A seis años del estallido de las revueltas que provocaron la caída de los regímenes autoritarios, los países árabes del norte de África aún enfrentan el desafío de construir verdaderas democracias.

El 17 diciembre de 2010, la inmolación del joven vendedor ambulante tunesino Mohamed Bouazizi, quien falleció 18 días más tarde como consecuencia de las quemaduras, desencadenó un proceso impensado en el norte de África y el mundo árabe en general, donde los poderes establecidos parecían intocables. Uno a uno, como piezas de un dominó, los regímenes autoritarios fueron cayendo bajo la presión de las revueltas populares. Primero fue el turno de Zine El Abidine Ben Alí, quien había gobernado Túnez con mano de hierro desde noviembre de 1987, debió renunciar y exiliarse con su familia en Arabia Saudita. Luego se produjo la caí- da de Hosni Mubarak, al frente del gobierno egipcio desde octubre de 1981, quien dejó su cargo pero no abandonó el país y permaneció bajo prisión domiciliaria en un hospital militar de El Cairo durante los últimos cuatro años, hasta ser dejado en libertad en marzo pasado. Finalmente, una cruenta guerra civil desencadenó el caos en Libia y provocó la caída y el posterior ajusticiamiento, en circunstancias muy turbias, del líder libio Muamar Gadafi, protagonista central de la vida política del país desde septiembre de 1969.

“Estas revoluciones han clausurado el ciclo instaurado tras las independencias”, afirmaba el pensador francoargelino Sami Naïr en su libro ¿Por qué se rebelan? Revoluciones y contrarrevoluciones en el mundo árabe, publicado en 2013 por Clave Intelectual. “Se ha abierto un período de transición a la vez conflictiva e institucionalizada desde 2011, que define un nuevo ciclo centrado en la emergencia de la sociedad como actor principal de la dinámica política y cultural”, señalaba este lúcido intelectual que supo ocupar un escaño en el Parlamento Europeo entre 1999 y 2004. Sin pecar de ingenuo, Naïr admitía que la salida era “incierta” y que las sociedades se encontraban polarizadas entre “fuerzas democráticas, laicas, demográficamente minoritarias, pero cultural y económicamente poderosas” y “partidos políticos conservadores, portadores de una visión teocrática del mundo y de una concepción de la sociedad más comparable con aquella de los partidos fascistas de los años treinta en Europa que de las democracias cristianas modernas”.

TÚNEZ: UNA TRANSICIÓN RELATIVAMENTE EXITOSA

La chispa que encendió la Primavera Árabe se produjo en Túnez, un país de apenas 163.600 km2 y 11 millones de habitantes, gobernado por un régimen de partido único desde su independencia en 1956. “Los actores de la revolución –explica Sami Naïr– son básicamente los jóvenes, los parados, las capas rurales pobres y periurbanas, llegadas antes desde las regiones del sur del Sahel, las capas medias y, last but not least, sectores de capas dirigentes aplastadas por la corrupción instaurada por el clan del poder”. El autor alude, en esta última mención, al clan Ben Alí-Trabelsi, conformado por el derrocado presidente, su segunda esposa, Leïla Trabelsi, y su círculo familiar. El exmandatario y su mujer fueron condenados en ausencia a 35 años de prisión por un tribunal tunesino por los cargos de corrupción y malversación de fondos públicos; en tanto que sobre Ben Alí pesan también otras dos condenas a cadena perpetua por sendas cortes militares en procesos judiciales vinculadas con la represión de las revueltas de enero de 2011.

El proceso de transición tunesino parece haberse desarrollado en forma relativamente exitosa desde el punto de vista político, con una Constitución consensuada y aprobada en el seno de una asamblea multipartidista en enero de 2014, elecciones presidenciales libres a doble vuelta celebradas entre noviembre y diciembre de ese mismo año, y la conformación en agosto de 2016 de una amplia coalición de gobierno integrada por fuerzas laicas y el partido islamista Ennahda, que habían ejercido el poder democráticamente entre diciembre de 2011 y marzo de 2013. Tanto el actual jefe de Estado, Béji Caïd Essebsi, como el primer ministro, Youssef Chahed, pertenecen al partido liberal Nidaa Tounes, fundado un año después de la revuelta que puso fin al régimen de Ben Alí y que rescata la figura fundacional del padre de la independencia tunesina, el socialista laico Habib Bourguiba, quien gobernó el país entre 1956 y 1987.

“El mayor desafío que enfrenta Túnez es su frágil situación económica”, afirman los investigadores Frances G. Burwell, Amy Hawthorne, Karim Mezran y Elissa Miller, en un trabajo publicado en junio del año pasado por el Centro Rafik Hariri para el Medio Oriente, perteneciente al Atlantic Council. “Los shocks que se produjeron con posterioridad a la revolución y que incluyeron fuertes caídas en la inversión doméstica y extranjera, una desaceleración de la productividad del trabajo debido a las huelgas y a la inestabilidad política, y la recesión económica en Europa, principal socio comercial de Túnez, han golpeado fuertemente al país”, completan. Los autores advierten, asimismo, acerca del contexto de seguridad particularmente difícil que vive esta nación norafricana, con “una propaganda extremista que ha encontrado campo fértil entre los jóvenes desilusionados y entre los ciudadanos marginados”. Prueba de ello fueron los atentados de 2015 en el Museo Nacional del Bardo y en la localidad turística costera de Susa. Un factor adicional de inestabilidad es “la vecina Libia, sumida en una guerra civil, que ofrece un refugio seguro (safe haven) para el entrenamiento y las conspiraciones terroristas”, así como el tráfico de armas y la movilidad de individuos a través de su porosa frontera con Túnez.

EGIPTO: UNA SOCIEDAD BAJO LA TUTELA DEL EJÉRCITO

Mucho más turbulento fue el cambio de régimen en Egipto, país con una superficie superior al millón de kilómetros cuadrados y más de 90 millones de habitantes, que históricamente ha influido en el devenir político de sus vecinos y del mundo árabe en general.

Al igual que en Túnez, señala Naïr, la revolución que puso fin a las tres décadas del régimen de Mubarak fue “dirigida por jóvenes, personalidades políticas e intelectuales de primer plano, parados y asalariados del sector privado y del público”. Este fino conocedor de la realidad del mundo árabe no es inocente en su análisis: “Las fuerzas de la llamada sociedad civil pudieron movilizarse en el contexto de un estallido de contradicciones en la propia estructura interna del poder”. Se refiere, así, a la pérdida de solidez del proyecto familiar de Mubarak y al rechazo, dentro de las propias cúpulas militares, de la pretensión del entonces jefe de Estado de entronizar como futuro presidente a su hijo Gamal, quien a la postre, terminaría condenado en 2014 por un tribunal cairota a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos.

Lejos de la relativa calma que guió el proceso tunesino, en Egipto se vivió desde el primer momento de la transición un enfrentamiento irreconciliable entre las fuerzas laicas y los Hermanos Musulmanes, histórica organización islamista fundada en 1928 por Hassan al-Bana y reconvertida en actor político a partir de la fundación del Partido de la Libertad y la Justicia en febrero de 2011. Apenas dieciséis meses después de la caída de Mubarak, el primer presidente electo en comicios libres por el pueblo egipcio resultó ser un exponente de esta última fuerza, Mohamed Morsi, un ingeniero metalúrgico carente de experiencia política, que derrotó al último primer ministro del antiguo régimen, Ahmed Shafiq, en el balotaje. Morsi terminaría siendo derrocado en julio de 2013 por las Fuerzas Armadas y el nuevo hombre fuerte del país, el general Abdel Fatah al-Sisi, conseguiría en mayo de 2014 una dudosa legitimación democrática con su elección como nuevo mandatario en unos comicios en los que consiguió un inverosímil 97 % de los votos y en los que la tasa de participación apenas alcanzó el 47,5 %.

La primera Constitución post-Mubarak, aprobada por una asamblea dominada por las fuerzas islamistas y refrendada en diciembre de 2012, fue suspendida por el gobierno de facto instaurado en 2013. Una nueva Carta Magna de perfil laico, elaborada por una comisión designada por las Fuerzas Armadas, fue ratificada por el voto popular en enero de 2014, en un referendum en el que la tasa de participación fue del 38,6 %. El récord de Al-Sisi en materia de respeto de los derechos civiles deja mucho que desear, de acuerdo con el último reporte de Freedom House, “las libertades de expresión y de asociación se ven fuertemente restringidas por las autoridades”, situación que afecta a “activistas de todo el espectro político”.

Los medios de comunicación y las universidades también han sido víctimas de la censura y la represión, con una repercusión particularmente negativa en el exterior tras el brutal asesinato en febrero del año pasado del estudiante e investigador italiano Giulio Regeni, de 28 años, en circunstancias aún no aclaradas. Este homicidio derivó en el llamado a consultas del embajador italiano en El Cairo y en una durísima resolución del Parlamento Europeo en la que expresa su “profunda preocupación” por la violación de los derechos humanos en Egipto, la brutalidad policial, los arrestos masivos, el hostigamiento de las organizaciones de la sociedad civil y el uso sistemático de la tortura y los abusos en los lugares de detención.

LIBIA: UN ESTADO FALLIDO AL BORDE DE LA IMPLOSIÓN

Una situación totalmente distinta es la que ha vivido Libia —un país de 1,76 millones de kilómetros cuadrados y poco más de 6 millones de habitantes— desde el estallido de las primeras protestas contra el régimen de Gadafi en febrero de 2011. Tal como ilustra Sami Naïr en su libro, “el dictador libio era antes que nada un tirano” que destruyó todo vestigio de poder institucional e ideó un nuevo modelo de gobierno, la denominada Jamahiriya, un supuesto “Estado de masas en el que las decisiones eran tomadas por una asamblea con el acuerdo del caudillo”.

Sin embargo, señala el autor, la emergencia de una clase media moderna y la dilapidación de la renta petrolera fueron despertando “el tribalismo” y “las confrontaciones atenuadas, y después abiertas, entre los diferentes clanes en el seno mismo de la tribu dominante, la de los Gadafa, pero también entre los tres grandes ejes regionales y tribales, lo cual era mucho más inquietante: Cirenaica, centro y oeste del país”.

De hecho fue en el este de Libia, en la región de la Cirenaica con epicentro en su capital Benghazi, donde comenzaron las protestas contra el régimen. La posterior intervención militar de la OTAN, liderada por Gran Bretaña y Francia y que se prolongó desde marzo hasta octubre de 2011, dejó al país sumido en el caos y, lejos de pacificarlo, desencadenó una guerra civil entre facciones regionales, religiosas y políticas que continúa hasta el día de hoy. A priori, el único consenso que existiría entre todas ellas sería la necesidad de acabar con los grupos yihadistas, tal como habría quedado demostrado en diciembre del año pasado con la recuperación del control total sobre Sirte, ciudad natal de Gadafi que había caído en manos del Estado Islámico en febrero de 2015.

Ello no oculta, de todos modos, el prolongado conflicto interno que vive el país desde la caída de Gadafi y, aun más crudamente, desde mediados de 2014. El enfrentamiento entre las tropas del Congreso Nacional General instalado en Trípoli –de tinte islamista, sostenido por Turquía y Qatar— y sus antagonistas de la Cámara de Representantes con base en Tobruk (Cirenaica) –de perfil laico, apoyados por el gobierno egipcio y por los Emiratos Árabes Unidos– debió haber llegado a su fin en diciembre de 2015, con la firma del acuerdo de Sijrat (Marruecos) y la conformación de un Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) liderado por Fayez al-Sarraj, que se estableció en Trípoli en marzo del año pasado.

Lo cierto es que, incumpliendo lo allí firmado, el Parlamento de Tobruk negó en dos oportunidades —en enero y agosto de 2016— su voto de confianza al nuevo Ejecutivo y prefirió conservar su cuota de poder territorial respaldada por el poder de fuego del autoproclamado Ejército Nacional Libio (LNA) del general Khalifa Haftar, un exprotegido del Pentágono que hoy cuenta con inocultables simpatías en el Kremlin y se ha convertido en el verdadero hombre fuerte del este del país. De fondo existe también una innegable pugna por el control de la “medialuna petrolera”, en manos de Haftar desde septiembre del año pasado pero con milicias rivales siempre al acecho.

Así las cosas, las promesas de democracia, respeto de las libertades y una mejora de los niveles de vida de la población parecen haberse dado de bruces con la realidad. La Primavera Árabe ha pasado de largo y a juzgar por sus resultados, salvo honrosas excepciones, lejos ha quedado de satisfacer aquellos anhelos que expresaban las multitudinarias pro – testas callejeras de hace seis años, que pusieron en jaque a regímenes autocráticos que parecían eternos.