La Justicia había ordenado en octubre la clausura preventiva del puerto regasificador. Tres meses después, se levantó la medida cautelar. La cuestión de fondo sigue abierta. ¿Qué dicen los vecinos y la empresa?
La terminal de regasificación, ubicada en el kilómetro 74,5 del río Paraná de las Palmas, estuvo en los últimos meses en el ojo del huracán. La Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (AAPE) objetaba, ya en octubre de 2010, su ubicación en “una zona de humedales de altísimo valor ambiental y biológico”. Además, alertaba sobre la “inevitable obstrucción de la Hidrovía” y el “serio peligro” que podría provocar “el derrame de metano líquido sobre el agua”.
CRONOLOGÍA DE LA REGASIFICACIÓN
En mayo de 2011, a raíz de la inauguración de esas instalaciones, se presentó la denuncia ante el Juzgado Federal de Campana. En diálogo con DEF, una de las querellantes, Viviana Rebasa, integrante de la AAPE, asegura que “no hubo un estudio de impacto ambiental ni un análisis de riesgo previo a la instalación de la terminal de regasificación”. “Se construyó muy rápidamente, violando todas las normas”, añade esta vecina, quien lamenta que “se haya modificado la costa del río Paraná de las Palmas, lo que tiene implicancias hidráulicas e impacta en el ecosistema”. Aclara que los reparos de los querellantes no son solo de tipo ambiental, sino que se trata de salvaguardar la seguridad de la población. “Por tener gas en el invierno, no se tiene que poner en riesgo a la población”, opina.
El 16 de octubre del año pasado, el juez Adrián González Charvay les dio la razón a los vecinos, al clausurar preventivamente la terminal de regasificación y prohibir el arribo y la salida de buques metaneros. Los metaneros son los barcos que ingresan a la terminal cargados con GNL para su regasificación. El ingeniero Fernando Massaro, docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) a cargo del estudio pericial, advirtió en su informe que “el lugar donde está emplazada (la terminal) vislumbra un umbral mayor de riesgo al aceptable”. Y añadió que las consecuencias de un eventual accidente “redundarían no solo en dichas instalaciones y colateralmente en el medio ambiente, sino principalmente y con altos márgenes de letalidad, en la población”.
El 29 de enero, transcurridos apenas tres meses y luego de una presentación del abogado de YPF que alegaba “falencias advertidas en el procedimiento del peritaje”, González Charvay suspendió la medida cautelar. De todos modos, el expediente sigue su curso y no hay un fallo definitivo.
EL GNL, UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE
El gas natural licuado (GNL) es gas natural convertido a estado líquido luego de un proceso de enfriamiento a una temperatura de – 160º Celsius. En 2005, la empresa Excelerate Energy se convirtió en pionera a nivel mundial en el desarrollo de una tecnología innovadora de regasificación en buques conocidos como “unidades flotantes de almacenamiento y regasificación” (FSRU, por su sigla en inglés).
Las FSRU “calientan el GNL (líquido) para regasificarlo; pueden utilizar un circuito cerrado de agua o un circuito abierto que aprovecha el agua del río, como ocurre en Escobar”, detalló la gerente general de Excelerate en Argentina, Gabriela Aguilar. Tal como explicó a DEF, las ventajas de este tipo de instalaciones son su rápida puesta en funcionamiento -GNL Escobar se construyó en nueve meses-; y su flexibilidad para contratar o dar de baja el servicio de acuerdo a las necesidades del cliente.
Técnicamente, el buque regasificador anclado en Escobar tiene una capacidad de almacenamiento de 150.900 m3 de GNL, que equivalen a 90,5 millones de m3 de gas. Como la capacidad de regasificación diaria es de 25 millones de metros cúbicos, se requieren entre tres y cuatro días para evacuar el gas almacenado. A su vez, el sistema operado por Transportadora de Gas del Norte (TGN) permite una inyección de hasta 22,7 millones de m3 diarios. Ese fue el récord alcanzado en junio del año pasado.
Aunque declinó pronunciarse sobre la causa judicial, la responsable de Excelerate fue tajante respecto a la seguridad de las instalaciones de Escobar. “El relevamiento da como resultado cero incidentes o accidentes; no es algo extraordinario porque es lo mismo que ocurre en todas las terminales de GNL del mundo”, aseguró Aguilar, y enfatizó: “una terminal de regasificación de GNL es mil veces más segura que una terminal de combustibles líquidos”.
LA REGASIFICACIÓN, UN RECURSO CLAVE
¿Por qué la terminal de regasificación de GNL de Escobar es hoy imprescindible en los meses invernales? La respuesta está en una polémica decisión del gobierno de Mauricio Macri. En octubre de 2018, el exmandatario despidió en Bahía Blanca al otro buque regasificador, que operaba allí desde 2008. Las promesas del rápido desarrollo de las reservas Vaca Muerta y la construcción de un nuevo gasoducto para transportar el gas a los grandes centros de consumo, nunca se cumplieron.
El informe presentado por la Secretaría de Energía al Juzgado Federal de Campana señala que la terminal regasificadora de Escobar permite el suministro de entre 17 o 18 millones de metros cúbicos diarios en los “meses más críticos”, entre junio y agosto.
Respecto del impacto que tendría la ausencia del único buque regasificador remanente, advierte: “El único modo en que el gas proveniente de Escobar pueda ser sustituido en el sistema energético es mediante la utilización de gasoil en las centrales de Buenos Aires y el Litoral, teniendo en cuenta que el gas natural consumido por la demanda prioritaria no es sustituible por combustibles líquidos”. Y con respecto a su impacto en el funcionamiento de las centrales eléctricas, alerta: “La utilización del gasoil genera una disminución de la eficiencia de las máquinas generadoras”.
De todos modos, el argumento de la Secretaría de Energía no fue considerado válido por el juez González Charvay. El magistrado consideró que “el levantamiento de la medida cautelar por razones vinculadas al contexto de la situación energética por la que atraviesa el país (…) no brinda, por sí solo, elementos suficientes a considerar en relación al objeto del proceso vinculado con la situación de peligro en la que podría encontrarse la población”.
HAY QUE PASAR EL INVIERNO…
El juez aún no se pronunció sobre el fondo de la cuestión. En la parte resolutiva de su fallo del pasado 29 de enero, lo que hizo fue suspender la medida cautelar que ordenaba la clausura de la terminal y el movimiento de buques metaneros. Mientras tanto, ordenó “el acabado cumplimento de la pericia” que deberá dictaminar el grado de seguridad de las instalaciones. Para eso, el perito de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) deberá dar intervención a la Prefectura Naval Argentina y a la Secretaría de Energía.
Contactado por DEF, el ingeniero Massaro prefirió no hacer declaraciones y precisó que “en estos momentos está en curso el desarrollo de la pericia”. Por su parte, Viviana Rebasa, representante del grupo de vecinos querellantes, manifestó sentirse “desmoralizada” por la decisión del juez y aclaró que la medida ya fue apelada. “Todos los que estamos comprometidos en el tema sentimos una gran responsabilidad y vemos que desde los ámbitos del Gobierno no se actúa. Están exponiendo a la población civil al peligro”, afirmó.
No está dicha la última palabra. Los vecinos y un grupo de asociaciones ambientalistas afirman que “la única prioridad que se debe ponderar, al tratar la apelación presentada ante la Cámara Federal de San Martín, es la arbitraria decisión del juez González Charvay, al suspender la clausura”. Consideran que “la seguridad y la vida de cientos de miles de ciudadanos argentinos están en peligro”.
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