Los incendios en las islas del Paraná, una postal que preocupa. Foto: Fernando Calzada

Los incendios visibilizaron una problemática que preocupa y diferentes expertos resaltaron la importancia de estos ecosistemas a nivel ambiental; el diputado Leonardo Grosso aportó su mirada sobre la necesidad de un marco legal. Por Patricia Fernández Mainardi

“Se estima que un 21 por ciento del territorio es alcanzado por los humedales. No hay provincia que no los tenga. Por ejemplo, hay turberas en Tierra del Fuego, salares altoandinos, los asociados a los grandes ríos como el Paraná y el Paraguay, y aquellos cercanos a la Ciudad de Buenos Aires, como el de Costanera Sur y los del Riachuelo”, detalla Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de Fundación FARN. Según ella, los humedales son los ecosistemas que más han retrocedido al nivel mundial. La Convención de Ramsar especifica que ya ha desparecido el 87% de los que existían originalmente en el planeta.

¿Por qué son importantes? Los humedales tienen valor biológico, ecológico, cultural y social. Además, son de los ecosistemas más ricos en biodiversidad: se estima que hay un 40% de las especies del mundo que habita o se cría en humedales y tienen el famoso efecto esponja: cuando hay exceso de lluvias, retienen el agua y eso también ayuda a sobrellevar de mejor manera la época de sequias. “El mantenerlos ayuda a sortear un poco mejor las instancias extremas que son más usuales por el cambio climático”, explica Di Pangracio.

Un nuevo proyecto de ley, ¿esta vez será la vencida?

Actualmente, en Diputados, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano lleva adelante los diálogos necesarios para avanzar en una ley de humedales. Sin embargo, no es la primera vez que se trata este tema en el Congreso, ya hubo intentos previos.

Los Esteros del Iberá es el humedal más importante de nuestro país y tiene un nivel de protección alcanzado por la Convención de Ramsar. Foto: Fernando Calzada.

“Es conocido y público por qué estamos debatiendo nuevamente esta norma: siempre, por distintos intereses, se ha trabado y caído su tratamiento. Para que eso no pase, desde la Comisión hemos buscado establecer un mecanismo de participación donde invitamos a todos los sectores”, dice el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión. Grosso comenta que ya mantuvieron dos reuniones con los damnificados y damnificadas de la quema de pastizales -entre ellos, organizaciones ambientalistas y de productores del Delta del Paraná y de Rosario- en donde el eje fue la discusión sobre cómo se produce sobre los humedales. “Ahora vamos por una tercera reunión para pensar en quienes habitan los humedales, en los desarrollos inmobiliarios y la infraestructura, entre otras cuestiones que plantean los distintos sectores. Escuchamos las voces a favor y en contra”, detalla el diputado, quien busca unificar los 5 proyectos que se debaten en uno para poder darle despacho en la Comisión de Ambiente.

Según el legislador, el espíritu de la ley busca asegurar los presupuestos mínimos de conservación, protección y restauración de humedales: “El objetivo final es que el Estado regule la actividad sobre estos territorios que tantos servicios ecosistémicos brindan al planeta. Entonces lo que queremos es regular”. Para Grosso, eso supone que los sectores que producen sobre los humedales deban cumplir ciertos requisitos, lo cual se traduce en un menor margen de ganancia. “Por eso se resisten. Pero bueno, también es lógico que el Estado argentino quiera proteger este tipo de ecosistema”, agrega.

En el proyecto del legislador de Frente por Todos se pretende inhibir al empresariado a llevar adelante acciones que dañen el medioambiente mediante la instrumentación de sanciones: “Aumentarían severamente, lo hacemos apropósito porque entendemos que las multas no deben estar dentro de los costos de producción. Y, si bien no soy amigo de las penas, en este caso teniendo en cuenta el criterio de responsabilidad extendida, agregamos penas de 1 a 10 años”.

Un presente que arde

Para Ana Di Pangracio es importante comprender que en el Delta existe la posibilidad de aplicar una ganadería sostenible. En ese sentido, la experta señala que, de acuerdo con los cálculos difundidos, se gastan aproximadamente 22 millones de pesos por día en apagar los incendios, dinero que podría invertirse en el uso sostenible de los humedales. “Debe haber una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental y debe darse sanción lo antes posible porque la situación de los humedales es de suma urgencia. Creo que la pandemia nos tiene que dejar ese aprendizaje de que es necesario establecer otra relación con la naturaleza. Todos corremos peligros y los productores no están exentos”, concluye.

El humo se convierte en una constante por estos y la necesidad de sancionar una ley de protección de los humedales es urgente. Foto: Fernando Calzada.

En esa línea también se manifiesta el Director de Casa Río, Alejandro Meitin, quien espera que esta situación, que se da a partir de los incendios, de lugar a la sanción de una ley. “Los humedales tienen una función básica en el sostenimiento de la homeóstasis planetaria. Allí se mantiene el sistema”, afirma.

Para él, el presente es un límite que cambia el balance. “No ha llovido en todo el invierno. Los desmontes, la expansión de la frontera agrícola, y la destrucción de ecosistemas hace que estemos en un estrés hídrico que favorece las secas y los incendios. Nosotros reaccionamos cuando hay humo, pero es mucho más profundo”, detalla el experto, al tiempo que señala que también es importante tener en cuenta que en esos ecosistemas producen corporaciones que amenazan nuestra soberanía territorial.

De acuerdo con Meitin, la ley más indicada debería tener en cuenta un uso respetuoso de los humedales, un fondo para estos ecosistemas, una participación ciudadana seria sobre procesos de participación genuina, tener en cuenta un inventario de los humedales e incluir una perspectiva de género.

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