Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia se han convertido, en los últimos tiempos, en un dolor de cabeza para la Unión Europea debido a su línea dura en materia migratoria y a su oposición al sistema de cuotas para acoger a los refugiados que llegan al Viejo Continente.


En enero de 2003, el entonces titular del Pentágono, Donald Rumsfeld, brindó una conferencia de prensa en las que cargó contra la “vieja Europa”, liderada por Francia y Alemania, y se refirió a una supuesta “nueva Europa”, conformada por un conjunto de antiguos miembros del Pacto de Varsovia que se incorporaron a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tras la caída del Muro de Berlín. En aquel momento, la línea de fractura era el rechazo de París y Berlín y el respaldo de los nuevos socios de la antigua Europa oriental a la operación militar de EE. UU. en Irak, que no contaba con el visto bueno de Naciones Unidas.

Quince años más tarde, en otro contexto geopolítico, cuatro países centroeuropeos son nuevamente el foco de atención al hacer sentir su disidencia en el debate migratorio en el seno de la Unión Europea (UE), alineándose en contra de las posiciones asumidas por el presidente francés Emmanuel Macron y por la canciller alemana Angela Merkel. Se trata de los miembros del denominado “Grupo Visegrado”, fundado en febrero de 1991 por los líderes de las nacientes democracias húngara, polaca y checoslovaca, que acababan de liberarse del yugo soviético y que, tras la caída de la “cortina de hierro”, buscaban su reinserción en la familia europea y la integración al sistema de defensa colectivo de la OTAN. Los firmantes fueron el presidente polaco, Lech Walesa, su par checoslovaco, Václav Havel, y el primer ministro húngaro, József Antall. En 1993, con la disolución de Checoslovaquia, pasaron a ocupar su lugar en esta organización la República Checa y su vecina Eslovaquia.

Cierre de fronteras y agenda de seguridad

Hoy ese cuarteto se ha convertido en el principal obstáculo para la continuidad de la política de fronteras abiertas de la UE y de ayuda humanitaria a los refugiados que se lanzan al Mediterráneo en busca de un mejor futuro. “Los países de la Unión Europea deberían procurar establecer un sistema de asilo que considere las reales necesidades y capacidades de nuestras sociedades y el compromiso con nuestra soberanía nacional”, afirmaron, en una declaración conjunta, los ministros del Interior del Grupo Visegrado reunidos el pasado 26 de junio en Budapest.

“Creemos que es necesario desarrollar mecanismos que permitan detener los flujos de emigración, promover la protección de los migrantes en sus regiones de origen y salvaguardar terceros países, a fin de favorecer de ese modo el desarrollo sostenible y la protección de la seguridad de Europa”, añadieron los representantes del Grupo, también conocido como “V4”. A ese coro de voces se ha unido, en los últimos meses, el gobierno austríaco, conducido por el democristiano Sebastian Kurz, en coalición con el Partido de la Libertad, una formación euroescéptica conducida por el actual viceprimer ministro, Heinz-Christian Strache.

“La política migratoria de la UE ha fracasado estruendosamente”, ha manifestado en reiteradas ocasiones el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, líder del partido de centroderecha Fidesz, que se hizo con las riendas del poder tras su aplastante triunfo en las elecciones de 2010, y que consiguió revalidar en 2014 y en 2018. “Debemos defender nuestras fronteras exteriores; esa es la precondición para garantizar la libre movilidad en el interior de la UE”, aseguró el jefe de gobierno magiar durante una reciente conferencia en Budapest, al tiempo que se mostró dispuesto a prestar “asistencia para transportar a los migrantes de nuevo a su hogar”. “Deberíamos exportar ayuda, en lugar de importar problemas”, concluyó.

Valores comunes y raíces cristianas

Otro de los grandes ejes en torno a los cuales se ha venido manifestando el Grupo Visegrado es la defensa de las raíces cristianas del Viejo Continente. “Mientras nos defendemos de las corrientes migratorias, nosotros tenemos una fuerte identidad cultural a la que no estamos dispuestos a renunciar”, reafirmó el jefe de gobierno húngaro en una reciente entrevista con la televisión eslovaca. En el mismo sentido, su colega polaco Mateusz Morawiecki, miembro del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), ha manifestado que su sueño es “volver a cristianizar la Unión Europea” y ha reiterado la oposición de su gobierno a recibir inmigrantes procedentes del Medio Oriente y del norte de África.

En la misma dirección, se ha expresado el jefe del gobierno checo, Andrej Babiš, quien asumió el cargo en diciembre del año pasado luego de haber conseguido un sorpresivo triunfo en las elecciones parlamentarias. Bautizado por los medios de prensa como el “Donald Trump checo”, este multimillonario empresario de la industria agroquímica se ha pronunciado en contra del “modelo de sociedad multicultural”. Del mismo modo, el expresidente y líder del primer gobierno postcomunista checo, Václav Klaus, no ha dudado en afirmar que “el fenómeno migratorio apunta a destruir la cultura y la civilización europea”.

El otro integrante de este coro de voces críticas hacia las políticas migratorias de la UE es el gobierno eslovaco, que acaba de asumir la presidencia del Grupo Visegrado. En una reciente entrevista, el primer ministro, Peter Pellegrini, expresó: “No podemos tolerar una situación a la que nos ha llevado el fracaso de algunos países, que no han conseguido poner orden en su propia casa y han hecho que nuestras fronteras tengan más agujeros que un queso emmental. Nosotros no podemos aceptar la llegada y el libre movimiento dentro de la Unión Europea de cientos de miles de personas de las que no sabemos prácticamente nada. La posición del V-4 (Grupo Visegrado) no ha cambiado. Estoy contento de que algunos países de Europa Occidental empiecen a compartir nuestro punto de vista”.

Refugiados: Visegrado versus Bruselas

En mayo de 2015, en el marco de la denominada “Agenda Europea de Migración”, la Comisión Europea –presidida por el luxemburgués Jean-Claude Juncker– lanzó una serie de medidas de “respuesta rápida” al drama humanitario que vivían los países de la cuenca del Mediterráneo, especialmente Grecia e Italia. Además de reforzar las operaciones Tritón y Poseidón, conducidas por la agencia europea Frontex, y de comprometerse a intensificar las acciones contra las redes delictivas de traficantes, se planteó un ambicioso programa de “reubicación” y “reasentamiento” de refugiados. El reparto, manifestaba la Comisión, estaría basado en “criterios objetivos, verificables y cuantificables” y tendría en cuenta “la capacidad de los Estados miembros para absorber e integrar a los refugiados”. Los criterios considerados incluían el tamaño de la población de cada país, el PBI, el número medio de solicitudes en el período 2010-2014 y la tasa de desempleo. El programa fue aprobado cuatro meses más tarde y debía conducir a la redistribución de un total de 120.000 refugiados.

¿Cuál fue la posición del Grupo Visegrado? Los gobiernos de Hungría, la República Checa y Eslovaquia votaron en contra de esa medida, en tanto que la anterior administración polaca de Eva Kopacz –que había aprobado la medida– fue derrotada en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2015 por el PiS, que centró su campaña en la oposición a la acogida de los refugiados y en la defensa de la identidad nacional polaca. En una declaración conjunta, formulada en Praga en junio de 2016, los primeros ministros del bloque manifestaron su oposición al sistema de cuotas que, además de “no funcionar en los hechos”, corría el riesgo de convertirse en un “factor de estímulo” a la llegada de los refugiados y de ulterior división entre los Estados miembros de la UE.

La situación no se limitó a una simple cuestión retórica, sino que se tradujo, en el caso de Hungría, en el cierre de su frontera meridional con Serbia, Croacia
y Eslovenia para evitar el ingreso de refugiados procedentes de Grecia que se aventuraban por la “ruta de los Balcanes”. Posteriormente, el rechazo a las cuotas de refugiados, decretadas por la UE, dio paso a una acción legal, impulsada tanto por Hungría como por su vecina Eslovaquia, ante la Corte Europea de Justicia, que desestimó esos reclamos en septiembre de 2017.

¿El fin de la democracia liberal?

Al asumir un nuevo mandato al frente del gobierno húngaro, en mayo pasado, el primer ministro, Viktor Orbán, realizó una polémica afirmación: “La democracia liberal ya no es capaz de proteger la dignidad de nuestro pueblo, y tampoco garantiza su libertad, su seguridad física ni su cultura cristiana”. En tono apocalíptico, el premier magiar añadió: “Estoy convencido de que la afluencia de inmigrantes conducirá a la desintegración de las naciones y de los Estados, al debilitar los idiomas nacionales, hacer que sus fronteras se vuelvan difusas y que las culturas nacionales se disuelvan en una única sociedad abierta”. Y sentenció: “Ese es el destino que les espera a aquellos que no consigan defenderse de la inmigración; tal vez, eso no ocurra mañana, pero sucederá en un futuro cercano”.

En la introducción a un estudio sobre la situación del Grupo Visegrado y su impacto sobre el futuro de la Unión Europea (UE), publicado en 2017 por el Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona (CIDOB) y la Fundación Friedrich Ebert (FES), los investigadores Pol Morillas y Kiera Hepford advierten: “En un momento en el que los europeos somos testigos del ascenso de movimientos nacionalistas que socavan la lógica de una unión aún más estrecha, y con el Brexit avecinándose, la reconciliación entre Bruselas y el V4 –Grupo Visegrado– se convierte en un prerrequisito para la resolución de la actual crisis dentro de la UE”.

En los últimos meses, la llegada al poder de partidos euroescépticos y cuestionadores del statu quo en Italia y las dificultades que enfrenta la gran coalición alemana liderada por Angela Merkel, debido a las posiciones populistas de sus socios bávaros de la Unión Social Cristiana (CSU), parecen haber reforzado la postura del Grupo Visegrado en el seno de la UE, lo que arroja cada vez más dudas sobre el futuro de la Europa abierta y solidaria con la que soñaban sus padres fundadores allá por 1957.