Fundado por 41 líderes latinoamericanos, este foro busca frenar el avance de los gobiernos conservadores y generar un novedoso ámbito de debate en el espacio de centro-izquierda regional.

Autodefinido como un “espacio de coordinación y articulación de líderes progresistas de distintos países, que comparten una mirada común y que participan a título personal”, el Grupo de Puebla se constituyó en julio de 2019 en esa ciudad mexicana. Entre sus fundadores, figuran un presidente en funciones, el argentino Alberto Fernández, y nueve exmandatarios de la región: los brasileños Lula y Dilma Rousseff, el uruguayo Pepe Mujica, el boliviano Evo Morales, el paraguayo Fernando Lugo, el colombiano Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Fernández. A ellos se suman el exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y otras 30 personalidades políticas de 13 países latinoamericanos.

En diálogo con DEF, el chileno Marco Enríquez-Ominami, excandidato presidencial y miembro del grupo, aclaró que sus integrantes “solo se representan a sí mismos y no asumen la representación de partidos ni gobiernos”. Al referirse a sus objetivos, el dirigente trasandino señaló que buscan “promover la integración de sus sociedades en la unidad latinoamericana”. En su página web, el Grupo de Puebla destaca que sus integrantes quieren contribuir al “diseño de programas que puedan acompañar a los futuros gobiernos progresistas” y apuntan a la construcción de “un modelo económico de crecimiento con inclusión, que garantice el acceso a un trabajo, educación, salud y vivienda digna como pilares del desarrollo social, promoviendo la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, la protección del medio ambiente y el respeto de las diversidades”.

Por su parte, el analista Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), matizó: “El poder real de este foro es bastante limitado, ya que no es un espacio que acumule gran capital político”. De hecho, solo cuenta con un mandatario en actividad y la participación indirecta de otro jefe de Estado, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, a través de un funcionario de segundo rango, el subsecretario para América Latina y el Caribe de su Cancillería, Maximiliano Reyes. En términos discursivos, Serbin afirmó que “la preocupación respecto de EE.UU. como amenaza para la región está latente en el discurso del Grupo de Puebla” y que, por su parte, sus críticos más furibundos pretenden “mostrar a este foro como una instancia de coordinación internacional de la izquierda para socavar gobiernos democráticos”. De esa forma, explicó Serbin, los sectores más reaccionarios buscan asociarlo a una supuesta continuidad del Foro de São Paulo, reunión orgánica de partidos de izquierda latinoamericanos con una agenda más radical y que tiene vínculos históricos con el chavismo y hoy mantiene contactos estrechos con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Muy diplomático, Enríquez-Ominami buscó evitar cualquier polémica con el Foro de São Paulo y aseguró que “el Grupo de Puebla viene a reforzar y no a competir ni a invisibilizar otras iniciativas, que respetamos y valoramos”.

Pandemia, deuda externa y derechos sociales

En el documento publicado luego de la última reunión del Grupo de Puebla, que tuvo lugar el pasado 15 de mayo en formato virtual, figura una serie de propuestas, entre las que se encuentra la convocatoria a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas para discutir sobre la gestión de la pandemia. “Hemos planteado la necesidad de respaldar el trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los foros multilaterales”, detalló Enríquez-Ominami. En cuanto al desempeño que ha tenido la OMS en la actual crisis del COVID-19, el excanciller brasileño Celos Amorim, quien también integra el Grupo de de Puebla, manifestó a DEF que las críticas que ha hecho la Administración Trump al organismo responden a la necesidad de “encontrar un chivo expiatorio para justificar su manejo incompetente, incoherente e irresponsable de la pandemia”.



El chileno Marco Enríquez-Ominami, excandidato presidencial del país trasandino y miembro del grupo, afirma que buscan “promover la integración de sus sociedades en la unidad latinoamericana”.


El Grupo de Puebla también plantea, en el contexto actual de crisis global por el virus, el derecho a un salario mínimo vital para toda la población, la reestructuración o moratoria de la deuda externa de los países de la región y un régimen fiscal más equilibrado que devuelva a la esfera pública el manejo y la distribución de bienes sociales como la salud. En cuanto a la posibilidad de una renta básica universal, Enríquez-Ominami aclaró que los líderes progresistas han hecho propia “la recomendación de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que plantea un esfuerzo de subsidio a la demanda que alcance a los más necesitados y evite que caigan por debajo de la línea de la pobreza”.

La reestructuración de la deuda externa es un tema particularmente sensible para la Argentina, ya que de la solución de ese problema depende en buena medida el éxito del gobierno de Alberto Fernández.  “El dispositivo de la deuda en el mundo ha ido a parar al sistema financiero y no ha servido al desarrollo productivo”, sostuvo Enríquez-Ominami, quien agregó que harán llegar al G-20 una propuesta para reducir el peso del pago de los intereses de las deudas soberanas en el PBI de los países en vías de desarrollo. “La situación actual no es sostenible a los efectos de reimpulsar unas economías tan golpeadas por el efecto de la pandemia”, completó el dirigente chileno. Presente en el último encuentro virtual del Grupo de Puebla, el economista estadounidense Joseph Stiglitz puso como ejemplo el caso argentino y se manifestó gratamente sorprendido por el modelo encarado por su discípulo Martín Guzmán –ministro de Economía de Alberto Fernández– en la reestructuración de la deuda externa.

Según un documento publicado en su web, el Grupo de Puebla pretende contribuir al “diseño de programas que puedan acompañar a los futuros gobiernos progresistas”. Foto: AFP.

Aun reconociendo la importancia de Stiglitz en apoyo de las tesis de Puebla, la pregunta que se hace Andrei Serbin Pont es “si la agenda del grupo se basa en las discusiones que sus integrantes están generando y llevando hacia afuera o se trata, más bien, de discusiones que ya existían en América Latina y en otros países del mundo y que los líderes de Puebla han retomado”. Su respuesta es clara: “Hasta ahora no he escuchado temas innovadores que este foro haya traído a colación”.

Venezuela, una “piedra en el zapato”

Uno de los temas más espinosos y que divide aguas es la situación política interna venezolana y sus repercusiones en todo el continente. Desde Puebla no han dudado en condenar “las amenazas y sanciones contra Venezuela” –al igual que las sanciones que pesan sobre Cuba– y en calificarlas, en tiempos pandémicos, de “crimen de lesa humanidad”. Consultado sobre la posición del foro en el tema Venezuela, Serbin advirtió que el país bolivariano “se ha convertido en la piedra en el zapato de buena parte del progresismo latinoamericano”. En ese sentido, el director de CRIES argumentó: “Desde el punto de vista de la construcción del discurso, ese es un obstáculo que la izquierda no logra superar porque le genera contradicciones. Si deciden hacer la vista gorda a las violaciones de los derechos humanos, la militarización del país y la ausencia de un control civil sobre las Fuerzas Armadas, están yendo en contra de sus banderas históricas”.



“El poder real del Grupo de Puebla es bastante limitado, pues es un espacio que no acumula gran capital político”, afirma el analista Andrei Serbin Pont.


El activismo del Grupo de Lima, conformado por una decena de países de la región –entre ellos, el Brasil de Jair Bolsonaro– que reconocen actualmente al opositor Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, también ha merecido reparos por parte de los líderes de Puebla. Marco Enríquez-Ominami reconoció que han sido “extremadamente críticos y severos con buena parte de las declaraciones y actitudes del Grupo de Lima”; en tanto que Amorim expresó que se trata de “una invención para legitimar el intervencionismo en Venezuela”.

Tampoco se muestran conformes con el rol que ha asumido la Organización de Estados Americanos (OEA). Amorim prefiere no pronunciarse sobre la parábola política de su secretario general, el excanciller uruguayo Luis Almagro, expulsado del Frente Amplio y hoy muy cercano a las posiciones del Grupo de Lima. Lo que sí cuestiona es el papel que ha asumido hoy ese organismo, que desde su punto de vista ha vuelto a convertirse en “un ministerio de las colonias de EE.UU”. En la misma dirección, Enríquez-Ominami lamentó que “en lugar de promover el diálogo, la OEA se haya convertido en una de las partes en conflicto [en el caso venezolano],  perdiendo su mínima condición de dignidad como foro multilateral, que es ser un espacio de conversación para la búsqueda de soluciones”.

¿Hacia una “Internacional Progresista”?

En cuanto a las alianzas externas, el Grupo de Puebla apunta, tal como lo consignaron en el comunicado final de su última reunión, a sumar esfuerzos para “una articulación de fuerzas progresistas en distintas latitudes”. En ese marco, cabe mencionar la iniciativa para constituir una “Internacional Progresista”, lanzada a fines de 2018 por el senador demócrata estadounidense Larry Sanders y un grupo de líderes europeos –que conformaron el DiEM25–, entre los cuales se encuentra el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis. Uno de los integrantes del consejo asesor de este nuevo colectivo es justamente Celso Amorim, quien admitió que tenían la expectativa que Sanders fuera el candidato demócrata a la Casa Blanca y pudiera imponerse a Trump en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Sin embargo, incluso admitiendo que no podría definir a Joe Biden –quien se impuso a Sanders en las primarias– como una “persona progresista en sentido estricto”, el excanciller brasileño consideró que se trata de “una persona con la que se podrá dialogar” en caso de llegar al poder en EE.UU.

Lo llamativo es que se el Grupo de Puebla haya optado por esta organización en ciernes y haya descartado una foro progresista ya existente a nivel global, como es la Internacional Socialista. Preguntado al respecto, Amorim ensayó una respuesta en la que cuestionó el desempeño de la socialdemocracia en el poder en las últimas décadas: “Ha habido gobiernos socialdemócratas que se transformaron en buenos managers del capitalismo. No se puede decir, por ejemplo, que el gobierno de Tony Blair haya sido progresista en el sentido que nosotros le estamos dando a esa palabra y que apunta a una verdadera reforma social, el combate a la desigualdad y unas relaciones globales más equilibradas”. A modo de conclusión, expresó: “Nosotros, los progresistas, queremos una afirmación en términos internacionales que esté en línea con la Carta de Naciones Unidas”.

El perfil “progresista” de Alberto Fernández

A la pregunta sobre la participación de Alberto Fernández en el Grupo de Puebla y su impacto en la reconversión ideológica del justicialismo argentino, Andrei Serbin Pont respondió con picardía: “El peronismo es siempre muy hábil para olfatear hacia dónde va el viento”. El analista apuntó a la necesidad política del actual presidente argentino de proyectar una “imagen progresista”, aunque recordó que hace apenas un mes elogió a Sergio Massa, un dirigente más asociado a posiciones de centro liberal, y lo definió como “la persona de su generación que más se preparó para ser presidente”. El director de CRIES sentenció: “La relación de los dirigentes argentinos presentes en el Grupo de Puebla y su nivel de compromiso con ese foro dependerán de lo que el peronismo perciba como necesario en su futuro inmediato a mediano plazo”.

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