La desfinanciación y el incumplimiento de la “Ley Jaunarena” han llevado las FF. AA. a una situación crítica. Es imperioso revertir esta situación para el bien de todos los argentinos. Escribe Gustavo Jorge Luis Motta / Especial para DEFonline

La inmensa mayoría de los países posee FF. AA. Es decir, cada Estado estructura y sostiene, de acuerdo a su marco jurídico, instituciones militares para que cumplan con misiones vinculadas a la salvaguarda de sus intereses vitales. La defensa y la seguridad contribuyen al desarrollo y al bienestar de los habitantes de un país. Es un bien público ligado a su supervivencia.

La estrategia general de un Estado se plasma en políticas orientadas al interés público. Deben ser eficientes, estables, coherentes a los fines que buscan y de concreta aplicación. Es decir, deben recibir los recursos necesarios para su ejecución.

El gran desafío es alcanzar un justo equilibrio en la distribución de recursos limitados para satisfacer las necesidades actuales, definir prioridades y formular los requerimientos futuros. Así, las políticas públicas se convertirán en programas de acción directa.

La defensa nacional “no se justifica en la existencia real o potencial de amenazas a la seguridad del Estado, sino por la propia existencia del Estado mismo”, tal como señala Evergisto de Vergara.  Es un “intangible” a resguardar entre todos, con responsabilidad ciudadana. Para ello, es necesario comprender que aquello que se adjudica en el presupuesto a Defensa no es un gasto sino que constituye una inversión.

Por esta razón, la asignación paulatina de un presupuesto mínimamente adecuado para la Defensa Nacional logrará a mediano plazo un valor agregado concreto: cuidar mejor a nuestras familias, nuestro suelo y nuestros intereses.

¿Qué es lo que ocurre cuando no se asignan recursos presupuestarios en forma continua a un área del estado? Simplemente, esa área no estará financiada  durante un ejercicio fiscal y, probablemente, deba postergar la realización de una actividad o programa para el año siguiente. Si la desfinanciación se prolongara durante años, el capital físico y los intangibles de esa organización se deteriorarán. Cada año que se agregue a la postergación en la asignación de fondos irá generando un efecto irreversible extremadamente perjudicial, porque genera riesgos importantes.

Estos riesgos tendrán dos vertientes. Una de ellas es la producida por el desgaste y fatiga del material existente y la ausencia de renovación; y la otra implica el no disponer de capacidades operativas mínimas ante cualquier contingencia o crisis. Este es el caso de las fuerzas de la defensa nacional. Si bien poseen un capital en equipamiento muy importante, es anticuado y no se ha renovado. Por ejemplo, en el Ejército el promedio de antigüedad de sus arsenales ronda en los 35 y los 45 años. La Flota de Mar se encuentra desfasada  en sus sistemas de armas y, por su parte, la Fuerza Aérea tiene serios problemas de equipamiento y mantenimiento.

Los ingentes esfuerzos, realizados hoy y desde hace mucho tiempo por  jefes  civiles y militares para mantener el equipamiento existente y efectuar algún salto cualitativo hacia la modernización, no han podido compensar la ausencia de una continua inversión, que viene desde hace muchísimos años.

Las consecuencias están a la vista. La primera es que nuestro país ha asumido un mayor riesgo estratégico. La segunda es que el costo para revertir esta situación es cada año mayor, llegando a un punto de no retorno. La tercera es que existe una afectación sobre el capital humano y las organizaciones, que deberían ser lo último a resguardar.

La creciente complejidad de los escenarios del mundo actual genera nuevas exigencias a nivel local y requieren mantener y desarrollar capacidades operativas inéditas. Las instituciones militares son muy específicas; no hay otras, en el marco del estado de derecho, que cumplan funciones de defensa. Estas tienen el inconveniente de que no se pueden adquirir instantáneamente, aunque se disponga de los recursos económicos necesarios en una etapa determinada. Se necesita mucho tiempo, medios y un capital humano con capacidades individuales y colectivas sólidas, en el marco de una formación en valores ciudadanos y sanmartinianos. Debemos ser conscientes de que las FF.AA. requieren de una inversión previa porque las imprevisiones en el área se pagan muy caro.

Las estructuras militares se han visto reducidas y optimizadas continuamente desde hace más de 30 años. Algunas capacidades  críticas  están  a  punto  de  desaparecer o ya han  desaparecido.  Se ha perdido el know-how en áreas de suma importancia para la seguridad del Estado. Lo que ocurre con la defensa nacional es como la “fábula de la rana hervida”: si se la pone en agua hirviendo, esta saltará; sin embargo, si se la pone en agua fría, se irá calentando de a poco y, lamentablemente, morirá sin darse cuenta.

Por esta razón, posponer indefinidamente inversiones mínimas aceptables en el área no es aconsejable. Si bien se puede mejorar la calidad del gasto y optimizar áreas y procesos, hacer más tareas con menos recursos y con los mismos materiales pareciera ser un camino agotado. Por esta razón, una asignación extraordinaria, plurianual y limitada para el área defensa es necesaria, aun cuando el momento político podría indicar lo contrario.

Pareciera poco propicio “vender” el intangible de la Defensa Nacional en las actuales circunstancias. Sin embargo, es menester hacerlo para crear conciencia, evitar comportamientos erráticos e ideológicos y atender la problemática actual del área.

La llamada “Ley Jaunarena” (Ley de Reestructuración de las FF.AA.) fue sancionada por el Congreso de la Nación en marzo de 1998. Constituyó un avance concreto en varios aspectos de la Defensa. De sólida redacción, preveía la asignación de recursos presupuestarios extraordinarios y plurianuales para la función Defensa, independientemente de la disponibilidad de los “recursos con afectación específica según la ley de presupuesto”, con lo cual se aseguraba el funcionamiento operativo, la capacitación y el adiestramiento. Lamentablemente, al no haber sido aplicada, nos encontremos hoy, veinte años después, en una situación aún más compleja.

¿No será momento de revertir esta situación para el bien de todos los argentinos, de modo de no repetir viejos errores?

El autor de esta columna es General de División (R) del Ejército Argentino.