Del negacionismo de Bolsonaro a las idas y vueltas de López Obrador, los países latinoamericanos optaron por distintas alternativas para contener el brote del COVID-19, con éxito dispar. Por Mariano Roca
Con recetas descoordinadas y estrategias diferenciadas para enfrentar la peor pandemia del último siglo, los gobiernos latinoamericanos han respondido de forma muy diferente entre sí ante el COVID-19. Detallamos, a continuación, los casos de Brasil, México, Ecuador, Perú y Uruguay.
Brasil, al borde del colapso
Con un presidente que nunca aceptó las medidas de distanciamiento social y el cierre de actividades productivas dispuestos por los gobiernos regionales y locales, el gigante sudamericano ha exhibido un alarmante crecimiento de la curva de enfermos de COVID-19 y se convertido en el tercer país con más contagios en el mundo, detrás de EE.UU. y la Federación Rusa. El Sistema Único de Salud (SUS) brasileño se encuentra al límite, con tasas de ocupación de las unidades de terapia intensiva (UTI) del 85% en Río de Janeiro y del 90% en San Pablo, dos de las principales metrópolis del país. La situación también es crítica, con niveles cercanos o superiores al 80% de ocupación de las UTI, en los estados de Amazonas –con la ciudad de Manaos como la más afectada–, Ceará y Pernambuco.
Los cortocircuitos políticos no han ayudado a diseñar una estrategia unificada para hacer frente a la crisis. Desde el inicio de la pandemia, han renunciado dos ministros de Salud, Luiz Henrique Mandetta y Nelson Taich, por sus desinteligencias con el presidente Jair Bolsonaro. El mandatario llegó a definir al COVID-19 como “una gripecita” y ha hecho una abierta defensa del uso de la hidroxicloroquina, una polémica droga que aún se encuentra en proceso de evaluación, para atender los pacientes “desde los primeros síntomas”. Finalmente, con el nuevo ministro interino Eduardo Pazuello, Bolsonaro consiguió imponer su criterio y conseguir que se apruebe una orientación ministerial para liberar el uso médico de la hidroxicloroquina.
Las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales son muy tirantes. El presidente de Brasil llegó a tildar de “lunático” al gobernador de San Pablo, João Doria, y chocó contra el Supremo Tribunal Federal (STF), que dictaminó que las administraciones locales tienen competencia para disponer reglas de aislamiento, cuarentena y restricciones en el transporte y el tránsito en rutas y autopistas. El máximo tribunal judicial de ese país también obligó al Palacio del Planalto a dar marcha atrás con la difusión de una campaña con el eslogan “Brasil no puede parar” y lo previno de evitar cualquier tipo de propagandas que minimizaran los riesgos del COVID-19 en la población.
En las dos principales ciudades, San Pablo y Río de Janeiro, la cuarentena fue decretada el 22 de marzo y, luego de sucesivas prórrogas, seguirá vigente hasta fin de mayo. El pasado 22 de abril, ocho estados –entre ellos Rio Grande do Sul, limítrofe con Argentina y Uruguay, y el Distrito Federal (donde se encuentra Brasilia)– comenzaron a flexibilizar las medidas de confinamiento. En cuanto a los planes de reactivación de la economía a nivel nacional, existen desacuerdos entre la denominada “ala militar” del gabinete, liderada por el jefe de la Casa Civil, Walter Braga Netto, y el ministro de Economía, Paulo Guedes, respecto del denominado Plan Pro-Brasil, un ambicioso programa de infraestructuras que implica una ampliación del gasto público y se encuentra en las antípodas de la ortodoxia y la contención del déficit que predica Guedes.
México: marchas y contramarchas
Luego de su intento inicial por minimizar la magnitud de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador –quien llegó a decir, a fines de febrero, que el COVID-19 “ni siquiera es equivalente a la influenza”– ha tomado conciencia de la gravedad de la situación con el correr de las semanas. La curva de contagios ha ido in crescendo y se ha concentrado principalmente en la capital y la zona del valle de México, algo así como el “conurbano” de la principal ciudad del país. A nivel nacional, aún se encuentra disponible el 68% de las camas con respirador artificial, necesarias para los pacientes graves; pero en la zona metropolitana la disponibilidad disminuye al 34% en la capital y al 44% en el estado de México.
El pasado 24 de marzo, el gobierno federal decretó una serie de medidas preventivas –en el marco de la denominada “Jornada Nacional de Sana Distancia”– que incluyeron la suspensión de las clases, así como de las actividades de los sectores público y privado que involucraran tránsito, desplazamiento y aglomeración de personas, eventos masivos y reuniones que congregaran a más de cien personas y la licencia laboral con goce de sueldo para mayores de 65 años y personas con riesgo de desarrollar la enfermedad. En principio, la vigencia de esta medida de la Secretaría de Salud iba a extenderse hasta 19 de abril, pero luego se extendió hasta el 31 de mayo.
A partir del 1º de junio, se pondrá en marcha el plan de reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, que incluye un semáforo semanal que tendrá en cuenta la evolución de los contagios en cada región del país, en una escala de verde a rojo. En las regiones catalogadas como “verdes” habrá una liberalización total de las actividades laborales y se permitirá el regreso de los alumnos a las escuelas. En las “amarillas” no habrá clases, se restringirán las actividades de esparcimiento en espacios abiertos y se mantendrán abiertas las industrias. En las zonas del país identificadas con el color “naranja”, se reducirán las actividades laborales no esenciales y la circulación de personas en espacios abiertos. Por último, de mantenerse altos los niveles de contagio, eso equivaldrá a un color “rojo” que solo permitirá que se abran aquellos sectores esenciales de la economía y mantendrá cerrado el resto de las actividades.
Ecuador: el drama de Guayaquil
El país que ha aparecido en los titulares de todo el mundo es Ecuador. Las imágenes del colapso del sistema de salud en Guayaquil, la ciudad portuaria que es eje del comercio y de buena parte de las actividades productivas de la costa del país, mostraron buena parte de la realidad ecuatoriana. Cadáveres en las casas y apilados en la vía pública formaron parte del escenario dantesco que se vio durante el mes de abril en esa metrópoli. Se calcula que uno de cada tres habitantes de esa urbe contrajo el virus y el número de fallecidos del departamento de Guayas, cuya capital es Guayaquil, representa el 25% del total nacional.
El ministro de Salud, Juan Carlos Zeballos, afirmó que se espera que el 60% de la población del país se contagie, aunque matizó que nueve de cada diez contagiados tendrán síntomas leves y podrán recuperarse sin problemas de la enfermedad. A mediados de marzo, en medio de la crisis, había renunciado su antecesora, Catalina Andramuño, quien en su carta de dimisión –presentada el 21 de marzo al presidente Lenin Moreno– aseguraba que “enfrentar una emergencia sanitaria sin recursos es complicado”. Cuestionado públicamente por su inacción, el mandatario reconoció que estuvo físicamente ausente durante la crisis, pero justificó esa situación por su edad y condición de discapacidad, que impedían su movilización. La gestión de la crisis estuvo a cargo de su vice, Otto Sonnenholzer, al frente del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE).
Con una caída del 90% de los ingresos por venta de petróleo, Ecuador enfrenta la crisis del COVID-19 en un contexto de fuertes restricciones fiscales y, al ser una economía dolarizada, el gobierno no cuenta con el instrumento de la emisión monetaria para financiar su déficit, lo que ha obligado al Ejecutivo a aplicar fuertes ajustes en otras áreas del sector público, como las inversiones en infraestructura, para poder volcar recursos a la atención de la emergencia. Por lo pronto, el país consiguió negociar con los acreedores el aplazamiento hasta agosto del pago de intereses de bonos de su deuda externa.
Al igual que en México, las autoridades ecuatorianas adoptaron un “semáforo epidemiológico” que permitirá catalogar las ciudades en forma decreciente en cuanto a la magnitud de la pandemia, con los colores rojo, amarillo y verde. Desde el 20 de mayo, Guayaquil ha pasado de rojo a amarillo y la Alcaldía ha autorizado la reapertura de actividades productivas y del transporte público, aunque se mantendrá el toque de queda entre las 21 y las 5 de la mañana. Mientras tanto, la capital Quito sigue en alerta roja y mantiene una cuarentena estricta, al no haber alcanzado aún el esperado pico de contagios.
Perú, con sus luces y sus sombras
Con un número de contagios que ya superó los 100.000, que lo ubican como el segundo más afectado de la región y el duodécimo a nivel global, Perú se ha destacado por su temprana cuarentena obligatoria, decretada el 15 de marzo. El 70% de los casos reportados se registra en la zona metropolitana de Lima, donde las unidades de terapia intensiva se encuentran al límite. El punto más fuerte del país andino es que es el segundo en número de testeos realiza por millón de habitantes en la región –2600 por millón de habitantes–, detrás de Chile –con 4500 por millón de habitantes–.
Una de las medidas más polémicas decretadas en Perú fue el sistema de turnos para poder salir determinados días de la semana, en el marco de la cuarentena. En un principio, se había establecido una división por género: los lunes, miércoles y viernes podían hacerlo los hombres; mientras que los martes, jueves y sábados tocaba a las mujeres. El comando gubernamental del COVID-19 asumió el error y, a pocos días de su implementación, dio marcha con la disposición, que había generado la protesta de las organizaciones de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero (LGBT).
En cuanto a la salida progresiva de la estricta cuarentena que llevaba casi dos meses, un decreto presidencial –sancionado el 3 de mayo por el presidente Martín Vizcarra– estableció un plan de reanudación de actividades, que se implementará en cuatro fases progresivas y que en su primera etapa ha autorizado la reanudación de la gran minería, la industria, los hidrocarburos, la construcción, el comercio y los servicios, pero en estos dos últimos casos a través de las modalidades de entrega a domicilio o take away y ventas electrónicas respectivamente. El mandatario descartó que las clases regresen en el corto plazo y supeditó el retorno a las aulas a la existencia de algún tratamiento o vacuna contra el virus.
Uruguay, un país que le “gana” al virus
A menos de un mes de haber jurado como nuevo mandatario, Luis Lacalle Pou debió hacerse cargo de la gestión de una pandemia que paralizaba el planeta. A pesar de las presiones de sectores médicos y de la oposición, la decisión de su gobierno fue no decretar una cuarentena estricta, sino una serie de medidas para restringir la circulación del virus. Se exhortó a la población a permanecer en sus hogares y no acudir a lugares públicos, se suspendieron las clases y los espectáculos masivos y se decidió el cierre de todas las fronteras. Tal vez, la medida más osada haya sido el recorte de salarios a funcionarios públicos con sueldos superiores a 80.000 pesos uruguayos (unos 1.850 dólares) y su imputación al nuevo Fondo Coronavirus para hacer frente a la emergencia. El sitio web endCoronavirus.org, del New England Complex Systems Institute (NECSI) de la Universidad de Cambridge, ubicó a Uruguay entre los 42 países que están derrotando al COVID-19.
