La detención en Pilar, en octubre de 2012, del colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, confirmó una realidad difícil de ocultar: la Argentina es elegida como refugio por grandes capos de organizaciones dedicadas al narcotráfico. La radiografía de un fenómeno que preocupa.
“Hemos capturado al narcocriminal más importante del mundo”. Con esas palabras, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, anunció el 30 de octubre de 2012 la detención del ciudadano colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, identificado como uno de los líderes de la peligrosa banda de Los Urabeños. El operativo, que tuvo lugar en el restaurante “Fetuccine Mario” de Pilar, estuvo a cargo de la Policía Federal y participaron también en él agentes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE). La captura de este “pez gordo” del narcotráfico se logró gracias a la información aportada por la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) de la Policía Nacional de Colombia y la DEA, agencia antidrogas estadounidense.
Ingresado al país en diciembre de 2011 con un falso pasaporte venezolano, Londoño se había instalado con su familia en el barrio de Nordelta, aunque él variaba periódicamente su domicilio y contaba con un poderoso ejército de custodios. Se desplazaba en vehículos de alta gama blindados y polarizados, y eran frecuentes sus viajes a Venezuela, Uruguay, México, Ecuador y Paraguay. Sindicado por la Policía Nacional de Colombia como el mayor proveedor de cocaína del cartel mexicano de Los Zetas, “Mi Sangre” había formado parte en el pasado del Bloque Central Bolívar, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe. El otrora poderoso capo narco se encuentra actualmente alojado en el Penal de Ezeiza, a la espera de que la Justicia resuelva un pedido de extradición de la Fiscalía de Estado de Florida (EE. UU.) por cargos de tráfico ilegal de estupefacientes.
¿NUEVO PARAÍSO NARCO?
“Aquí encontré la tranquilidad y la paz que no había logrado en los últimos siete años de persecuciones”, admitió Londoño, desde la cárcel, en una entrevista posterior a un medio local. La frase constituye una clara confesión de las facilidades que brinda nuestro territorio. ¿Es nuestro país un paraíso para los cabecillas de estos verdaderos emporios transnacionales del crimen? Vienen a la memoria otros casos resonantes, como los de la narcomodelo Angie Sanclemente Valencia, detenida en mayo de 2010 en un hostel del barrio de Palermo y condenada a seis años y ocho meses de prisión por el delito de “contrabando de exportación de estupefacientes en grado de tentativa”. Tras cumplir la mitad de su condena, según prevé la normativa migratoria argentina, fue expulsada en septiembre de este año y enviada de regreso a Colombia.
Por esas mismas fechas, en abril de 2010, fue el turno de su compatriota Luis Agustín Caicedo Velandia, alias “Don Luis” o “Don Lucho”, quien había ingresado al país con un falso pasaporte guatemalteco y pudo ser interceptado a pocos metros del shopping Alto Palermo. Este exagente del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), organismo dependiente de la Fiscalía General de Colombia, había cambiado de bando en los 90 y construyó el poderoso cartel El Dorado, una organización criminal dedicada al tráfico de droga y al lavado de dinero, que ocupó el espacio vacío dejado por los extintos carteles de Medellín y Cali. Extraditado a EE. UU., “Don Lucho” aceptó colaborar con las autoridades norteamericanas y delató a otro oscuro personaje, Ignacio Álvarez Meyendorff, alias “Nacho”, “El Viejo” o “Gran Hermano”, un personaje vinculado al Cartel del Norte del Valle que residía en nuestro país desde 2005 y fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza en abril de 2011, cuando regresaba de Tahití, para ser extraditado dos años más tarde a EE. UU.
La saga continuó en abril de 2012, cuando ocurrieron dos hechos vinculados con la secuela de violencia ligada al negocio de la droga. Primero fue detenida en Nordelta, en el marco del Operativo “Luis XV”, Ruth Martínez Rodríguez, la exmujer del capo narco colombiano Daniel “El Loco” Barrera. A los pocos días, cayó acribillado a balazos en pleno Barrio Norte otro ciudadano colombiano, Jairo Saldarriaga, alias “Mojarro”, exjefe de la red de sicarios de “El Loco” Barrera. Su asesinato por encargo habría sido ordenado por Barrera, quien sería capturado cinco meses después en una operación internacional que se desarrolló en la localidad venezolana de San Cristóbal y, un año más tarde, sería finalmente extraditado por Colombia a EE. UU.
LA “RUTA DE LA EFEDRINA”
En este marco de detenciones, falsas identidades y crímenes por encargo, en los últimos años también nos hemos visto sorprendidos por el protagonismo que ha tomado la Argentina como actor en el mapa global del fenómeno narco. Podemos situar el comienzo de esta trama el 13 de agosto de 2008, cuando Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina aparecieron muertos en un zanjón, a la vera de la ruta 24, en General Rodríguez. El triple crimen corrió el velo de la denominada “ruta de la efedrina”, que venía siendo investigada por la Justicia local desde el desmantelamiento, en julio de ese mismo año, de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en una casaquinta de Ingeniero Maschwitz. En el operativo se secuestraron 200 kilos de efedrina. En agosto de 2009, un año después del triple crimen de General Rodríguez, agentes de la AFIP y de la Aduana secuestraron en el puerto de Buenos Aires un cargamento con cuatro toneladas de efedrina.
Según pudo determinar la investigación posterior, el argentino Mario Roberto Segovia, conocido como “El Rey de la Efedrina”, y el mexicano Juan Jesús Martínez Espinoza –capturado en Paraguay– comandaban una banda que se dedicaba a proveer a grupos narcos mexicanos de este precursor químico utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. Ambos fueron condenados, en agosto de 2012, a 14 años de prisión como coautores de los delitos de “producción de estupefacientes” y “contrabando agravado” de “sustancias que pudieran afectar la salud pública”, en grado de tentativa. También fue condenado a cuatro años, en el marco de la misma causa, el argentino Ricardo Daniel Martínez, sin vinculación familiar con el mexicano, como “partícipe necesario” del mismo delito de “contrabando agravado”.
En plena conmoción por los hechos de General Rodríguez, a través de una disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dictada en agosto de 2008, el Gobierno decidió extremar los controles sobre la importación de efedrina y pseudoefedrina, a los efectos de limitar la posibilidad de desvío o uso ilícito de esas sustancias. Además se dio, en ese momento, un plazo de diez días a los laboratorios y droguerías para que declararan su stock de ambas sustancias. Posteriormente, en septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Salud, Justicia y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) estableció la prohibición de importación de efedrina y pseudoefedrina por parte de droguerías y personas físicas y jurídicas que no resultasen inscriptas en el registro de especialidades medicinales. De ahí en adelante, los laboratorios bajo la supervisión de la ANMAT serían los “únicos autorizados” para efectuar ese tipo de operaciones.
CONNIVENCIA POLICIAL
El involucramiento de altos cargos policiales de Santa Fe y Córdoba en la trama del narcotráfico es otro dato que muestra hasta qué punto las instituciones corren el riesgo de ser corrompidas y cooptadas por estas organizaciones criminales. En octubre de 2012 fue detenido en Rosario el exjefe de la Policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Tognoli, quien se encuentra procesado por los delitos de “encubrimiento doblemente agravado”, “violación de los deberes de funcionario público” y “omisión de persecución de imputados”. En el mismo expediente, se investiga a José Luis Baella, exdirector general de la división Drogas de la misma fuerza policial, acusado de dar protección al presunto traficante local Daniel “El Tuerto” Mendoza, quien fue detenido en julio de 2012 y hoy está procesado por producción y comercio de estupefacientes. Esta última detención ocurrió sospechosamente pocas semanas después de que Baella fuera transferido por Tognoli a la Jefatura de Delitos Complejos de la Unidad Regional XV de Coronda. Según el fiscal de la causa, Walter Rodríguez, el excomisario Baella habría dado ayuda a Mendoza para eludir las investigaciones de la Justicia.
Una situación similar se vive en Córdoba, donde en septiembre de este año fueron detenidos, entre otros integrantes de la cúpula de la Policía provincial, el comisario mayor Rafael Gustavo Sosa, quien era en ese momento jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. La denominada causa de los “narcopolicías” surgió a partir de las confesiones de un exinformante de esa fuerza a un programa de televisión local, quien denunció que los efectivos de la división de Drogas se quedaban con el diez por ciento de la droga incautada en los operativos para su posterior reventa y que se cobraba a los capos narcos a cambio de protección o para que se “perdiesen” las pruebas en su contra. Las derivaciones de este escándalo provocaron la renuncia del jefe de la Policía de Córdoba, Ramón Frías, y forzaron la salida del entonces ministro de Seguridad de la Provincia, Alejo Paredes.
Analizando el fracaso del combate al tráfico de drogas en nuestro país, en un artículo publicado 2009 en la revista Nueva Sociedad, el politólogo y especialista en temas de seguridad Marcelo Saín, actual legislador bonaerense por el partido Nuevo Encuentro, advertía –citando datos del Ministerio del Interior– que “en Argentina, la inmensa mayoría de los procedimientos y acciones policiales son iniciados por flagrancia, y no como resultado de una labor de inteligencia criminal”, lo que da lugar a “la detención de consumidores y pequeños comerciantes minoristas de drogas ilícitas”. Añadía además que “la cantidad de sustancia incautada en esas intervenciones es nimia” y que “en los pocos casos en que se realizan grandes incautaciones de drogas no se producen generalmente detenciones de personas, lo que da cuenta de la existencia de ‘nichos de corrupción’ en las fuerzas policiales”.
UNA BATALLA DESIGUAL
En reiteradas oportunidades, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha insistido en que “la Argentina no es un paraíso de los narcotraficantes” y que el flagelo de la droga es un “mal globalizado”. Por su parte, el ministro Arturo Puricelli reconoció la dificultad de luchar contra unas organizaciones que “tienen muchos recursos y utilizan mucha tecnología”, pero aseguró que se está haciendo frente al problema. “Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir poniendo el esfuerzo para que no nos ganen la batalla”, dijo el funcionario, tras afirmar que el Gobierno está “ocupado y preocupado” por el problema.
Los últimos dos grandes llamados de atención sobre el tema fueron el documento de la Conferencia Episcopal, advirtiendo sobre el “riesgo de pasar a una situación de difícil retorno”, y el reclamo de la Corte Suprema de Justicia al Gobierno y al Consejo de la Magistratura para que arbitren los medios necesarios para hacer frente al preocupante crecimiento del narcotráfico en la frontera del noroeste, puerta de entrada de gran parte de la droga, ya que los juzgados federales del lugar no dan abasto para atender la multiplicidad de causas que los desbordan.
La situación es preocupante. La Argentina ya no es solo un país de tránsito de la droga hacia los mercados europeos. Además de haberse convertido en un crecimiento mercado de consumo, estamos siendo testigos de un crecimiento inusitado del crimen y la violencia asociada a la narcocriminalidad, un fenómeno que destruye el tejido social y exige una respuesta urgente, antes de que sea demasiado tarde.
