Crimen organizado, narcotráfico, inestabilidad democrática, lavado de dinero, tráfico de personas. Son los principales factores que amenazan el crecimiento de los países de América Latina. El análisis de cómo y por qué nos afectan.

Lo que ocurrió en Washington semanas atrás fue un hecho, al menos, inusual. Allí, en la capital política del ialistas en temundo, una fundación argentina que recién comienza a dar sus primeros pasos, convocó junto a una universidad centenaria a un grupo de destacados especmas de seguridad para discutir cuáles son y cómo se pueden combatir los factores que atentan contra el crecimiento de los países de la región.

Para la Fundación Taeda, responsable de organizar aquel encuentro junto a la George Washington University, significó un gran paso en su búsqueda por abrir espacios de reflexión tendientes a promover el debate sobre temas estratégicos.

En rigor, más que un seminario, la reunión fue un verdadero workshop, una instancia de trabajo con representantes de todo el continente, en donde se escucharon definiciones precisas, buenas argumentaciones y jugosos contrapuntos.

Algunas de esas ideas y las conclusiones que dejó la jornada en Washington son materia de una nota destacada del presente número y del suplemento especial que acompaña esta edición de DEF. Al mismo tiempo, haciendo eje en esa problemática, reunimos las opiniones de otros analistas para seguir discutiendo lo que pasa con la seguridad en la región y, más concretamente, de qué hablamos cuando hablamos de inseguridad regional.

Un tema que no es nuevo, que cada vez tiene más que ver con las realidades cotidianas y que también será parte de la agenda del año próximo. Así cerramos este 2010: con una edición llena de ideas para seguir debatiendo.

Escriben:

• Juan Tokatlian
• Rosendo Fraga
• Jorge Castro
• Andrés Serbin
• Craig Deare
• Alejandro Corbacho
• Julio Hang
• Juan Battaleme
• Elsa Llenderrozas

Repensando los desafíos para la región

“Es indispensable forjar un debate más riguroso, e incluso con mayor autonomía, sobre los desafíos concretos que distinguen la situación latinoamericana. En última instancia, se trata de precisar cuál es nuestra agenda en materia de seguridad y cómo examinarla.”

Por Juan Gabriel Tokatlian

Es un lugar común afirmar que hay “viejos” (por ejemplo, diferendos limítrofes) y “nuevos” (por ejemplo, la degradación ambiental) riesgos y amenazas que aquejan simultáneamente, aunque de modo dispar, a América Latina. También es una convención aceptada que los peligros y las acechanzas globales, como el terrorismo y el narcotráfico, se manifiestan, en algunas ocasiones con rasgos particulares, en la región. Más allá del paradigma utilizado para abordar las cuestiones de seguridad (realista, constructivista u otros varios), del nivel de análisis considerado (local, hemisférico o transnacional), del enfoque escogido (seguridad nacional o seguridad humana) y de la preeminencia dada a uno u otro asunto (el reto del crimen organizado por sobre el de las migraciones), lo usual es replicar en el área lo que, en general, preocupa más en otras latitudes; en especial -pero no únicamente- en Estados Unidos.

En síntesis, más que problematizar e innovar los estudios en seguridad en Latinoamérica, han aceptado y adaptado, en general, un temario y una forma de aproximarse a ella. Sin duda, no se trata de desconocer la existencia y persistencia de fenómenos de inseguridad e inestabilidad que son comunes a la humanidad ni de rechazar teorías y métodos que son de enorme utilidad para examinar dificultades críticas de seguridad en nuestra región. Lo que es indispensable es forjar un debate más riguroso, e incluso con mayor autonomía, sobre los desafíos concretos que distinguen la situación latinoamericana. En última instancia, se trata de precisar cuál es nuestra agenda en materia de seguridad y cómo examinarla.

Probablemente, algunos ejemplos específicos ayuden a comprender el punto medular de este argumento. Es paradójico que la debilidad estatal se presente -con razón- como un peligro significativo, pero no así la desregulación del mercado. Esto último nos afectó y afecta por su impacto devastador para el bienestar básico de las sociedades en el área. La proliferación armamentista es una cuestión crítica -a no dudarlo- pero la reaparición de estratagemas de contrainsurgencia entre las principales potencias de Occidente con planes estratégicos también lo es para nosotros. Los tiranos con armas de destrucción masiva constituyen una seria amenaza para la comunidad internacional pero también lo es que algunos países incorporen el uso táctico de armas nucleares en sus doctrinas de defensa. No hace falta que nombren a X o Y países como potenciales destinatarios; mañana podría ocurrir lo mismo con cualquier otro criterio y con cualquier otro país como objetivo: ello, ciertamente, constituye una alarma para países de la periferia como los latinoamericanos.

El asunto de las drogas es una cuestión inquietante para ciudadanos y Estados, pero el núcleo básico que genera y exacerba en el área la inseguridad social y gubernamental es la prohibición. El prohibicionismo y sus consecuencias constituyen serias amenazas para América Latina, uno de los epicentros donde se libra una irregular y gravosa “guerra contra las drogas”. La perpetuación de situaciones de conflicto irresueltas -en particular, en el vecindario- es un riesgo que no puede obviarse: de prolongarse aún más y hasta 2014 -al finalizar el mandato del presidente Juan Manuel Santos-, el conflicto armado en Colombia cumplirá medio siglo de existencia. ¿Cómo y cuándo se entenderá que solo una salida política podrá desactivar esta persistente “guerra sin nombre” (tal la feliz expresión del historiador colombiano Gonzalo Sánchez) que se vive en el corazón de Sudamérica y que “atrae” la participación poco estabilizadora de múltiples actores hemisféricos y extraregionales?

Se está produciendo un retorno gradual del militarismo en América Latina. Hay indicadores: el auge de un “neogolpismo” (Honduras, Ecuador); el aumento de gastos militares (Colombia, Venezuela, Chile, Brasil); más fuerzas armadas involucradas en la lucha anti-drogas (México y Centroamérica); resurgimiento de tensiones bilaterales (Colombia-Venezuela, Nicaragua-Costa Rica); más presencia directa en la gestión del Ejecutivo (en el mundo andino y la región centroamericana); persistente despliegue militar en vez de policial en misiones de paz (Haití). Este militarismo, aún de “baja intensidad”, si se lo compara con el pasado, y escasamente discutido en la región, cuenta con un actor que pareciera avalarlo con varios de sus actos y silencios: Estados Unidos. Por ello, la defensa y el afianzamiento de la democracia y los derechos humanos resultan de interés vital para Latinoamérica. La región no es ahora, como no lo ha sido antes, una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Tampoco Estados Unidos es un contrincante o antagonista. Sin embargo, Washington sí puede convertirse en un problema para nuestras naciones si opta por empujar a las fuerzas armadas del área a participar en tareas que no les competen, si expande el papel del Comando Sur por sobre el Departamento de Estado en materia de relaciones interamericanas, y si pretende que su agenda de seguridad sea necesariamente la de todo el continente.

En síntesis, parece necesario reelaborar mejor el tipo de desafíos realmente existentes en la región. Se puede y se debe pensar, investigar y debatir por fuera de los cánones establecidos. Y eso es nuestra tarea en América Latina.

>El autor es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Di Tella.

Un nuevo pensamiento estratégico

“Las amenazas y los riesgos para la seguridad se definen por los intereses de un país.”

Por Rosendo Fraga

A lo largo del siglo XX, el planeamiento militar se realizó en base a las llamadas hipótesis de conflicto, que podían derivar en crisis y, de acuerdo a las circunstancias, terminar en un enfrentamiento armado, transformándose en hipótesis de guerra.

Con la caída del Muro, este tipo de terminología se fue modificando. En la doctrina militar de EEUU pasó a utilizarse más bien el término “amenazas”, mientras que en la doctrina europea comenzó a utilizarse el de “riesgos”, que quizás sea más preciso y a la vez abarcativo. Pero mientras se va modificando la terminología de la doctrina, también va cambiando la situación.

Tomando como ejemplo a Brasil, es claro que en los años noventa el concepto de riesgo o amenaza estaba enfocado con prioridad sobre la Amazonia y la posibilidad de que en determinado momento se produjera algún tipo de ocupación internacional que afectara la soberanía brasileña en ese gran espacio geográfico.

Por esta razón, en los años 90 se redesplegaba el Ejército hacia la Amazonia y se demoraba el proyecto del submarino nuclear. En cambio ahora, momento en que Brasil está transformándose en potencia energética y encuentra en el litoral marítimo su riqueza en este campo, toma impulso el proyecto del submarino nuclear para proteger la soberanía energética del país.

Con la Argentina sucede otro tanto. A fines de los setenta, algunos consideraban que la Patagonia, un gran espacio poco poblado y con recursos naturales, podía correr un riesgo de internacionalización que afectara la soberanía del país. En ese tiempo, la Patagonia, con menos del 5% de la población de la Argentina, tenía el 25% de las unidades operativas del Ejército.
En cambio ahora surgen nuevos riesgos, como en lo inmediato la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Pero mirando hacia el largo plazo, quizás el interés más importante esté en el futuro de la Antártida y la explotación de sus recursos naturales. Lo que está sucediendo en el Ártico con ellos, bien puede anticipar lo que podría suceder con la Antártida en el largo plazo, dado que contiene muchas más riquezas que el Ártico.

Si bien es cierto que el llamado continente blanco está internacionalizado, también es verdad que países como Gran Bretaña, Argentina y Chile siguen reivindicando su soberanía sobre estos territorios, y que potencias extracontinentales, como Rusia y China, intensifican su presencia permanente. Además, el Tratado que la internacionaliza tiene fecha de vencimiento.

Desde esta perspectiva, así como Brasil para defender sus intereses avanza con el proyecto de un submarino nuclear, a lo mejor la Argentina podría proponerse tener un rompehielos a propulsión nuclear, como los que ha botado recientemente Rusia.

Las amenazas y los riesgos para la seguridad se definen por los intereses de un país y, si bien la Antártida no es el único, es un ejemplo útil de cómo debe articularse un pensamiento estratégico de largo plazo.

>El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.

Tensiones

“Entre los gobiernos de la región existen diferentes definiciones, interpretaciones y visiones de lo que es democracia y de lo que constituye una amenaza a la misma, lo cual lleva a la existencia de tensiones y crisis.”

Por Alejandro.L. Corbacho

A lo largo de estos años no ha sido fácil encontrar posturas comunes, dada la diversidad regional, la relevancia que le dan los actores a la relación entre los temas nacionales y los transnacionales, y la agenda particular de cada gobierno. Entre los muchos desafíos  para la seguridad en el hemisferio, existe uno del que casi no se habla y que, según nuestro entender, guarda un alto potencial de conflictividad. Entre los gobiernos de la región existen diferentes definiciones, interpretaciones y visiones de lo que es democracia y de lo que constituye una amenaza a la misma, lo cual lleva a la existencia de tensiones y crisis.

Sobre el tema no debería haber problemas, porque todos los Estados de la región son “democracias”, pero los aspectos del concepto que priorizan, los comportamientos y las actitudes de algunos países hacia sus vecinos parecen relativizar esa afirmación. Por ejemplo, desde el año 2001 Venezuela y Colombia mantienen relaciones tensas, que cada tanto disparan una crisis en la que se afirma que “se escucha el sonido de tambores de guerra”. Estos roces han requerido la atención de otros actores de la región para calmar los espíritus. El trasfondo de la disputa es, para Colombia, la relación que mantiene el gobierno venezolano con organizaciones insurgentes colombianas, en particular con las FARC, que desde hace años desafían al gobierno legítimamente constituido. La relación con los grupos insurgentes también ha producido incidentes con Ecuador. Por otro lado, Venezuela recela del acercamiento de Colombia a EEUU, país con el cual el presidente Hugo Chávez mantiene una reñida disputa verbal, acusándolo de tener actitudes intervencionistas. Otro ejemplo es la reciente controversia entre Chile y la Argentina a partir del rechazo del pedido de extradición de un ciudadano chileno, Galvarino Apablaza Guerra. Se trata del ex jefe del grupo insurgente chileno Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un ex senador en 1991 y de haber participado en el secuestro de un empresario. Para Chile se trata de un terrorista. El gobierno argentino decidió darle asilo otorgándole el estatus de “refugiado”. Con esa decisión, la Argentina alega que el gobierno democrático de Chile no presenta garantías suficientes para el acusado o un adecuado “estado de derecho”. La medida genera una situación de conflictividad que muchos encuentran difícil de entender.

Estos ejemplos muestran que en la región, gobiernos con distintas democracias, como son las de Colombia, Venezuela, Argentina y Chile, interpretan de modo diferente las amenazas a estos regímenes legítimos. En esos casos, quedan expuestas distintas interpretaciones de lo que consideran que son grupos armados de liberación nacional, guerrilleros o terroristas. Las actitudes pueden ir desde la “no condena” o tolerancia hasta el apoyo pleno y la defensa abierta de los mismos. De este modo, parecería que se pone en duda la legitimidad de los gobiernos establecidos. Esta divergencia conceptual ya ha originado tensiones y puede continuar haciéndolo en el futuro, afectando la convivencia y la estabilidad institucional de la región.

>El autor es politólogo y dirige actualmente la Maestría en Ciencias del Estado de la UCEMA

La transnacionalización del crimen organizado

“El fin de la primera década del siglo ratifica las tendencias sobre seguridad  evidenciadas desde su comienzo. El narcotráfico y el crimen organizado transnacional son los principales desafíos.”

Por Julio Hang

El fin de la primera década del siglo ratifica las tendencias sobre seguridad  evidenciadas desde su comienzo. EEUU se concentra en sus desafíos extracontinentales y Brasil -reconocido como potencia emergente- crea el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) y se percibe una orientación a la separación subcontinental, no aceptada por todos.

El narcotráfico y el crimen organizado transnacional son los principales desafíos. En México, pese al empleo de las Fuerzas Armadas, estos causan más 30.000 muertos desde 2006; también afectan gravemente a Centroamérica, y en Colombia las FARC subsisten pese a los éxitos de las FF.AA. La zona andina ha visto el renacer el narcotráfico; Brasil también ha empleado todas sus fuerzas para combatir en las ciudades; y nuestro país tampoco es ajeno a la internacionalización del narcotráfico. Estas bandas impulsan y cobijan la criminalidad menor y, en casos, la letalidad de su armamento es mayor a la de las fuerzas que los enfrentan.

Otro un desafío está representado por la extensión transnacional del crimen violento. En Paraguay, el Ejército del Pueblo Paraguayo es una banda subversiva, entrenada por las FARC. Venezuela, con su intervención en asuntos de otros Estados, su millonaria compra de armamentos, la creación de milicias y sus acuerdos extrarregionales, aproxima al continente desafíos ajenos.

Por otra parte, también es un desafío atinente a nuestro concepto de la defensa, la protección de los recursos de la plataforma atlántica, donde se han encontrado yacimientos petrolíferos y la riqueza pesquera es saqueada por buques de otras latitudes. La defensa de nuestros derechos sobre las Malvinas y el territorio antártico, son un ejemplo, así como la protección de los recursos energéticos -no solo subacuáticos- y de los yacimientos de minerales estratégicos. Este desafío puede extenderse a otros recursos naturales, que serán críticos con el crecimiento poblacional.

El riesgo de un  “ciber – ataque” que pueda afectar las redes informáticas centrales de un Estado y producir un colapso de todos sus sistemas, demanda hoy una especial consideración. Como también lo hace el terrorismo internacional, que Argentina ya sufriera, y la posibilidad de que la proliferación nuclear lo dote de capacidades extremas; el control del espacio y las violaciones a la soberanía. Algún conflicto territorial irresuelto nos hace ver la debilidad de los acuerdos regionales, las dificultades de la OEA, y la necesidad de poseer una sólida capacidad de disuasión. La decisión de Brasil de equiparar su potencial militar a su crecimiento económico, la de Chile de modernizar sus materiales y dar un salto tecnológico sustancial, la de Colombia en función de su guerra interna y la amenaza vecina, la de Perú de balancear su situación de equipamiento, dejan a nuestro país en la peor situación histórica, donde la creación de medidas de confianza de última generación, como la Fuerza Cruz del Sur, son muy difíciles de alentar.

> El autor es director de Desarrollo Corporativo de la Escuela de Negocios de la UADE.

Crisis de gobernabilidad y seguridad hemisférica: el caso Ecuador

“Se produjo una situación nítida de ingobernabilidad por la desaparición de la autoridad democrática legítima del presidente Rafael Correa. Esta situación de tipo insurreccional tuvo consecuencias en el plano directo de la seguridad.”

Por Jorge Castro

Durante la reciente crisis en Ecuador, la institución policial, con 46.000 miembros, se sublevó en forma prácticamente unánime, desobedeciendo al presidente Rafael Correa, y no lo hizo por motivos políticos, sino por cuestiones salariales y de desacuerdo con el nuevo mecanismo de ascensos y promociones que había sido sancionado por la Asamblea Nacional. La Policía se retiró de los lugares públicos y se refugió en sus comisarías. El resultado fue una verdadera ola de delincuencia en las principales ciudades. Al mismo tiempo, los policías amotinados en Quito se apoderaron del principal cuartel, ocuparon la Asamblea Nacional y, junto con algunos suboficiales y soldados de la Fuerza Aérea, tomaron el aeropuerto principal.

Se produjo una situación nítida de ingobernabilidad por la desaparición de la autoridad democrática legítima del presidente Rafael Correa. Esta situación de tipo insurreccional tuvo consecuencias en el plano directo de la seguridad. El propio mandatario estuvo en manos de los amotinados en el Hospital de la Policía Nacional y fue sometido a humillaciones públicas, con riesgo sobre su propia vida. Muy sintomáticamente, después de dar su respaldo al Presidente por la mañana, el Ejército se retiró a sus cuarteles sin cumplir la orden dada por el Ejecutivo de ocupar las calles, mientras Correa se encontraba aún en manos de los insubordinados. No hubo en las calles ecuatorianas, durante toda la jornada, presencia de organismos de seguridad o militares. Al mismo tiempo, el Ejército logró ser excluido de las condiciones y características de la nueva ley de ascensos del personal de la fuerza pública tanto policial como militar, hecho que carecía de toda justificación y de todo sustento de tipo legal.

Estas crisis de gobernabilidad se vienen repitiendo en Ecuador: en los últimos nueve años, seis presidentes constitucionales no terminaron sus mandatos por enfrentar situaciones de desobediencia de instituciones del Estado y movilización en forma de acción directa de distintos sectores sociales en las calles y rutas del país. Las Fuerzas Armadas han venido desempeñando un papel de árbitros de estas crisis, lo cual no parece coincidir con el papel de subordinación a la autoridad civil.

A nivel sudamericano, en los últimos 15 años fueron trece los presidentes que no finalizaron sus mandatos, en medio de situaciones de movilización y acción directa en las calles y de actitudes insurreccionales o de desobediencia masiva de instituciones del Estado frente a la autoridad política democrática. Estas crisis de gobernabilidad tienen tal envergadura y gravedad que afectan directamente la seguridad de la región, ya que América del Sur es un subsistema geopolítico donde lo que sucede en un determinado país se extiende en algún momento al resto de los países de la zona.

> El autor es director del Instituto de Planeamiento Estratégico (IPE).

Una realidad preocupante

“No existe la seguridad hemisférica, en gran parte porque el concepto del hemisferio occidental es una construcción geográfica, más que una realidad geopolítica.”

Por Craig. A. Deare

A pesar del término “seguridad hemisférica”, en la realidad del mundo en 2010 no existe tal cosa. Países seguros, sí, pero no existe la seguridad hemisférica, en gran parte porque el concepto del hemisferio occidental es una construcción geográfica, más que una realidad geopolítica. Geopolíticamente hablando, esta región física del mundo es muy heterogénea y fracturada.

Ya tenemos clara la situación actual del sistema internacional. El mundo se encuentra en el período de transición del sistema post-Westfaliano -dominado por actores estatales-, transitando por un ambiente híbrido que incluye actores estatales y no estatales, hacia un sistema que aún no se define. En el nivel superior del sistema actual se encuentran los actores estatales mayores -los grandes poderes-, los cuales todavía tienen la libertad de operar de manera semejante a como se hacía en los siglos pasados, aunque restringidos por el sistema.  En un segundo término, se encuentran los poderes regionales, que tienen mucha influencia en los entornos subregionales, aunque también se hallan restringidos por el sistema internacional. Los demás países comparten el sistema con una cantidad creciente de actores no estatales, como las ONG, grupos armados, entre otros.

Ya sabemos que este mundo está interconectado políticamente y económicamente, a pesar de las grandes diferencias ideológicas y culturales, por un factor clave: la tecnología. La tecnología es la variable relevante para la situación actual: flujos impresionantes de capital, datos financieros, información política instantánea, avances médicos y también la proliferación de armas avanzadas (sobre todo en aspectos químicos, biológicos, y nucleares).  Todo esto ha contribuido a un mundo en el cual los actores no estatales ejercen mayor influencia que en cualquier otro momento en la historia, para bien y para mal. La combinación del crecimiento geométrico demográfico con el crecimiento exponencial tecnológico contribuye a un mundo que a principios del siglo XXI ha entrado en una era de oportunidad enorme y también de peligros jamás previstos.

Evidentemente, la región comparte todas estas características. A pesar de raíces culturales y valores semejantes, la región está fragmentada política e ideológicamente. Es una desgracia que mientras algunos avanzan, otros retroceden, demostrando claramente la importancia del liderazgo para hacer que un país avance o retroceda. No obstante acuerdos y tratados, la verdad es que no hay armonía entre los vecinos.

Además de las amenazas militares aún existentes en esta región, la preocupación mayor es la serie de amenazas transnacionales que han surgido en el pasado reciente, que incluyen el narcoterrorismo; la posibilidad de proliferación de armas de destrucción masiva; el tráfico ilícito de drogas, armas, personas, contrabando y lavado de dinero; como también amenazas a redes de transportes y de comunicaciones, y elementos críticos de infraestructura.  Paradójicamente, esta situación se debe en gran parte a la ineptitud de los gobiernos para solucionar los desafíos políticos, económicos, sociales y de justicia para sus pueblos, con el resultado no deseado de mayor inseguridad.

Finalmente, a esta situación no alentadora se le agrega la ausencia más notable de los Estados Unidos en la región, que va más allá de la falta de atención tradicional. El desinterés típico se ve agravado en el tema de la seguridad por su enfoque en Afganistán e Irak, además de sus preocupaciones con Pakistán, China, Corea del Norte, Irán, y varios actores no estatales como Al Qaeda, Hezbollah y otros. Esta ausencia, combinada con la fragilidad de muchos países de la región, nos presenta un futuro incierto, inseguro y preocupante.

> El autor es profesor del Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa (CHDS) de Washington.

Sin novedades en el frente: ¿una nueva coyuntura hemisférica?

“América Latina continúa siendo un referente menor en la política hemisférica de los Estados Unidos, mientras que la región y, en particular, América del Sur, siguen avanzando por el camino de nuevas formas de cooperación regional.”

Por Andrés Serbin

Las expectativas que despertó en América Latina la elección de Obama como presidente de los EEUU, hace más de un año, no se cumplieron. Por un lado, las ambigüedades en su política hemisférica, tanto en relación a Cuba, al manejo del golpe de estado en Honduras y a los acuerdos sobre la presencia estadounidense en bases militares colombianas, como en la implementación de una reforma migratoria, la lucha contra el narcotráfico y la firma de acuerdos de libre comercio con Colombia y Panamá aún pendientes de aprobación, evidencian las dificultades y contradicciones de una política hemisférica que no logra una articulación consistente. Las recientes elecciones legislativas, con una avasallante victoria de los republicanos, apuntan a un incremento significativo en los obstáculos políticos internos con que se deberá enfrentar próximamente el presidente estadounidense.

Si bien el cambio en la composición de la Cámara baja del Congreso puede abrir la posibilidad de avanzar en la firma de los acuerdos de libre comercio, más allá de las tibias aperturas en términos de la liberalización de los viajes y del envío de remesas a Cuba, las expectativas de una normalización de las relaciones con este país se diluyen con la nueva mayoría republicana y la probable designación de Ileana Ros-Lehtinen para presidir el influyente Comité de Asuntos Exteriores, no obstante la eventual presión de sectores empresariales por lograr una mayor apertura que permita hacer negocios con la Isla.

Por otra parte, las relaciones con Brasil y Venezuela, y con América Latina en general, tenderán a mantenerse en el marco de una atmósfera de pocas innovaciones y de la priorización de otras áreas y temas estratégicos de la política exterior estadounidense.

Las relaciones con Brasil, de creciente proyección global y con un liderazgo regional expresado por el impulso dado a la Unasur, posiblemente sufran pocos cambios con la elección de Dilma Rousseff para la presidencia. Brasil, como en los tiempos de Lula, continuará siendo un referente obligado para los EEUU en la región -como lo evidencia la firma de un acuerdo militar entre ambos países en abril de este año-, con los altibajos que implican posiciones diferenciadas y eventualmente divergentes en el marco global, pero con pocas posibilidades de que se dé lugar a la eclosión de conflictos significativos entre ambos países. Con matices, la política exterior de Brasil bajo la presidencia de Rousseff seguirá privilegiando los intereses económicos por sobre otras consideraciones, en tanto no existen amenazas regionales efectivas a su seguridad y siempre que el crecimiento económico sostenido de este país persista en un contexto global favorable.

Venezuela, en cambio, puede emerger como un punto de fricción importante entre los Estados Unidos y la región. La reciente victoria pírrica de Chávez en las elecciones legislativas de septiembre da muestras claras de la creciente insatisfacción de la población venezolana con su gestión y con su aspiración de avanzar en la construcción del “socialismo del siglo XXI”. Pese a ello, el presidente bolivariano parece redoblar su apuesta, profundizando en el proceso de estatizaciones y expropiaciones. Sin embargo, sus aspiraciones de liderazgo regional parecen estancarse tanto a la luz de la paralización progresiva del ALBA (cuyos socios tienden a dispersarse en función de sus propios intereses nacionales) como de la decreciente disponibilidad de ingresos petroleros, sin mencionar que muchas de sus propuestas regionales han sido hábilmente diluidas por la diplomacia brasileña, mientras la dependencia venezolana del mercado petrolero estadounidense sigue persistiendo. Este escenario no descarta, sin embargo, la eventual búsqueda de un conflicto internacional que permita desplazar la atención de los urgentes problemas que enfrenta el país.

En este contexto, América Latina continúa siendo un referente menor en la política hemisférica de los Estados Unidos, mientras que la región y, en particular, América del Sur, siguen avanzando por el camino de nuevas formas de cooperación regional, ilustradas por la progresiva institucionalización de la Unasur y de la recientemente creada Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CEALC), con la exclusión de los Estados Unidos.

> El autor es analista político y presidente  de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).

Más incertidumbres que avances

“La seguridad regional enfrenta más desafíos que avances y su evolución no es promisoria.”

Por Juan Battaleme

Existen cuatro desafíos a la seguridad regional en un contexto de transición multipolar. El primero se relaciona con la distribución de poder en la región. El sistema internacional se compone de Estados satisfechos con el statu quo adquirido y aquellos que no lo están, y que por lo tanto son proclives a modificar su posición. Realizar dichos cambios conlleva asumir riesgos; en este sentido podemos decir que están los que tienen aversión al riesgo y aquellos que se encuentran dispuestos a tomarlo.

En América del Sur la estabilidad se debe a la existencia de un número mayor de Estados satisfechos, donde además prima la aversión al riesgo. La dimensión material de poder todavía impone límites a las aspiraciones de los Estados de la región, pero dicha situación puede alterarse con el tiempo, a medida que las condiciones materiales lo permitan.

En segundo lugar, existe un desplazamiento destinado a ocupar los “espacios comunes” (mar, aire, espacio ultraterrestre), para ello se elaboran estrategias militares de “denegación” buscando evitar que otros exploten las ventajas que otorga el control de “lo común”. Esa es la razón que impulsa -junto con el peso de los “lobbies militares” en Chile, Venezuela y Brasil- los recientes equipamientos de armamentos.

Muestra de la falta de unidad y proyecto latinoamericano en este campo se ve en las compras de armas, realizadas de forma descoordinada e inconsulta mediante distintos proveedores (Rusia, China, Alemania, Israel, Francia, entre otros) y atendiendo a una dimensión estrictamente nacional. La lógica de autoayuda prima sobre la construcción de una comunidad pluralista de seguridad (CPS). La retórica de “hermandad latinoamericana”, “sujeción al derecho” y “procesos de modernización” no alcanza para cubrir un rearme regional que afecta las percepciones vecinales y las posibilidades de cooperación futura.

El tercer desafío se encuentra en el Consejo Sudamericano de Defensa (CSD), el cual no tiene una sustancia práctica. No se discuten las condiciones del rearme existente, ni ejercitación de combate conjunta, ni la conformación de un tratado de fuerzas convencionales para América Latina que asegure los avances en el establecimiento de una CPS. El CSD parece más una oportunidad para que Brasil construya su propia periferia. Argentina, bajo este marco, debe presionar para que se brinden explicaciones concretas acerca de las intenciones, objetivos y escenarios que involucran el equipamiento militar, y para coordinar futuras compras basadas en la lógica de la defensa común. Tal vez nos llevemos una sorpresa.

El último se encuentra en el campo de las relaciones cívico-militares. El bloque bolivariano comienza a mostrar un preocupante retroceso a medida que los comandantes de sus ejércitos se pronuncian a favor de un único modelo político y un liderazgo específico, informando a sus sociedades que los cambios de rumbos no serán permitidos, politizando así la defensa nacional. La seguridad regional enfrenta más desafíos que avances y su evolución no es promisoria.

>El autor es profesor de Política Internacional Contemporánea en la UADE

El multilateralismo efectivo: un desafío para el continente

“Con altas tasas de crecimiento, comparadas a las de las economías industrializadas, los países latinoamericanos emergen con moderado optimismo. Sin embargo, como otra cara de la moneda, la región muestra un profundo deterioro de sus condiciones de seguridad.”

Por Elsa Llenderrozas

Desde los años ochenta, es la primera vez que América Latina logra salir airosa de una crisis económica global. Pudo resistir los impactos más negativos, y los efectos financieros y comerciales fueron menores que en los países desarrollados. Las perspectivas macroeconómicas son aun mejores. Con altas tasas de crecimiento, comparadas a las de las economías industrializadas, los países latinoamericanos emergen con moderado optimismo. Sin embargo, como otra cara de la moneda, la región muestra un profundo deterioro de sus condiciones de seguridad. En el año 2002, una consulta de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA a los Estados miembros sobre nuevos enfoques y amenazas, concluía que el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y las diversas modalidades de crimen organizado eran prioritarios. Casi una década después, la situación en todos estos temas ha empeorado dramáticamente, sumándose nuevas formas de violencia, como las pandillas delictivas, que por entonces eran un fenómeno incipiente.

Pero no solo aumentaron los niveles de inseguridad y se volvieron más complejos, también las tensiones interestatales generaron un foco adicional de inestabilidad. Conflictos como los de Colombia-Ecuador, Colombia-Venezuela, Nicaragua-Costa Rica, o las recientes intrusiones del ejército boliviano en territorio argentino, que incluyeron violaciones a la soberanía territorial o amenazas de uso de la fuerza, volvieron a encender luces de alerta en la región. Una combinación de políticas de seguridad militarizadas, nacionalismos redimidos y proyectos revolucionarios de distinto tipo, recreó la dinámica de riesgos y tensiones. Ni el apego histórico a los mecanismos de solución pacífica de conflictos, ni los distintos espacios de integración o los procesos hemisféricos habitualmente legitimados, han podido refrenar estas actitudes desafiantes. Asociadas a esto, también se reinterpretan las políticas de modernización de los sistemas de defensa, ejecutadas principalmente por Venezuela, Brasil, Chile y Colombia, que abrieron un debate olvidado en las últimas décadas. La reaparición de lecturas de la seguridad a través de conceptos como  “equilibrio militar” o “carrera armamentista”, es un fenómeno presente en amplios sectores políticos y militares sudamericanos. Frente a este escenario, un multilateralismo efectivo que mejore la coordinación política, y resuelva viejos y nuevos problemas de institucionalización, es una deuda pendiente y un desafío a futuro para la seguridad regional.

>La autora es profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y secretaria académica del Instituto para la Seguridad en Democracia (SenD)