La medida, instrumentada tras la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, había sido cuestionada por Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). En la práctica, disponía una prohibición de hecho a la importación de biodiesel extracomunitario, dejando fuera del mercado al producto de origen argentino.
España publicó una nueva Orden (IET 2199/2012) que dejó sin efecto las medidas previstas en la norma cuestionada. Al pedido argentino se sumó la reciente advertencia de la Comisión Europea sobre la necesidad de que España se  ajustara a la normativa de la OMC, avalando la posición argentina.
De todos modos, la Cancillería argentina aseguró que “persistirá en su reclamo hasta tanto la norma española sea derogada en su totalidad y se garantice el acceso del biodiésel  argentino al mercado europeo en las mismas condiciones de trato que a los productores del resto del mundo”.