El dirigente colombiano Antonio Navarro Wolff, ex comandante del grupo M-19 y artífice de la transición colombiana, se refiere a los avances en el proceso de paz con las FARC y a los desafíos que enfrenta Colombia en materia de seguridad pública.

La conversación con Antonio Navarro Wolff, ex dirigente del M-19, uno de los artífices de la Constitución de 1991, y ex gobernador del departamento de Nariño, se realizó un día después del anuncio, en La Habana, del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, sobre el segundo punto de las negociaciones de paz, referido a la participación en política  de los ex guerrilleros cuando dejen las armas, en unas negociaciones que se rigen por la norma según la cual “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Cuando se empieza a vislumbrar una luz al final del túnel del largo conflicto armado colombiano, Navarro Wolff, una de las voces con más autoridad en la materia, habló sobre el futuro y sobre los principales temas de la agenda política que viene.

– ¿Cómo observa la actual situación en materia de seguridad en Colombia?

– El tema de la seguridad ciudadana es el principal problema sentido por la población urbana. Ha desplazado al tema del conflicto armado, y está por encima de otras preocupaciones. En esto no hemos avanzado lo suficiente en las reflexiones sobre lo que hay que hacer. Este es un país donde la extorsión es el delito. Medellín, por ejemplo, no logra resolver los problemas de extorsión que vienen de hace muchos años, no es el micro tráfico, es la extorsión, el control territorial para conseguir dinero brindando seguridad ilegal, y eso pasa en muchas regiones de Colombia. El año pasado Los Urabeños, una banda criminal, decretó un paro armado que cerró todos los comercios de la ciudad de Santa Marta.  Así está extorsionando también la guerrilla en algunas regiones. En Arauca, en la frontera con Venezuela, ni siquiera pintan los negocios, porque si los pintan, le suben la cuota, y la ciudad parece abandonada. Medellín no logra superar lo que fue el Cartel de Medellín, que jerarquizó y armó bandas de delincuentes comunes a quienes cohesionaba y les daba tareas. No se ha encontrado una fórmula eficaz para superar esto. Lo mismo pasa en donde operó el Cartel de Cali, y donde operaron los paramilitares. Para Colombia, este es un tema de mucha importancia.

– ¿El acuerdo con las FARC puede terminar agravando esta problemática de la seguridad ciudadana?

– La experiencia de 25 años muestra que el manejo del posconflicto es vital. Si comparamos el posconflicto del M19 con el de los paramilitares, en el caso nuestro, 95% se incorporó a la vida civil y mantuvo su palabra de retirarse de toda actividad armada. Esto está ligado al éxito político que consiguió el M19, a la presencia de los mandos cerca de su gente. En el caso de los paramilitares, que eran estructuras organizadas con gente pagada, los jefes fueron puestos presos y extraditados, y más de la mitad de los excombatientes  se volvieron a movilizar en las bandas criminales conocidas como Bacrim. Lo que puede suceder con las FARC y el ELN depende mucho del manejo del posconflicto. Hay que hacer tres cosas: primero, que no quede ninguna región sin presencia integral del Estado, que incluya a miembros de las guerrillas desmovilizadas que se incorporen a unas instituciones de fuerza pública especiales para esas regiones. Segundo, que no quede ninguno de los ocho o diez mis guerrilleros sueltos, todos deben quedar vinculados, contratados, pagados, en programas de diversa naturaleza, y tercero, que los acuerdos se sostengan en el tiempo, que no venga un gobierno que los desconozca  o que una autoridad judicial internacional intervenga para poner en entredicho los acuerdos. Si las tres cosas se cumplen, es el comienzo de una solución a la violencia en Colombia.

– ¿Ya estamos en una agenda posconflicto?

– Sí. El acuerdo sobre el segundo punto de la agenda nos da una información muy valiosa sobre la voluntad de las FARC de aceptar una negociación. Tenemos la certeza de que las FARC sí quieren hacer concesiones que son posibles. Estamos frente a unas elecciones, en el primer semestre de 2014, en las cuales el tema central y la tarea más importante del próximo gobierno, es el manejo del posconflicto. Eso es lo que se va a decidir en 2014, cómo y quién va a manejar el posconflicto. El presidente Santos va a decir que él es el más calificado, pero nosotros también podemos decir lo mismo. Lo que las FARC están haciendo hoy, lo hicimos nosotros hace 25 años, les llevamos 25 años de ventaja, una generación entera, pero eso no es para molestar, sino para decir que está muy bien.

– ¿Qué temas cobran fuerza en esta nueva etapa?

– El tema de la seguridad ciudadana se está volviendo prioridad. Queremos mirar experiencias, porque los temas de seguridad ciudadana están en parte relacionados con el conflicto y en parte no. Ahora pasamos a una etapa en que las cosas son de menos nivel y se necesita más proximidad entre la autoridad y el ciudadano, darles seguridad a los ciudadanos qeu cooperan.

– ¿Qué proyecto político tiene para las elecciones presidenciales de 2014?

– Las elecciones van a tener cuatro opciones: el presidente Santos y su reelección, que tal vez no gane en primera vuelta; Oscar Zuluaga, apoyado por Álvaro Uribe; el Polo Democrático, con Clara López; y nosotros, la Alianza Verde, una fuerza nueva que es la fusión del Partido Verde y de nuestro movimiento, Progresistas. Probablemente vayamos a hacer una consulta presidencial, en la cual yo participaría como precandidato. Si el tema es el posconflicto, creo que estoy mucho más calificado que los demás para ganar. Si todo sale bien, existiría una posibilidad razonable de pasar a la segunda vuelta.