El presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y secretario de Justicia dialogó con DEF en el marco del 6to Special Global Workshop sobre las finanzas terrorismo y el crimen organizado.
¿Qué significa para la Argentina su nombramiento como presidente del GAFI?
Sin dudas no deja de ser un voto de confianza de la comunidad internacional. En 2010 la Argentina estaba en la lista gris del GAFI y ahora tiene la responsabilidad de conducir el organismo, con la posibilidad de fijar agenda, objetivos, prioridades. Si sumamos a esto la presidencia del G20, con agendas comunes, también en la cabeza del presidente, a mi entender es justamente la demostración de la confianza de la comunidad internacional en la Argentina como un actor relevante en estos temas.
¿Cómo fue que el país logró salir de la lista gris?
Hubo un sinnúmero de situaciones. Primero, algunas nuevas leyes y compromisos y, después, fue importante también el hecho de que en algún punto Argentina estaba sumergida en la ola populismo de Sudamérica y ahora, con este gobierno, que tiene una mirada de mayor integración a la comunidad internacional, hay una devolución de confianza, entendiendo que Argentina está lista para liderar estos procesos.
Más allá de este logro, aún queda mucho por hacer. ¿Qué áreas considera usted como prioritarias?
Yo creo que es crucial tener muy bien diseñado el mapa de riesgos. Por eso ha sido importante también la oficina que inició Juan Félix Marteau, la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, dedicada a generar relaciones entre las distintas agencias del Estado, para que cada una vaya aportando vulnerabilidades y riesgos. Una vez que se tenga este diagnóstico, se van a poder tener acciones concretas sobre los riesgos concretos.
¿Hay plazos definidos al respecto?
Yo creo que esto es algo continuo.
¿Qué aportes espera que su presidencia traiga al GAFI?
Nosotros vamos a seguir con el track institucional del GAFI, pero sí marcamos dos o tres puntos centrales o novedosos. El primero es la construcción de diálogo con los poderes judiciales. El GAFI genera las recomendaciones que después se transforman en legislación interna de los países, pero faltaba este puente con la comunidad judicial, que si bien no interviene a la hora de la prevención, sí lo hace a la hora de investigación y de sanción, entonces esto permite poder cerrar un círculo virtuoso y tener una mirada completa, de prevención, investigación y sanción. Y también en algún punto permite generar visiones comunes porque una visión común del problema permite generar acciones comunes para el combate de estos flagelos.
¿Cuáles son los próximos pasos en este proyecto?
Empezamos en Quito, seguiremos en enero en China, en febrero vamos a estar por Túnez, después vamos a Europa…
¿Qué se resolvió en el plenario del GAFI que se realizó en noviembre en Buenos Aires?
Es la primera vez que se hace un plenario con 800 personas de todo el mundo en Buenos Aires. Se pasó revista sobre las evaluaciones mutuas a México y a Portugal, también se hicieron los seguimientos a distintos países africanos y asiáticos que estaban en la lista denominada de follow-up, también hubo una declaración en contra de Corea del Norte. Esos fueron los puntos centrales.
Volviendo a poner el foco en el país, ¿Cuál es la relevancia de las iniciativas legislativas en la lucha contra el lavado y el crimen organizado aprobadas recientemente?
Todas estas iniciativas tienen un eje común que es dotar de herramientas legales al combate del crimen organizado. Después está en los actores ver cómo interpretan y usan esas herramientas. Falta mucho por hacer, hay que cambiar el Código Penal, hay que capacitar a los jueces, porque las mismas oficinas judiciales que investigan delitos menores de tenencia de estupefacientes son las que investigan delitos complejos, hay que desarrollar una oficina de investigaciones judiciales específica. La tarea es continua.
