El próximo domingo, el pueblo de Chile podrá votar en el plebiscito que decidirá la reforma de la Carta Magna y la modalidad del eventual proceso constituyente. Por Mariano Roca
A 31 años del histórico plebiscito celebrado en julio de 1989, que habilitó la reforma constitucional que permitió la transición del régimen del general Augusto Pinochet a la democracia, los chilenos vuelven a decidir en las urnas si dan paso a un nuevo proceso constituyente. La convocatoria es fruto del acuerdo alcanzado en noviembre del año pasado por las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria, con el objetivo de poner fin al estallido social que puso en jaque al gobierno chileno.
“Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulad por el presidente Sebastián Piñera, los partidos firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático”, dice el primer párrafo del “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución”, firmado el 15 de noviembre de 2019. Allí se decidió cuáles serían las dos preguntas que deberán responder los chilenos el próximo 25 de octubre. La fecha original del plebiscito era el 26 de abril, pero debió postergarse debido a la pandemia de COVID-19.
En la papeleta habrá dos preguntas. La primera de ellas se limitará a la “aceptación” o “rechazo” de una “nueva Constitución”. La segunda, que se activará solo en caso de imponerse la opción favorable a la reforma, será la siguiente: “¿Qué tipo de órgano deberá redactar la Constitución? Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional”. Mientras esta última opción implica la elección directa por voto popular de los 155 miembros, la convención mixta estaría compuesta por 172 integrantes, de los cuales 86 surgirían del voto popular y los otros 86 serían parlamentarios actualmente en funciones.
“El plebiscito constará de dos preguntas: una sobre la aprobación o rechazo de la reforma; y la otra sobre la conformación de la futura Convención Constitucional”
En el frente del “sí” a la reforma, el diputado Gabriel Boric, del bloque de izquierda Convergencia Social, defiende la “oportunidad” que tienen los chilenos de aprobar “una nueva Constitución democrática que reemplace la de 1980, impuesta en un plebiscito fraudulento durante la dictadura”. El joven parlamentario magallánico, de 34 años, considera que la actual Carta Magna “tiene un problema grave de legitimidad” y supone “un bloqueo institucional de la solidaridad entre chilenos” al “poner al derecho de propiedad por encima de los derechos sociales”. Su prioridad en el eventual proceso constituyente estará puesta en posibilitar la existencia de “un Estado garante de los derechos sociales y no subsidiario”. Entre los temas claves de la futura reforma, menciona la recuperación de los recursos naturales, la descentralización administrativa, el reconocimiento de los pueblos originarios, la explícita defensa de la educación y salud públicas.
En la vereda de enfrente, otro joven congresista, el diputado Diego Schalper, del partido de centro-derecha Renovación Nacional, busca “desmitificar la idea de que la nueva Constitución tenga la capacidad de resolver los problemas prácticos de la población”. El parlamentario, representante de Rancagua en el Congreso chileno, se pronuncia en contra de “una refundación revolucionaria, que consiste en creer que Chile tiene que sentirse avergonzado de las últimas dos décadas y, por ende, construir desde cero con una hoja en blanco”. Por otra parte, asegura: “La ruta de dos años de la nueva Constitución es incierta e inestable, y tendrá inevitablemente consecuencias nefastas en la economía, la inversión y el empleo, afectando especialmente a los sectores más vulnerables”.
“Mientras los defensores de la reforma hablan de la ilegitimidad de la actual Constitución, heredada de la dictadura de Pinochet; sus detractores rechazan la tesis de una ‘refundación’ del país a partir de una hoja en blanco”
Respecto de la modalidad del proceso constituyente, los defensores del “sí” se encuentran divididos. Por un lado, los socialistas, democristianos y el Partido por la Democracia (PPD) conformaron la Convergencia Progresista, que respalda la Convención Constitucional totalmente elegida por el voto popular. La misma opción es defendida por el Partido Comunista y el Frente Amplio que reúne a grupos de izquierda. En cambio, el partido del presidente Sebastián Piñera –Renovación Nacional– y sus aliados de la Unión Democrática Independiente (UDI) respaldan la Convención mixta. La otra fuerza del oficialismo, Evolución Política (Evópoli), dejó en “libertad de acción” a sus militantes, aunque sus principales dirigentes se inclinan por una Asamblea constituyente integrada por una combinación de constituyentes electos y parlamentarios.
Cualquiera sea la opción que se imponga en las urnas, siempre en caso de que triunfe el “sí” a la reforma, el órgano constituyente deberá estar integrado por la misma cantidad de hombres y mujeres (“paridad de género”), tal como lo decidió el Congreso en marzo pasado.
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