecer hasta el momento de una gran capacidad para realizar incursiones más importantes, la existencia de este grupo también preocupa a las autoridades brasileñas.
