Mientras trabaja en el informe final sobre el corte generalizado ocurrido el año pasado, el ENRE formuló cargos contra Transener, 17 empresas generadoras y más de 300 distribuidores y grandes usuarios del mercado eléctrico. Por Mariano Roca
El 16 de junio de 2019, el tradicional festejo del Día del Padre nos encontró a oscuras. Apenas seis minutos pasadas las 7 de la mañana, un cortocircuito en la línea de extra alta tensión Colonia Elía-Mercedes provocó una sucesión de desajustes en el sistema que dejaron sin servicio a 50 millones de usuarios en la Argentina, Uruguay y zonas limítrofes de Paraguay y Brasil. El problema se produjo en el mecanismo de Desconexión Automático de Generación (DAG), tal como se conoce al sistema que permite controlar de manera inteligente la desconexión de una línea de transmisión mediante la desconexión automática de los generadores, lo que hace que el sistema se mantenga estable luego de la falla.
Desde la Secretaría de Energía señalaron que “no hubo actuación del DAG por falta de reprogramación” cuando se realizó un by pass o conexión provisoria entre las líneas Colonia Elía-Manuel Belgrano y Colonia Elía-Campana, que tenía por objeto mantener la capacidad de transporte del corredor Litoral. El by pass había sido instrumentado el 18 de abril, cuando salió de servicio la línea Colonia Elía-Campana por trabajos de mantenimiento. La obra consistía en el corrimiento de la estructura de la Torre 412, ubicada a la altura del kilómetro 114 de la ruta 12, que estaba siendo erosionada por la crecida del Paraná Guazú. Se completaría, finalmente, el 2 de julio, quince días después del apagón.
En un informe realizado a solicitud de la Secretaría de Energía, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos (IITREE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) indicó que frente a la desconexión imprevista de la línea que salió de servicio “no actuó una protección de la empresa transportista (Transener), que en esta circunstancia debía desconectar algunos generadores para evitar la desconexión de otras líneas”. La desconexión posterior de oras dos líneas produjo, tal como explicó el IITREE, “una perturbación mayor, que separó el sistema en dos partes”. “El Sistema Argentino de Interconexión (SADI) llegó al colapso en el término de 20 a 30 segundos”, completó ese instituto platense.
“La falla se debió a un problema técnico puntual y no a la falta de inversión y mantenimiento”, se encargó de comunicar a la prensa Transener, la empresa que tiene a su cargo la gestión del 85% del transporte eléctrico del país y de cuyo paquete accionario forman parte Pampa Energía –el grupo conducido por Marcelo Mindlin– y la estatal Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) –surgida de la fusión de ENARSA y EBISA–. La propia transportista aseguró que sus inversiones en el sistema se habían triplicado, pasando de un promedio anual de 376 millones de pesos entre 2002 y 2016 a 1202 millones entre 2017 y 2019.
“Transener atribuyó la falla a un problema técnico puntual y desmintió la falta de inversión y mantenimiento del sistema de transporte eléctrico”.
Por su parte, la Secretaría de Energía, en base al informe del IITREE, descargó la responsabilidad en los actores principales de los tres segmentos del sistema eléctrico: la transportista Transener por la no actuación del mecanismo de Desconexión Automático de Generación (DAG) en el NEA; algunas empresas generadoras, pues “no actuaron todos los dispositivos automáticos de desconexión de carga”; y, por último, las distribuidoras –último eslabón de la cadena que lleva la energía a los hogares– que tuvieron una “insuficiente actuación de alivio de carga”.
Mientras se está trabajando en el informe final, en este caso con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) acaba de informar que formuló cargos a Transener por 205,2 millones de pesos por “las indisponibilidades de su equipamiento registradas durante el mes de junio de 2019 (incluida la falla del 16 de junio)”; contra más de 300 distribuidoras y grandes usuarios del mercado eléctrico por un monto total de 105,8 millones de pesos; y contra 17 generadoras, que salieron de servicio antes de la consigna de desconexión del sistema o tuvieron un posterior arranque fallido o demorado. También se formularon cargos, aunque por montos muy inferiores, contra la Empresa Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y la transportista provincial rionegrina Transcomahue.
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