A cuatro años y medio de la sanción de la Ley 26.190, analizamos el peso que han adquirido las fuentes alternativas de energía en nuestro país. Por Mariano Roca


En mayo de 2009, con una demora de más de dos años desde su sanción, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 26190 y lanzó el Programa de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables (GENREN), que incluía la licitación de 1000 megavatios que debían ser suministrados por centrales eléctricas alimentadas por recursos alternativos a los combustibles fósiles. La iniciativa apuntaba básicamente a fomentar proyectos vinculados con la energía eólica, la solar, la geotérmica, la mareomotriz, los pequeños emprendimientos hidráulicos menores a los 30 megavatios, la biomasa y los gases de vertedero, así como también los gases de plantas de depuración y el biogás.

“Este programa, implementado a través de Enarsa, nos permitirá incentivar inversiones por las cuales lograremos consolidar la incorporación de las fuentes alternativas a nuestra matriz energética”, aseguró en ese momento el secretario de Energía, Daniel Cameron, quien puntualizó que la energía generada sería entregada al sistema interconectado nacional a partir de la firma de contratos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) con una vigencia de 15 años. La normativa contemplaba, asimismo, un régimen promocional que incluía la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias para inversiones realizadas en el marco de la Ley de Energías Renovables.

PUNTAPIÉ INICIAL

En junio de 2010 se dio a conocer el resultado de la primera licitación del GENREN, que culminó con la adjudicación de proyectos para la generación de 895 megavatios, de los cuales 754 correspondieron a centrales eólicas; 110,4 a energía eléctrica generada por biocombustibles o biogás; 20 a energía solar fotovoltaica; y 10,6 a aprovechamientos hidráulicos a pequeña escala. El primero de los emprendimientos en ser inaugurado fue el Parque Eólico Rawson, construido y operado por Emgasud, que cuenta con 80 megavatios de potencia instalada. En septiembre de 2011, ante la presencia de autoridades nacionales y de la provincia de Chubut, se puso en marcha la primera etapa, que permitió la provisión de 50 megavatios al sistema interconectado; en tanto que en enero de este año se añadieron los 30 megavatios del segundo tramo del complejo eólico, que actualmente es el mayor del país.

En abril pasado quedó inaugurado el Parque Solar Fotovoltaico Cañada Honda I y II, en la provincia de San Juan, con 5 megavatios de potencia instalada, construido y operado por la empresa Energías Sustentables S.A. Más recientemente, a fines de mayo, Enarsa informó que fue puesto en servicio el primer megavatio de potencia de la Central San Martín, que utiliza como combustible biogás proveniente de rellenos sanitarios del módulo Norte III-A del CEAMSE. Este último proyecto es operado por Industrias Juan F. Secco y cuenta con una potencia total de 5 megavatios. Fuera del GENREN, en mayo de 2011 se puso en marcha el Parque Eólico Arauco, construido por IMPSA Wind en el marco de un contrato de provisión “llave en mano” a la provincia de La Rioja. Este cuenta, en su primera etapa, con una potencia instalada de 25,2 megavatios, que se duplicará una vez que concluya en breve la instalación de otros 12 aerogeneradores de 2,1 megavatios cada uno. Esta misma empresa, pionera en el desarrollo del sector, también tiene en carpeta la construcción del Parque Eólico El Jume, que se emplazará en el departamento santiagueño de Ojo de Agua y contará con una potencia total de 8,4 megavatios.

VENTAJAS Y CUENTAS PENDIENTES

Consultado por DEF, el director del Programa para el Desarrollo y Dirección de Energías Renovables del IAE Business School de la Universidad Austral, Ariel Casarin, aseguró que las iniciativas estatales que establecen “un porcentaje de la generación de electricidad a ser provista por fuentes de energía apoyadas en recursos renovables” constituyen un “fenómeno mundial”. Señaló que la situación de nuestro país es “muy ventajosa a nivel comparativo” dada la magnitud de nuestros recursos eólicos, solares e hídricos, entre otras fuentes energéticas alternativas. Sostuvo, en ese sentido, que podemos pensar en forma ambiciosa en la posibilidad de contar con generación eléctrica a partir de este tipo de energías.

Sin embargo, los mayores reparos de este especialista se centraron en el frágil funcionamiento del sistema regulatorio argentino en el sector eléctrico. Recordó que “tanto en generación como en transporte y distribución de electricidad, se había previsto una serie de mecanismos regulatorios y hoy estamos en una situación de irregularidad desde el punto de vista normativo”. “No podemos, entonces, esperar que se desarrollen y se cumplan regulaciones en un nuevo ámbito, cuando no estamos siendo exigentes en el cumplimiento de las normas que están vigentes”, opinó, al tiempo que destacó la existencia de “distintos mecanismos para subsidiar la inversión y garantizar un precio” para la nueva energía generada a partir de fuentes no convencionales.

“En los últimos diez años hemos visto que el costo de la tecnología para generar energía a partir de fuentes renovables ha venido cayendo a un ritmo tremendamente rápido”, añadió Casarin. Al preguntársele sobre los incentivos que podrían apuntalar ese tipo de desarrollos, respondió: “Los mecanismos de promoción a través de tarifas pueden plantear un punto de partida atractivo para la entrada de inversiones en esa industria, pero también tienen que contemplar que el costo de la inversión en energía renovable va cayendo rápidamente en el mundo”. De este modo, siguiendo el razonamiento del analista, deberíamos evitar caer en la tentación de subsidiar artificialmente un sector que empieza a tornarse altamente competitivo frente a las fuentes de energía convencional.