En la Cumbre Iberoamericana en Panamá, los mandatarios de la región respaldaron las iniciativas tendientes a promover el debate sobre las políticas de drogas “desde una perspectiva integral”.

A propuesta del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, los participantes de la Cumbre Iberoamericana saludaron “las iniciativas tendientes a promover un debate sobre la problemática mundial de las drogas que conduzca a lograr una efectiva lucha contra este flagelo desde una perspectiva integral, que contemple, entre otros aspectos, la salud pública y la prevención”.

¿UN CAMBIO DE PARADIGMA?

En los últimos cinco años han surgido, en el seno de la región, distintas iniciativas tendientes a promover un nuevo enfoque en la materia. En febrero de 2009, como co-presidentes de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, los ex mandatarios César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo invitaron a discutir un “nuevo paradigma” que incluyera, en sus líneas directrices, el tratamiento del consumo de drogas como una cuestión de salud pública; la reducción del consumo mediante acciones de información y prevención; y la focalización de de las estrategias represivas sobre el crimen organizado. “En cuanto al consumo, los principios adoptados dejan espacio para iniciativas de despenalización o descriminalización de los usuarios, aunque ellas continúen siendo ilegales”, opinaron.

La mencionada Comisión dejó abierta la posibilidad de “descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal”, al identificar esa droga como la más difundida en América Latina y citando un informe de la Beckley Foundation en el cual “se argumenta que la marihuana tiene efectos negativos sobre la salud –sea directos o indirectos– menores que el alcohol o el tabaco”. “La propuesta de descriminalizar la marihuana –aclararon– está asociada a políticas públicas de control e informaciones sobre su uso, como ocurre con otras drogas lícitas”. Uno de los casos citados como ejemplo es el de Holanda, que en 1976 despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de marihuana y su cultivo para uso personal, al tiempo que autorizó su venta bajo licencia en los denominados coffeeshops.

En 2012, por mandato de los jefes de Estados reunidos en la Cumbre de Cartagena de Indias, la OEA encargó a un grupo de expertos la elaboración de un informe sobre El Problema de las Drogas en las Américas, presentado en marzo de este año por el secretario general José Miguel Insulza. Allí se realizó un diagnóstico de la situación de las distintas sustancias psicoactivas y se advirtió que “la situación ilegal de las drogas es la principal causa de las sobredosis, tanto por la incertidumbre acerca de la pureza de lo que se compra como porque la ausencia de regulaciones alienta el uso de adulterantes que pueden por sí mismos provocar efectos peligrosos”. El trabajo asumió también que la opinión pública en la región ha comenzado a “alejarse, en forma gradual y desigual, de la fuerte oposición que antes existía a la legalización de las drogas” y ha advertido que “el consumo no problemático de cannabis requiere de políticas particulares al  tratarse de un caso especial que difiere en buena medida con los casos de drogas más peligrosas  como la cocaína, la metanfetamina o la heroína”.

Al ser consultado sobre las propuestas surgidas del citado informe, el secretario general Insulza consideró necesario “partir de la premisa de que se requiere un enfoque colectivo, porque cada país debería seguir haciendo represión respecto al narcotráfico”. Entendió conveniente salir del statu quo porque “a los narcotraficantes les conviene la ilegalidad” y se preocupó por diferenciar la legalización de la despenalización: “Legalización significa la decisión de no continuar controlando las drogas y permitir que circulen como cualquier otro producto. La despenalización implica que a determinados elementos dentro de la cadena no se los va a procesar criminalmente”. En ese sentido, opinó que “el consumo debe ser despenalizado en general” porque quien se encuentra en esa situación “no es un delincuente, sino un enfermo que debe ser tratado como tal”.

Sin embargo, el titular de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el belga Raymond Yans, alertó sobre las propuestas de despenalización del consumo de marihuana porque, según indicó, no se trata de una “droga inocente”. En ese sentido, puntualizó que la nueva regulación propuesta por Uruguay “prevé la venta para adultos”, con lo cual “el mercado negro seguirá funcionando porque ese es el principal target de los grupos criminales que siguen vendiendo drogas; buscan nuevos clientes y todos sabemos que la población entre los 15 y 18 años está muy abierta a nuevos descubrimientos y seguirá intentando conseguir cannabis”. “Las mafias continuarán estando allí, el crimen organizado seguirá desarrollándose aún con más fuerza para intentar convencer a los jóvenes de que prueben el cannabis, porque no quedarán otros clientes, ya que los adultos estarán habilitados para conseguir marihuana en los locales del Estado”, concluyó Yans.