El presidente Mohamed Morsi decretó el toque de queda y el estado de emergencia durante treinta días en las provincias de Port Said, Suez e Ismailiya, sacudidas por la violencia.

En un mensaje a la nación difundido por la televisión estatal egipcia, Morsi instó también a las fuerzas políticas a mantener mañana una reunión para dialogar e intentar salir de la crisis que atraviesa el país.

“Siempre he estado en contra de medidas excepcionales, pero me he visto obligado a hacerlo, por lo que he decidido anunciar el estado de emergencia y el toque de queda en Ismailiya, Port Said y Suez”, aseguró Morsi, que agregó que tomará más medidas de ese tipo “si sigue la situación y por el bien de Egipto”.

Estas tres provincias, ubicadas en el canal de Suez (noreste del país), han sido escenario desde el viernes pasado de disturbios entre manifestantes y fuerzas del orden, lo que llevó al Ejército a desplegarse en Port Said y Suez.

Los choques también se han registrado en otras zonas del país como El Cairo o Alejandría, donde los manifestantes bloquearon carreteras, atacaron comisarías y se enfrentaron con piedras a los agentes de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos.

Morsi expresó su pesar por los fallecidos y llamó a respetar las sentencias judiciales “porque no van en contra de un sector en concreto ni están a favor de ningún otro”.

Además, pidió que se diferencie la manifestación pacífica de opiniones de las agresiones contra las propiedades del pueblo, consideradas estas últimas como “prácticas ajenas a los egipcios”.

“He dado órdenes al Ministerio del Interior para que trate con firmeza y fuerza a los que intimidan a la gente, llevan armas, cortan calles, lanzan piedras, atacan las instituciones y a las fuerzas de seguridad”, agregó el presidente egipcio, que dijo no vacilar cuando se trata de proteger a los egipcios.

Según el artículo 148 de la nueva Constitución, Morsi debe consultar la declaración de emergencia con su gobierno y presentarla ante la Cámara baja del Parlamento, aunque si ésta está disuelta (como ocurre en la actualidad) puede estudiarla la Cámara alta.

Una mayoría de la cámara correspondiente debe aceptar dicha declaración, que no puede estar en vigor durante más de seis meses.

Fuente: RTVE.es