El Programa Nacional de Coordinación para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo estará a cargo del abogado Juan Félix Marteau, titular de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (FININT). Estará en la órbita del Ministerio de Justicia.

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El área “tendrá por misión reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en atención a los riesgos concretos que puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales de mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por las convenciones de las Naciones Unidas y los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”.

La creación del Programa fue dispuesta mediante el decreto 360/2016, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; y su par de Seguridad, Patricia Bullrich.

En ese marco, se detalló que una de sus funciones será “coordinar los esfuerzos para el desarrollo de políticas públicas de los distintos organismos del sector público y personas o entidades del sector privado que tienen responsabilidades en materia de prevención, detección y represión del lavado de activos y la financiación del terrorismo y la proliferación, con el objetivo de promover el funcionamiento de un sistema nacional efectivo”.

También, “realizar, a través de un abordaje multidisciplinario, los análisis interinstitucionales necesarios para identificar y comprender los riesgos que provienen de actividades criminales graves como el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas, el tráfico y la trata de personas, el contrabando, el terrorismo y la proliferación, entre otras, a efectos de entender las modalidades e impacto de los delitos financieros vinculados”.

Asimismo, los responsables del Programa deberán “diseñar, coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de la estrategia nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo basada en los riesgos identificados, teniendo particularmente en cuenta los distintos programas que desarrollan las instituciones del Estado Nacional en esta materia”.

Otro de los objetivos planteados es el de “confeccionar, en colaboración con la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, proyectos de reformas legislativas a efectos de mejorar la efectividad del sistema nacional anti lavado y contra la financiación del terrorismo”.

Además, la nueva área deberá “producir indicadores que faciliten la revisión periódica de la efectividad del sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo”.

Por otra parte, tendrá que “implementar prácticas de capacitación y concientización sobre la materia para organismos del sector público y entidades o personas del sector privado”, “fomentar la conformación de acuerdos intersectoriales que tengan por objetivo identificar activos o bienes vinculados al crimen organizado y el terrorismo” y “proyectar un sistema de recuperación y administración de activos ilícitos”.

Las funciones del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo “serán ejercidas por un coordinador nacional, quien deberá tener un reconocido prestigio en la materia”.

En la resolución conocida hoy se deroga el decreto N° 1642 del 13 de octubre de 2011, mediante el cual se creó el Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

En tanto, se sustituye el artículo 3° del decreto N° 1936/10 referido a las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y se establece que desde ahora “oficiará de coordinador en materia operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera.”

Fuente: Télam