La policía de Colombia en un operativo de erradicación de cultivos de coca. Foto: Gentileza Policía Nacional de Colombia.

El incremento del 45 % en la superficie sembrada de hoja de coca en los últimos cuatro años ha puesto en guardia al nuevo gobierno de Iván Duque, que defiende la necesidad de una estrategia “efectiva” de reducción de los cultivos ilícitos.


El área sembrada de hoja de coca en Colombia alcanzó una cifra récord: 171.000 hectáreas, al 31 de diciembre de 2017, según el monitoreo de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). El incremento ha sido constante en los últimos cuatro años, desde las 48.000 hectáreas de 2013, y se ha dado, tal como observa la ONUDD, “en el marco de las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC y en una transición en la estrategia de lucha contra los cultivos de coca”.

La agencia de la ONU especifica que el 34 % de los cultivos identificados en este último reporte está en zonas que en 2014 estaban catalogadas como “boscosas”, en tanto que otro 33 % se ubica en zonas aisladas, a más de 10 km de cualquier centro poblado. El informe también indica que el rendimiento de hoja de coca fresca creció en los últimos dos años, lo que ha hecho que la producción potencial de cocaína se haya incrementado en un 31 %, pasando de 1053 toneladas en 2016 a 1379 toneladas en 2017.

Bo Mathiasen, representante de ONUDD en Colombia. Foto: ONUDD.

“En 2017 las incautaciones de cocaína aumentaron un 20 %, se optimizó la intervención sobre los complejos de transformación, la erradicación forzosa casi se triplicó y se lograron los primeros acuerdos de erradicación voluntaria”, reconoce el informe de la ONUDD. Allí se detalla que los cultivos bajaron un 11 % en aquellas zonas en las que se desarrollaron acciones de control de cultivos de coca, aunque esta intervención solo se logró en el 14 % del territorio afectado.

También se desatacan los buenos resultados del Sistema Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (SNISC), adoptado en el contexto de los acuerdos con la FARC y que pasó de involucrar a 54.027 familias en 2017 a 77.659 familias en 2018. “La transformación de los territorios sigue siendo el camino más claro para lograr la paz y el desarrollo en las zonas afectadas por los cultivos de coca”, advierte la ONUDD, que pide al gobierno colombiano estudiar “alternativas que incorporen instrumentos de conservación y que contribuyan a la estabilización de la intervención sobre los bosques y a la reducción de la deforestación”.

El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, reconoció que los números son elocuentes y se comprometió a presentar, en los próximos días, una “política integral” que incluye el fortalecimiento de las capacidades de interdicción aérea, marítima y terrestre, así como la completa desarticulación de las redes de suministro tanto de precursores químicos como de insumos, y un avance en la estrategia de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. En este último punto, aclaró que su gobierno continuará con la política de “erradicación voluntaria”, pero también “seguirá adelante con la obligatoriedad, de la mano con el desarrollo alternativo y la inversión social del Estado”.