Frente a las dificultades económicas y la escasez de recursos, el público no especializado puede hacerse una pregunta obvia: ¿para qué sirve tener Fuerzas Armadas? Con una mirada profunda y en base a la experiencia y a la amplia literatura existente sobre la materia, Horacio Sánchez Mariño nos brinda algunas razones para entender su rol en nuestra sociedad.

Primera razón: Sin defensa se debilita la estatalidad

Ninguna comunidad puede prescindir de un orden político y ningún orden político puede dejar de cumplir algunas funciones básicas. El Estado, producto histórico de la Época Moderna, es la organización que ha llevado adelante estas tareas. Desde la definición clásica de Max Weber hasta las concepciones liberales de un Estado ultra mínimo aceptan como imprescindible la existencia de una “agencia de protección dominante”. La Defensa es una de las razones de la existencia del Estado y es también una de las funciones que no se puede privatizar. Con la globalización, el Estado ha perdido capacidades, sus características han cambiado, pero no su razón de ser. Las funciones pueden ampliarse u opinarse, pero el Estado debe hacer funcionar al menos un sistema administrativo burocrático, un sistema de representación en el exterior, un sistema jurídico y un sistema de defensa.

Con respecto a esta última función, en nuestra época la estatalidad es una condición variable, hay Estados sólidos donde las funciones se cumplen fluidamente y otros que luchan por fortalecerse. También están los Estados que se han debilitado tanto que abandonaron sus funciones primordiales. Estos coinciden con los escenarios de guerra contemporánea. Un Estado que abandona sus responsabilidades se expone a que las desarrollen otros agentes, los señores de la guerra, los narcotraficantes, las organizaciones criminales o simplemente entidades sociales que asumen tareas que nadie cumple.

El mapa de los conflictos actuales muestra la relación entre la estatalidad débil y el estallido de la violencia, cuya máxima expresión es la guerra. La naturaleza cambiante de la estatalidad depende del nivel de las instituciones y la cultura de cada país, donde presentan mejores situaciones aquellos donde el Estado cumple mejor sus funciones esenciales. Entre estas, la única que no puede dejarse en manos mercenarias es la Defensa; invertir en ella contribuye a mantener al Estado como la agencia que monopoliza el poder, condición sine qua non para su existencia.

Segunda razón: La Defensa favorece el desarrollo

Al final de la Segunda Guerra Mundial se comprobó que el gasto en Defensa había estimulado el crecimiento económico. EE. UU. salió definitivamente de la crisis iniciada en 1929 y su PBI equivalía al cincuenta por ciento de producto mundial. A partir de aquel dato resulta interesante observar la relación entre el gasto en Defensa y el crecimiento económico en países desarrollados. También, si la inversión en Investigación y Desarrollo (I + D) en temas de Defensa produce algún tipo de beneficios para la sociedad civil. Estos análisis pueden hallarse en los ambientes académicos de aquellos países, donde se discute sobre la necesidad de contar con una función Defensa en un Estado moderno.

Cabe destacar los trabajos de Keith Hartley, profesor emérito de la Universidad de York, cuya obra incluye investigaciones sobre alianzas militares, el costo del poder aéreo y naval británico y el costo de las guerras. Se pregunta por los efectos adversos, si se refieren, entre otras cosas, al crecimiento, a la inversión de capital, al número de científicos e ingenieros (capital humano) y a la pérdida de competitividad. Hartleyjk observa que en 1987 muchos científicos, técnicos e ingenieros se empleaban en la investigación de temas de defensa, en vez de aplicarse a trabajos de la industria civil, pero concluye que el gasto en Defensa trajo beneficios. Entre estos, menciona los efectos estimulantes en la economía, especialmente durante épocas recesivas. También sostiene que la Defensa provee tecnología que puede aplicarse en emprendimientos muy diversos, el efecto serendipity (entre ellos se destaca la Internet, una red militar que terminó convirtiéndose en un universo nuevo en comunicaciones). Dice también que en países no desarrollados, el gasto de Defensa puede promover el crecimiento si algunos recursos son utilizados para crear infraestructura, como pueden ser caminos, puentes o aeropuertos. O desarrollando capital humano, como sería el caso de las Fuerzas Armadas que proveen comida, entrenamiento y disciplina a los jóvenes incorporados.

En nuestro país resultarían pertinentes trabajos referidos a esta temática. Al respecto, Hartley, junto a un equipo integrado por el Derek Braddon, y Ben Warner, analizan la competitividad en la industria aeroespacial. Proveen una estadística de series en tiempo, de tendencias de indicadores de competitividad internacional de compañías civiles en EE. UU. y en Gran Bretaña, comparándola con compañías de industria aeronáutica militar. La profusión de datos y cuadros es abrumadora para este ya abusivo artículo, pero sirve para dejar claro que la industria aeronáutica proporciona ganancias substanciales, facilita la creación de empleo y promociona la educación y calificación de los empleados y directivos.

Argentina puede liderar este segmento si se lo propone, como ya lo hizo en el pasado y como hoy lo hace Brasil. Hartley cree que la aplicación de la teoría económica a la Defensa es una nueva sección de la ciencia económica. Las definiciones propuestas pueden aceptarse ser rechazadas de plano, pero en esa industria sólo un manejo científico permitirá avanzar. Esto se aplica tanto a los desarrollos tecnológicos, como al management de la Defensa.

Tercera razón: Sin Defensa no hay soberanía, ni libertad, ni autodeterminación

La relación entre la Defensa y estos conceptos, que pueden sonar anacrónicos, fue ampliamente sostenida en la Ley de Defensa de nuestro país, un raro instituto dictado por unanimidad el 13 de abril de 1988, luego de tres años de labor parlamentaria. Allí se especifica que la finalidad de la Defensa es “garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y la capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes”. Los legisladores describieron así la función del sistema de Defensa en un país que considera estos valores esenciales como verdades autoevidentes. Hoy es cierto que la autodeterminación está mediada por el sistema internacional y por el fenómeno de la globalización; y que el Estado debe luchar contra buitres y tiburones para mantener su libertad de acción, asociándose con aliados confiables y apoyándose en el derecho internacional. Debe ser eficiente y competitivo para sobrevivir en el tsunami de la globalización, relacionándose positivamente con las potencias que tienen el mayor poder de hacernos daño. Como países democráticos, nuestras alianzas deben afianzarse a partir de los valores de la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, evitando los cantos de sirena.

El sistema de defensa puede impulsar la presencia del Estado en los vacíos geopolíticos mediante un despliegue territorial diseñado para integrar las áreas postergadas con aquellas de mayor desarrollo relativo. La Defensa puede apoyar las políticas de inclusión territorial, especialmente de aquellas zonas que corren peligro de caer en manos del narcotráfico y el crimen organizado. La historia argentina es rica en ejemplos de estos despliegues que lograron la incorporación de grandes extensiones vacías al campo productivo. Del mismo modo, el sistema de defensa puede insertar su plan industrial para la Defensa dentro del esquema general del país. En esta área se ha probado que es posible desarrollar la energía, el acero, la aeronáutica, junto a las armas y municiones de los arsenales. Defensa y desarrollo son dos caras de la misma moneda.

Nuestro país ocupa un espacio inmenso, del tamaño de un subcontinente, en parte inexplorado, riquísimo y abierto a los depredadores. Si queremos hacernos responsables de lo que recibimos, el Estado debe ejercer el control del mar, el control aeroespacial y ejercer soberanía en los espacios vacíos. Debe proteger el ciberespacio de los peligros que acechan, y todo sin esperar ayuda, porque justamente, las prestaciones que requieren tecnología no son bienes que se regalen.

En Argentina hemos avanzado mucho en materia jurídica, institucional y doctrinaria en el campo militar. Es hora de ocuparse del hardware, de la conformación de un sistema de defensa que garantice la soberanía e independencia del país, la integración política dentro del Mercosur y la Unasur, con una capacidad operacional suficiente para cumplir las misiones asignadas. Al respecto, para ingresar al próximo argumento, una de las misiones concretas del sistema de defensa es su empleo en catástrofes naturales.

Cuarta Razón: La Defensa favorece el manejo de las tareas de emergencia

Los efectos de un huracán, como del tsunami del océano Índico o del terremoto de Haití en 2010 evidenciaron que los territorios afectados no tenían ninguna posibilidad de proporcionar apoyo a los lugareños, básicamente porque el Estado entró en colapso inmediatamente. Tanto en el Índico como en Haití, la ayuda llegó en los portaaviones estadounidenses, que arribaron a la zona pocos días después, con Fuerzas de Tareas capacitadas para ofrecer ayuda sanitaria, agua, abrigo y comida. Estas circunstancias obligan a reflexionar sobre la importancia que reviste para el Estado nacional desarrollar la preparación para afrontar desastres naturales que, más allá de previsiones estadísticas, es sabido que tarde o temprano ocurrirán.

La Argentina sufrió alguna vez un terremoto devastador en San Juan, que destruyó gran parte de la ciudad y conmocionó al país. En la actualidad, de manera corriente, se producen fenómenos destructivos que, si bien no alcanzan las magnitudes de los cataclismos mencionados, producen graves crisis sociales en los territorios afectados. Entre estos, la erupción del volcán Puyehue paralizó casi un año toda actividad en la región patagónica. Otros fenómenos naturales asestan golpes fulminantes e inesperados sobre poblaciones poco preparadas, como inundaciones, nevadas o desbordes de ríos. Estas situaciones entrañan también inequidad, porque está probado que los sectores más acomodados cuentan con mayores recursos para sobrellevar este tipo de situaciones, mientras que los sectores más pobres las sufren de manera dramática.

El sistema de defensa cuenta con organizaciones preparadas para responder a las crisis; existen órganos de dirección y control permanentes, cuyos elementos operacionales están entrenados e instruidos para constituir equipos ad hoc de forma casi instantánea. Sus centros de comando y control pueden manejar una crisis en tiempo real: comunicaciones de amplio espectro, posicionamiento territorial en todo el país, conducción centralizada desde el más alto nivel político, personal capacitado y motivado en el servicio de la sociedad, funcionamiento estandarizado, son algunas de las características que los convierten en un instrumento apto. Se suma la experiencia, ya que desde hace décadas cumplen con estas misiones de manera silenciosa. Esta capacidad incluye la coordinación e integración con otros ministerios en el más alto nivel y los gobiernos provinciales y municipales. Se suma la sinergia obtenida con las agencias de Defensa Civil provinciales y municipales. Los desastres naturales, tarde o temprano, llegarán. Esto exige mejorar la inversión en material y entrenamiento para optimizar el desarrollo de las tareas. El Estado puede crear una organización ad hoc que cumpla estas funciones; las organizaciones de Defensa Civil, siempre en estado larval, pueden agigantarse, pero el gasto que insumiría nos convence rápidamente sobre la conveniencia de mantenerlo dentro del sistema de defensa. Invertir en este rubro es conveniente, permite ahorrar recursos y favorece directamente a los más débiles de la sociedad argentina.